La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, María Teresa García, es la primera jueza de España que ha abierto diligencias para determinar el alcance de las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo en los últimos años por la Iglesia Católica. La jueza ha abierto diligencias después de recibir una denuncia del diputado provincial del partido Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín, que el pasado mes de octubre envió su escrito a la Audiencia Provincial de Córdoba para que decidiera si podía haber algún tipo de delito sobre este proceso que ha permitido a la Iglesia poner a su nombre distintos bienes en el Registro de la Propiedad. El propio Baquerín ha sido citado para la próxima semana por la jueza para que declare y confirme las acusaciones de su escrito. En su denuncia, Baquerín enumeró seis hechos que podrían ser delitos. Así, en el primero señala que “la Diócesis de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y que lo ha hecho “mediante la expedición de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un presunto delito de falsedad documental”. ¿APROPIACIÓN INDEBIDA? Además, agregó que podría haber “apropiación indebida” al haber inmatriculado algunos bienes que son de titularidad pública. También considera que “lo ha hecho mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”. El cuarto hecho que relató es que “si además se diera el caso de que la Administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común. Pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación”. Por último, asegura en su denuncia “que no es excluible, al menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba”. Baquerín citó en su denuncia cuatro inmatriculaciones concretas: la Mezquita Catedral, el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, la plaza del Pocito de la Fuensanta y la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Corredera. No obstante, desde su denuncia han trascendido más inmatriculaciones, como las llevadas a cabo por la Diócesis en la iglesia de San Agustín después de que el edificio fuese restaurado con fondos públicos, la ermita del cementerio de la Salud (inmatriculada tras una cesión del anterior gobierno municipal, dirigido por IU) o la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir, incluida por el Ayuntamiento de Córdoba como de su propiedad según consta en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo. También la Diócesis ha inmatriculado la iglesia de San Hipólito, donde está adosado un antiguo kiosko que es de titularidad municipal y localizado sobre el dominio público, según distintas fuentes del Ayuntamiento de Córdoba.