La Alhambra dejó de ingresar más de 5,4 millones de euros por las irregularidades detectadas en la adjudicación del servicio de audioguías. Esta es una de las conclusiones de la Fiscalía Provincial de Granada, que ha forzado la dimisión de la hasta ayer directora del monumento, Maria del Mar Villafranca, al presentar una querella contra ella, otros tres altos cargos del Patronato y dos responsables de la empresa concesionaria del sistema de audioguías. Stendhal Museum Solutions SL. En la querella, a la que ha tenido acceso andalucesdiario.es, el Ministerio Público critica el “nulo control” del Patronato sobre la empresa concesionaria del servicio y acusa a los querellados de perjudicar seriamente los intereses de la Alhambra. El fiscal, que pide que declaren como imputados todos los querellados, considera que la falta de control por parte de los responsables del monumento ocasionó un “importante perjuicio” a las arcas del Patronato y un “beneficio considerable” a la adjudicataria del servicio de audioguías. Así, en el relato de hechos, la Fiscalía recuerda que el Patronato de la Alhambra y Generalife convocó un concurso por el procedimiento de urgencia para la explotación del sistema de audioguías, concurso que fue finalmente adjudicado a la mercantil GTP Museum Solutions SL el 3 de septiembre de 2007 por importe de 77.000 euros de canon fijo al año, “que se incrementaría a 121.000 euros si se superaban las 250.000 unidades alquiladas, y el 47% de canon variable”. UNA RENOVACIÓN POCO CLARA “No consta la justificación del procedimiento de urgencia ni la valoración de la temeridad de la oferta presentada pese a que el informe jurídico establecía expresamente dichas exigencias para la contratación”, advierte el fiscal, quien destaca que, pese a ello, el 4 de octubre de 2007, apenas un mes después de la adjudicación, se alteraron las condiciones económicas, que pasó de 77.000 euros a 30.000 de canon fijo y del 47% al 15% el canon variable sobre la facturación bruta total de la empresa. “Transcurridos más de tres años desde la firma del contrato, sin que a dicha fecha el adjudicatario hubiera ingresado cantidad alguna en las arcas del Patronato ni en concepto de canon fijo ni en concepto de canon variable”, la directora del monumento dictó una resolución de rectificación de errores alterando nuevamente el importe del contrato a las cantidades aprobadas en la adjudicación. El 4 de octubre de 2011, la directora de la Alhambra y el administrador de GTP Museum formalizaron la prórroga del contrato del servicio de audioguías por un periodo de cuatro años. Según el Ministerio Público, la renovación del contrato se realizó pese al incumplimiento del mismo por parte de la adjudicataria, que a fecha de julio de 2011, tres meses antes de expirar el contrato, había efectuado al Patronato un ingreso simbólico de 33.146,56 euros. AUDIOGUÍAS NO DECLARADAS El fiscal apunta, además, que el contrato se renovó a pesar del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa, que se había comprometido, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas, a facilitar mensualmente a la dirección del Patronato el número diario de alquileres de audioguías y la recaudación total por el alquiler de los aparatos. “Nada de ello fue aportado por la empresa ni exigido por los querellados”, afirma el Ministerio Público, que alude a la modificación del objeto del contrato y subraya que la empresa cobraba a 12 euros el alquiler de audioguías a grupos y no liquidaba esos ingresos al Patronato. “Los querellados conocían que el servicio de alquiler de audioguías a grupos no era gratuito, como se ofertó en la licitación, que dicho servicio se cobraba a 12 euros y que el mismo no se liquidaba”, dice el fiscal quien sostiene que se eximió del pago del canon variable, de manera “conocida y consentida por los querellados”. LA DENUNCIA DE UN EXEMPLEADO En el documento, que consta de 18 folios, el fiscal apunta a la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, atribuibles a Villafranca, a la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio y su director general. La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal  tras la denuncia presentada ante la Agencia Tributaria por un exempleado de la empresa adjudicataria del servicio de audioguías.