¿Está el grupo parlamentario de Vox realmente enfadado con los incumplimientos de sus socios andaluces de PP y Cs o simplemente está ejerciendo de correa de transmisión de órdenes que vienen de Madrid cuyo propósito último es presionar a Inés Arrimadas para que regrese al bloque de Colón?
Las interpretaciones son libres, pero los hechos son incontestables: en solo dos semanas Vox ha sumado sus votos a la izquierda, posicionándose en contra de PP y Cs y el Gobierno autonómico en el Parlamento de Andalucía.
Quejas y advertencias
Toman así cuerpo las reiteradas advertencias que viene haciendo públicas el partido desde hace varias semanas: reprochan a PP y Cs que no están cumpliendo lo comprometido en los pactos firmados por los tres partidos en junio del año pasado.
El pin parental, la memoria histórica, las políticas de género o la continuidad de los 'chiringuitos de la administración paralela' centran las principales quejas ultras. No obstante, los de Abascal están muy lejos de plantearse poner en peligro la estabilidad del Ejecutivo: PP y Cs son rehenes de Vox, pero Vox no lo es menos de sus socios.
Así se lo recordaba hace un par de días el portavoz parlamentario de Cs. Vox, les dijo Sergio Romero galleando quizá más de lo prudente, tiene "dos alternativas" en Andalucía: o "mantener la estabilidad" política de la región apoyando al Gobierno de coalición o "dar cien pasos a la izquierda".
Dos desmarques
Vox se desmarcó del bloque caonservador el pasado 18 de junio cuando gracias a sus votos salió adelante una moción presentada por el grupo socialista que obliga a la Junta a aumentar un 20% el sueldo de los profesionales de la sanidad pública andaluza durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para compensar económicamente su esfuerzo “titánico” durante la pandemia del Covid-19.
Y volvió a hacerlo ayer, en la Junta de Portavoces, al rechazar la celebración de un Pleno extraordinario del Parlamento que PP y Cs pretendían convocar para convalidar dos decretos ley aprobados por el Gobierno autonómico en plena crisis sanitaria.
Concretamente, el Pleno tenía previsto abordar la convalidación o derogación del Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, “con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus”, y el Decreto-Ley 17/2020, de 19 de junio, por el que “se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus”.
Promesas incumplidas
La moción de mejora salarial del personal sanitario ha escocido especialmente al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno, ya que entraña también la obligatoriedad de que la Junta inicie el proceso de equiparación de retribuciones a la media nacional antes del 30 de junio del 2022, una promesa electoral que el presidente parece haber olvidado, pero no así la oposición ni los cada día más impacientes sindicatos sanitarios.
El rechazo a la convocatoria del Pleno extraordinario no es políticamente inocuo: según lo establecido en el artículo 110.2 del Reglamento de la Cámara, los decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de 30 días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad.
Y para acabar de ensanchar la grieta que parece estar abriéndose en el bloque de las derechas, en el Pleno de ayer volvió a producirse un tercer desencuentro entre PP, Cs y las izquierdas, por una parte, y la formación ultra por otra.
Otra vez los trans
Vox fue el único partido que se opuso a una proposición no de ley de Adelante Andalucía que pretendía reafirmar el compromiso del Gobierno de PP y Ciudadanos con los derechos de las personas trans y a la vez recordar al Gobierno de España la importancia de elaborar una regulación que las proteja de cualquier discriminación. El PSOE votó a favor de la proposición, al igual que el PP y Ciudadanos, con lo que salió aprobada.
La diputada de Adelante Luz Marina Dorado defendió la proposición, que recoge en su parte dispositiva que "el Parlamento insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central a garantizar una ley estatal sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. El Gobierno Andaluz rendirá cuentas en el Parlamento Andaluz del cumplimiento de esta resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación".
