Sorpresa ha causado en algunos sectores de la sociedad granadina que el Juzgado de lo Social Número 1 de Granada haya ordenado la "inmediata readmisión" del profesor de Religión de un instituto del municipio granadino de Dúrcal que fue detenido el pasado noviembre junto a otros tres sacerdotes en el marco de la investigación judicial por supuestos abusos sexuales a menores, denominado el "caso del clan Romanones". Estos hechos investigados y de los que este medio ha informado en distintas ocasiones corren además el riesgo de la prescripción legal sobre 11 de los imputados.


Vulnerado los derechos fundamentales
Este profesor, quien tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada quedó en libertad con cargos, fue apartado de sus funciones después de que la Consejería de Educación pidiera entonces al Arzobispado de Granada que le retirara la idoneidad para impartir clases. En la sentencia la magistrada estima la demanda contra la Consejería de Educación y el Arzobispado y declara la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales.

Indemnización de 6.000 euros
El fallo, contra el que cabe recurso de suplica, condena a la Consejería de Educación a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir desde el pasado 25 de noviembre hasta que dicha readmisión sea efectiva. Además, la resolución ordena que tanto la Junta de Andalucía como el Arzobispado abonen al profesor la suma de 6.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados.

La Junta pidió sis sustitución
El demandante, que prestaba sus servicios como profesor de Religión y Moral Católica en un instituto de la localidad granadina de Dúrcal desde el curso 2005-2006, fue despedido después de que la Delegación de Educación pidiera su sustitución mediante la revocación de su declaración de idoneidad para dar clase, aspecto este último que correspondía al Arzobispado. La petición fue formulada por la administración educativa autonómica tras tener conocimiento de que el docente había sido detenido por orden judicial en el marco de la operación iniciada por denuncia de abusos sexuales a menores.

Nulidad del despido
Dada la gravedad de los hechos denunciados, condenados de forma directa por el papa Francisco, la Junta entendía que el profesor no debía continuar ejerciendo su labor por las "situaciones conflictivas" que ello generaría en el centro, sin perjuicio del resultado del procedimiento judicial y con respeto a la presunción de inocencia. Aplicando distinta jurisprudencia al caso, la juez considera que debe declararse la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales.

"Perjuicio" que hay que inmdenizar
La sentencia hace referencia asimismo al proceso al que se ha visto sometido el trabajador, con afectación en lo personal y en lo profesional, con descrédito hacia sus compañeros, "perjuicio" que cree que ha de ser indemnizado al existir vulneración de derechos fundamentales. En este proceso judicial tanto la Consejería como el Arzobispado aportaron copia del auto del Juzgado de Instrucción 4 en el que se detallaban las posibles responsabilidades de cada uno de los imputados en la causa penal, incluido el profesor. Tanto la Consejería de Educación como el Arzobispado han recurrido la sentencia, si bien el profesor ha solicitado que la resolución sea ejecutada de forma provisional y que, de manera inmediata, sea repuesto como maestro, han detallado las fuentes.

Posibilidad de prescripción para doce imputados
Como informó ELPLURAL.COM hay riesgo de que prescriban numerosos supuestos delitos. De hecho la Sección Primera de la Audiencia de Granada tiene previsto reunirse mañana para votar y fallar sobre la prescripción de la causa para once de los doce imputados y algunos de los delitos imputados al padre Román, considerado el cabecilla del grupo. El tribunal provincial deberá decidir si han prescrito los supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y el profesor investigados desde octubre del 2014, como consideró el juez instructor en contra de la postura de las acusaciones particular y popular.

La investigación judicial se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado. Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17 años.