El grupo parlamentario de Vox ha salido este miércoles al paso de la denuncia lanzada ayer por el Partido Socialista alertando de que, en su negociación presupuestaria con el Gobierno de PP y Ciudadanos, el partido ultra había planteado el despido de 9.000 empleados públicos de entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

Su portavoz, Alejandro Hernández, ha negado la acusación socialista, pero con argumentos en apariencia contradictorios y, en cualquier caso, no del todo tranquilizadores.

Más inquietud que alivio

Por una parte, Hernández ha sido tajante al afirmar que en "ningún caso se ha hablado de despidos ni de trabajadores ni de condiciones de trabajo" dentro del acuerdo presupuestario con el Gobierno andaluz.

Ciertamente, en los 34 puntos acordados no hay ninguno que mencione expresamente posibles despidos, pero a continuación el portavoz ultra ha matizado que el pacto sobre las cuentas de 2019 y 2020, firmado el pasado jueves, sienta “las bases para reducción drástica de la administración instrumental, todo el tema de chiringuitos, que es como suele llamarlos Ciudadanos".

Las explicaciones de Hernández puede que hayan creado más inquietud que alivio entre los empleados públicos y sus representantes sindicales. El portavoz ha insistido en que “no se trata de amortizar ni eliminar puestos de trabajo sin más, sino que lo que se hace es simplemente sentar las bases para que se produzca un cambio de estructura [que se haría] respetando la ley y los derechos que puedan tener adquiridos los trabajadores".

La denuncia

La denuncia la hizo ayer en el Parlamento el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista y delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, quien dijo que el Gobierno andaluz estaba dispuesto a aplicar los despidos masivos implícitos en el discurso y en las cuentas que hace Vox.

Esta fue la acusación de Arellano: “9.000 trabajadores públicos del sector de los entes instrumentales, que son entidades que prestan servicios públicos fundamentales para los ciudadanos en el ámbito de la salud y otras cuestiones, es la cantidad que Vox expresó en su día en la Comisión de Hacienda y, por lo que se comprueba ese es el precio que le va a poner al Gobierno, el despido de 9.000 empleados públicos".