No ha habido sorpresas este martes en la declaración de más de tres horas del exconsejero de Empleo y diputado por Sevilla José Antonio Viera ante el Supremo por el caso de los ERE irregulares. Viera es el primero de los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía citados a declarar como imputados en los próximos días ante el Supremo, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este último declara mañana jueves. El también exsecretario provincial del PSOE de Sevilla defendió el convenio que daba cobertura a los pagos y que la juez Mercedes Alaya considera fraudulento porque lo único que se pretendía con él era “instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a necesidades urgentes”, pero –recalcó– en modo alguno se pretendía eludir ninguna fiscalización ni control”. También sostuvo que en los cuatro años –entre 2000 y 2004– que estuvo de consejero no recibió “ningún informe que le advirtiera de algún tipo de irregularidad”. No obstante, sí admitió, al menos implícitamente, la falta de control y vigilancia sobre sus subordinados, en quien descargó las responsabilidades de cualquier ilegalidad. Preguntado por las ayudas que se concedían sin convenio, sólo con la firma del director general, dijo que “en ese periodo lo desconocía” y, cuando las conoció le produjeron “sorpresa y vergüenza”. En absoluto es normal, admitió, que hubiera procedimientos sin respaldo documental: “Lo que no podía imaginar es que se hayan conseguido subvenciones sin ningún tipo de documentación”. Preguntado por su vinculación personal y política con la comarca sevillana de la Sierra Norte, donde sospechosamente se concentraron muchas de las ayudas a empresas, Viera dijo que en la Sierra Norte sólo había hecho ”alguna gestión política como con el resto de la provincia de Sevilla y del resto de Andalucía cuando fue consejero” y que no tiene ninguna relación familiar con ningún empresario de la zona. En este bloque de preguntas Viera fue en sus respuestas mucho menos expansivo que tres años atrás, en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Entonces declaró: “Conozco a miles de personas en la Sierra Norte de Sevilla, y puedo decir también con orgullo que probablemente muchos de los equipamientos que la Sierra Norte tiene hoy día en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito empresarial o en las infraestructuras de comunicación, yo he participado en esos equipamientos”. Sin duda el exconsejero es consciente de que esa concentración de ayudas públicas en una pequeña zona es También dijo que nunca tuvo reunión alguna con las compañías aseguradoras con las que se suscribían las correspondientes pólizas, ya que “eso correspondía al director general de Trabajo”. Esa fue la tónica general de las respuestas del diputado, que insirió en que él se dedicaba a la acción política, no a la gestión concreta de cada ayuda. Para apuntalar su tesis de que la Junta no tenía nada que ocultar en relación a la concesión de ayudas, Viera explicó el caso de los trabajadores de la empresa Faja Pirítica de Huelva, cuyo ERE financiaron a medias la Junta y el Estado. “Hay una negociación del comité de empresa con las empresas y se traslada al Gobierno del Estado y al Ministerio de Trabajo la necesidad de asumir una parte del coste porque era inasumible para la Junta, en un principio era un acuerdo 50-50 y nunca se recibió ninguna observación en contra por parte del Estado”.