La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se someterá el próximo 2 de febrero a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para 2018, que este viernes han sido rechazados. La alcaldesa ha convocado la sesión extraordinaria poco después de que finalizase el pleno de este veirnes, en el que sólo el grupo de Gobierno, en minoría con 11 de los 41 concejales, ha votado a favor de la aprobación definitiva del presupuesto.

Como ya habían anunciado, Cs, PSC, PP, CUP y el concejal no adscrito han votado en contra de los presupuestos, y el PDeCAT y ERC se han abstenido, como habían acordado en las negociaciones con el gobierno de Barcelona en Comú.

El debate se ha convertido en un intercambio de reproches entre los portavoces de los siete grupos, especialmente entre el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el presidente del grupo socialista y exsocio de gobierno, Jaume Collboni, que ayer mismo anunció el 'no' del PSC a las cuentas.

De las manifestaciones de los grupos de la oposición se deduce que Colau no obtendrá la confianza en el pleno extraordinario y la oposición tendrá 30 días para presentar una moción de censura y un alcalde alternativo, lo que todos dan por descartado dada la correlación de fuerzas en el consistorio. De esa manera, automáticamente cuando termine ese periodo, Ada Colau conseguirá aprobar el presupuesto.

Los presupuestos de la discordia

La alcaldesa, que preside el pleno, no ha hecho ningún comentario sobre el rechazo de los presupuestos, ni siquiera en la sesión de control en la que da respuesta a los ruegos y preguntas de los grupos municipales.

A pesar de los reproches, todas las propuestas que han presentado los grupos de la oposición han salido aprobadas de la sesión plenaria de hoy. Algunas lo han sido por unanimidad, como la de los socialistas de que en el plazo de tres meses todos los grupos políticos y las entidades vecinales firmen un acuerdo de compromiso para la cobertura de la Ronda de Dalt, o las del PP de elaborar un informe que detalle los litigios y reclamaciones que afectan al ayuntamiento derivados de expedientes de licencias y concesiones y sus consecuencias económicas.

El pleno ha aprobado también, pero con el voto en contra de Ciudadanos, PP y PSC, las propuestas relacionadas con el procés que han presentado el PDeCAT y las CUP.
 El pleno ha acordado que se estudien medidas jurídicas para que el Estado resarza al consistorio por el perjuicio a la imagen de la ciudad causado por las cargas policiales del 1 de octubre, y ha pedido al Parlament aprobar de forma urgente todas las leyes suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura.

El presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernandez, ha considerado el apoyo de Barcelona en Comú a estas iniciativas la enésima prueba de que Ada Colau da "pleno apoyo" a las pretensiones independentistas, cuestión sobre la que ha versado, una vez más, su pregunta a la alcaldesa en la sesión de control.

"No soy independentista, estoy en contra de la declaración unilateral de independencia, pero también estoy en contra de la judicialización de la política, a favor de un referéndum y en contra de que se intervenga el autogobierno de Cataluña con el 155 que, por otra parte, es la posición mayoritaria de la ciudadanía de Barcelona expresada en el barómetro", le ha contestado Colau visiblemente enfadada.

Irónicamente, Colau le ha pedido a Fernández que si quiere hablar de temas que no son municipales podían "hacer una tertulia" sobre las declaraciones de Ricardo Costa de esta semana diciendo que el PP valenciano se financiaba de forma ilegal o las del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la brecha salarial, lo que ha enojado al edil popular, que le ha advertido de que "vaya con cuidado" porque "algún día será prisionera de sus discursos".