La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla considera que hay indicios suficientes sobre la existencia de una trama organizada alrededor de la entidad Formación Integral para el Empleo SL y pide que se juzgue a 9 imputados por delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental. Tras la instrucción, la juez concluye que el empresario José Sivianes Sánchez y su sociedad Formación Integral para el Empleo SL obtuvieron como subvenciones para programas de formación en los años 2010 , 2011 y 2012 más de cinco millones de euros,  sin haber realizado buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un treinta por ciento de los importes facturados. En el escrito de la juez se señala que el empresario pudo además defraudar importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012. ASÍ FUNCIONABA LA TRAMA Así funcionaba, según la juez, la trama delictiva: "Para presupuestar y justificar importes que cubran el máximo posible de las subvenciones a cobrar, José Silvianes, con el asesoramiento de Manuel Jaime Fernández Recio, sitúa como contratantes intermedios, a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia," a varias personas ahora imputadas, "a quienes formalmente interpone como contratantes de los formadores, logrando que estos colaboren activamente en el fraude de subvenciones y el delito fiscal. Pero –continúa literalmente el auto– no existen contratos de prestación de servicios de docencia entre Formación Integral para el Empleo SL y cada uno de los cedentes de profesores ni documentación que justifique la relación jurídica existente entre éste y los docentes que se relacionan en las facturas". El auto indica que todo ello fue posible al amparo de la Orden de 23 de Octubre del 2009 de la Junta de Andalucía, que establece “las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que, concedida la subvención por la Junta de Andalucía, se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida”. Añade el auto que la Junta “se limitaba a una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas". UN MARGEN DEL 70 POR CIENTO La juez recuerda que los beneficiarios "no estaban obligados a aportar a la administración las facturas, sino solo obligados a almacenar las mismas y a presentar, simplemente, un informe de auditoría externa –limitado a una comprobación formal– que ellos mismos pagaban con cargo a las subvenciones obtenidas". Asimismo, el auto concluye que los cursos se impartieron con un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, de forma que , si el coste efectivo de la hora de clase de un docente era 20 euros, se facturaban a 80 euros, y el mismo concepto se factura por duplicado. Así, en varios cursos de Formador Ocupacional de 400 horas cada uno aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturaban 800 horas. "A tal efecto –dice el auto– José Sivianes tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación y llegó a tener hasta tres contables".