El gobierno de Carles Puigdemont presentará el próximo 4 de julio las supuestas garantías democráticas y jurídicas del referéndum que convocará para más adelante en fecha incierta. Cuatro días después, Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau, anunciará su posición respecto de esta iniciativa independentista, sobre la que mantiene una distancia prudencial hasta el momento, alegando la falta de elementos jurídicos y de capacidad de vinculación del resultado. La participación de este partido es crucial para la convocatoria dado que aportaría probablemente el número suficiente de votos negativos para ofrecer cierta credibilidad a la misma.

Mientras no llegan estas fechas, el protagonismo recae en los secretarios municipales, tanto por su papel electoral como por la relevancia de sus posibles informes jurídicos respecto de un referéndum sin ley a la que acogerse. Cierto que seguramente el Parlament va a aprobar una ley para dar cobertura a la convocatoria, tan cierto como que dicha ley será impugnada por el Tribunal Constitucional al poco de ser votada. Los informes de los secretarios ayudarán a fijar la colaboración o la resistencia de los ayuntamientos ante el referéndum.Ningún informe jurídico va a tumbar la determinación de JxS y la CUP

El primero de los grandes ayuntamientos catalanes en pronunciarse oficialmente sobre esta cuestión ha sido el de Lleida, gobernado en minoría por el PSC, y lo ha hecho en sentido negativo: la corporación municipal no va a prestar ningún tipo de ayuda al referéndum de Puigdemont. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, la socialista Nuria Parlón, ha declarado disponer ya del informe de su secretario en el que se le dice que “el ayuntamiento y los funcionarios no pueden incumplir la legislación vigente”. Del mismo parecer es la alcaldesa de l’Hospitalet. El alcalde socialista de Tarragona ha anunciado que va a esperar al decreto de convocatoria antes de solicitar el correspondiente informe del secretario; el hecho de que su gobierno se sustenta en el PP permite aventurar la conclusión negativa. 

En esta fase del proceso, el PSC ha adquirido un mayor protagonismo del que le corresponde en el Parlament. Gracias a sus pactos, gobierna en las cuatro capitales de provincia y por su implantación metropolitana controla buena parte de las grandes ciudades. La consigna oficial del partido es la de negarse a participar en una convocatoria sin legalidad, sin embargo, allí dónde es socio minoritario de un partido independentista, como en Girona, posiblemente no plantee grandes batallas para condicionar la posición de los ayuntamientos favorables a colaborar con la Generalitat, se supone que sin informe jurídico de por medio para eliminar obstáculos. En las ciudades medias, en las capitales de comarca y en los municipios pertenecientes a la Asociación de Municipios por la Independencia, la que reúne a la mayoría de las poblaciones catalanas, el panorama a es claramente favorable al referéndum y tampoco van a dar ningún trabajo a los servicios jurídicos locales.

La decisión más relevante será la del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado en minoría por Barcelona en Comú y el PSC. Sin embargo, Ada Colau puede forjar una mayoría suficiente para decidir a favor en contra de ayudar o no a la Generalitat en su consulta. Hay votos suficientes a cada bando para aprobar lo que vaya a proponer la alcaldesa. Es lógico suponer que el pronunciamiento oficial de la corporación barcelonesa no se vaya a producir antes de conocer los planes que Puigdemont anunciará el 4 de julio. Ni tampoco antes del 8 de julio, cuando el partido de Colau va a decidir qué hacer ante el envite y la presión constante de los independentistas para lograr que se sumen al referéndum unilateral.Los informes de los secretarios ayudarán a fijar la colaboración o la resistencia de los ayuntamientos ante el referéndum

Si la capital de Catalunya se niega a ofrecer su cooperación es fácil de suponer que también lo hará el ayuntamiento de Badalona, gobernado por los comunes, pero en este caso con un pacto con ERC e IC, lo que podría complicar y mucho la relación interna en el equipo de gobierno. Estas hipótesis completarían un mapa muy desfavorable a la credibilidad del referéndum por la desconexión política de las grandes ciudades de Catalunya.

El gobierno de Puigdemont podría compensar en parte estas negativas municipales a partir de su presencia inmobiliaria en dichas ciudades o alcanzando acuerdos con entidades diversas. Para obviar las resistencias de los secretarios locales, podría aumentar el protagonismo de los voluntarios acreditados en la redacción de la ley del referéndum, de contenido desconocido hasta la fecha. Nadie va impedir una decisión de este tipo a una mayoría parlamentaria dispuesta a crear una legalidad paralela. Ni ningún informe jurídico va a tumbar la determinación de JxS y la CUP de llegar al final del desafío, a pesar de ciertas reticencias en los diputados de la antigua Convergència a tensar las amenazas judiciales y penales en exceso.

Tampoco los juristas del Parlament son aliados del gobierno Puigdemont. Aunque estos son muy prudentes en la emisión de informes vinculantes, ha trascendido la enésima advertencia de los servicios jurídicos parlamentarios sobre la necesidad de mantener el máximo consenso posible y el más estricto de los respetos para los grupos minoritarios en el trámite para la reforma urgente del reglamento de la cámara. Dicha reforma es la clave para facilitar a JxS y la CUP la aprobación exprés de las leyes de desconexión, comenzando por la del referéndum, por sorpresa y con nocturnidad, llegado el caso. En esta ocasión, para no incomodar en demasía a la Mesa del Parlament, el documento no se ha presentado en formato de informe jurídico, tan solo una nota firmada por el secretario general de la cámara, Xavier Muro.