El Letrado Mayor del Parlamento lo tiene perfectamente claro: PP, Podemos e IULV-CA tenían razón y PSOE y Ciudadanos estaban equivocados. Particularmente el PSOE, que lideró el rechazo a tramitar determinadas iniciativas legislativas de la oposición. La apurada mayoría que sostiene al Gobierno sufre así una derrota que políticamente no es determinante, pero sí muy sintomática de su fragilidad parlamentaria. Tampoco resulta, por lo demás, fácil de entender el empecinamiento que ha venido manteniendo el Grupo Socialista, con la aquiescencia del presidente de la Cámara y la colaboración necesaria de Ciudadanos, al discutir y hasta negar el derecho de la oposición a formular iniciativas parlamentarias cuya virtual aprobación pueda resultar embarazosa para el Gobierno. El informe del Letrado –solicitado por la Mesa de la Cámara para conocer si la proposición de ley de Cuentas Abiertas de Podemos y la del PP-A relativa a medidas tributarias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones cumplen los requisitos para ser admitidas a trámite, cuando su tramitación no ha superado la Mesa hasta en dos ocasiones– concluye que ambas iniciativas "cumplen los requisitos para su admisión a trámite quedando en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno para su toma en consideración". En el documento, recogido por Europa Press, el Letrado Mayor, Javier Pardo Falcón, esgrime que ambas proposiciones de ley pueden admitirse a trámite dado que "difieren expresamente su entrada en vigor, y en consecuencia sus eventuales efectos presupuestarios, al 1 de noviembre de 2016 y al 1 de enero de 2016, respectivamente, sin que pueda considerarse afectado por tanto el presupuesto en curso". RESPONSABILIDADES JURÍDICAS Asimismo, en cuanto a las consecuencias legales y responsabilidades personales que pudieran conllevar la dilación o no adopción de acuerdo alguno por parte de la mesa respecto a la tramitación de ambas iniciativas legislativas, al producirse un empate en la votación sobre las mismas, el informe concluye que esta circunstancia "podría conllevar, eventualmente, las responsabilidades jurídicas personales por parte de los miembros de la Mesa a que hubiera lugar, aunque la ausencia de acuerdo fuera consecuencia de un empate en la votación o votaciones efectuadas por sus miembros". "Y ello por resultar la adopción del referido acuerdo, en el sentido que se entienda conforme a Derecho, un acto jurídico obligado tal y como se encuentra configurado por el artículo 28.1.6º del Reglamento de la Cámara", sostiene el Letrado Mayor. Así, en las consideraciones jurídicas, Pardo Falcón recuerda que "en alguna ocasión el TC ha admitido a trámite y otorgado el amparo por no haberse dado la tramitación parlamentaria que correspondía a un escrito presentado en el registro de una asamblea legislativa a la que iba correctamente dirigido". AMPARO ANTE EL CONSTITUCIONAL Además, indica que "los actos parlamentarios sin valor emanados del Parlamento de Andalucía o de cualquiera de sus órganos -incluida, lógicamente, la Mesa del Parlamento--, así como su falta de actuación cuando esta resulte jurídicamente obligada como consecuencia de los dispuesto por el Estatuto de Autonomía, el Reglamento y el ordenamiento jurídico en general, pueden ser objeto de recurso de amparo ante el tribunal en el plazo de tres meses desde que hayan adquirido firmeza con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara".   Como se recordará, el pasado miércoles 16, la Mesa ya decidió no calificar dichas iniciativas, al obtener el voto en contra de los tres representantes del PSOE-A y la abstención del de Ciudadanos, mientras que PP-A, Podemos e IULV-CA votaron a favor de su calificación. Este resultado de votación se ha vuelto a producir durante los dos siguientes miércoles en las reuniones de la Mesa. Que estas iniciativas legislativas de Podemos y PP-A no hayan superado el trámite de la Mesa ha sido duramente criticado por los dos partidos que impulsaban las propuestas, así como por parte de IU, que han acusado al PSOE-A y a C's de "bloquear" la labor de la oposición en la Cámara autonómica. Mientras, C's ha justificado su abstención por ver una "laguna jurídica" en este asunto, y el PSOE-A defiende que el alcanzado en la Mesa es un acuerdo democrático y que no se bloquea la acción del Parlamento. LAS RAZONES DE LA OPOSICIÓN Por su parte, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, ha señalado que el informe del letrado mayor "es taxativo y claro" y pone las "cosas en su sitio", ya que dice que la proposiciones de ley de Podemos y PP-A "cumplen los requisitos para su admisión a tramite". En su opinión, esto debería "sonrojar" a los grupos que han parado estas iniciativas, "por motivos políticos exclusivamente". "Eso ha sido un escándalo, una vergüenza y una aberración, como ha dejado claro el informe del letrado mayor", según Rojas. El portavoz popular ha apoyado la propuesta de Ciudadanos sobre la convocatoria de una reunión de la Mesa para que se pronuncie de nuevo sobre las proposiciones de ley. La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha criticado que Durán haya planteado una resolución para resolver un supuesto "vacío legal" que el informe del letrado mayor niega y es muy claro en sus conclusiones. A su juicio, esa resolución provocará más trabas para que los grupos puedan ejercer su función legislativa, de manera que ha pedido que se vuelva a reconsiderar la resolución del presidente. El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que el informe del letrado mayor es "muy claro" y "no da lugar a dudas ni a interpretación", mientras que ha mostrado su rechazo a la resolución de Durán porque no incluye ninguna de las observaciones y propuestas de su grupo. Ha apelado a un cambio de criterio en relación con esas iniciativas cuya tramitación se ha impedido y ha señalado que IU no va a asumir "resignadamente" que el PSOE, que no tiene la mayoría absoluta en la Cámara, intente "condicionar el debate parlamentario". Ha advertido de que su formación no va a ser "cómplice de un acto de prevaricación administrativa", que incluso podría derivar en "responsabilidades jurídicas". LAS JUSTIFICACIONES DEL PSOE A su vez, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha apelado durante su intervención al "voto sagrado" de los parlamentarios y ha criticado que desde distintos grupos se esté "amenazando" con acudir a los tribunales como si esto fuera "una república bananera". Ha negado que desde el PSOE-A se haya "bloqueado ni impedido" el debate en la Cámara y ha lamentado que se trate de "manipular y mentir" dando la vuelta a este asunto "de manera interesada". También ha afirmado que la Mesa se ha pronunciado conforme a un principio democrático recogido en el Reglamento de la Cámara y el Estatuto de Autonomía. Ha señalado que el informe del letrado mayor no se encuentra en el orden del día de esta Junta de Portavoces y ha insistido en que el "voto sagrado" de los parlamentarios es "lo único" que debe prevalecer, "más allá de trucos o chanchullos que se quieran utilizar para maniatar una agenda política y económica que no es la que corresponde en función de las urnas". EL CAMBIO DE CIUDADANOS El portavoz parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha pedido al presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, que convoque una nueva Mesa del Parlamento de manera "urgente" porque una vez conocido el informe elaborado por el letrado mayor de la Cámara sobre la tramitación de las proposiciones de ley, su formación va a cambiar el voto emitido en las últimas mesas al respecto, pasando de la abstención al voto favorable. "Teníamos dudas y ahora nos han quedado manifiestamente claras con el informe elaborado por el letrado", ha apuntado Marín durante su intervención en la Junta de Portavoces, donde ha explicado que su formación accedió el pasado mes de agosto a una petición del presidente del Parlamento para esperar a una resolución sobre este asunto que les permitiera tomar una decisión al respecto. LA RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE Por otra parte, PSOE y Ciudadanos han aprobado este miércoles tanto en la Mesa del Parlamento como en la Junta de Portavoces la resolución planteada por el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, sobre los requisitos para tramitar las proposiciones de ley presentadas por los grupos. La resolución de Durán ha contado con el rechazo de PP-A, Podemos e IULV-CA. El PP-A pidió a Durán que retirara su resolución en espera del informe de Derecho Comparado que ha solicitado. Para Ciudadanos, aunque ha apoyado la resolución, no estamos ante una "solución definitiva", sino que debe considerarse un "tránsito hacia una reforma del Reglamento" para adecuarlo a los nuevos tiempos. Ante una Junta de Portavoces bastante crispada, Juan Pablo Durán ha manifestado que su resolución plantea que la iniciativa, ya sea proposición de ley de un grupo o proyecto de ley del Gobierno, además de la exposición de motivos, vaya acompañada de un cálculo estimado o aproximado de lo que va a suponer en términos económicos, y de un informe jurídico de los letrados de la Cámara. Ha insistido en que él ha pretendido "poner un grano de arena" para salir de esta situación y que en ningún momento se pretende modificar el Reglamento de la Cámara, sino posibilitar que los diputados tomen su decisión "lo mejor fundada posible". Ha apuntado que esta situación ya viene de legislaturas anteriores, pero que quizá en esta es cuando más se ha acentuado.