La jefa de servicio de Formación para el Empleo en la provincia de Sevilla entre diciembre de 2006 y marzo de 2010, Carmen Gómez Laguillo, ha explicado este lunes que alertó a sus superiores de que una hija de Teodoro Montes, --el testigo protegido de la juez Mercedes Alaya y entonces jefe del departamento de Gestión Formación Profesional Ocupacional en Sevilla--, se encontraba incluida "irregularmente" como alumna en un curso de formación en el año 2008, al no cumplir los requisitos de titulación exigidos. Precisamente, la comparecencia de Montes ayer ante la comisión de investigación de los cursos de formación fue suspendida ante la indisposición del compareciente, que tuvo que ser recogido en ambulancia a su llegada al Parlamento andaluz. La ex jefa de servicio ha señalado que esa cuestión le fue puesta de manifiesto por un técnico de seguimiento de los cursos "para sorpresa mía y de cualquiera que se precie". "Me llegaron unos datos incontestables y automáticamente se los trasladé al señor Teodoro Montes, de quien no obtuve ningún tipo de respuesta, lo que es motivo más que suficiente para abrir una labor investigadora", ha señalado. Gómez Laguillo ha explicado que se hicieron una serie de actuaciones para averiguar con la propia entidad responsable del curso, que actuó de manera "correcta" y que, posteriormente, trasladó lo ocurrido a sus superiores para que se actuase de la manera correspondiente y valorasen si había habido una actuación "punible o merecedora de algún tipo de sanción administrativa". También ha apuntado que esta circunstancia coincidió con un periodo en el que Teodoro Montes se ausentó del servicio por un permiso no retribuido, con lo cual la responsabilidad quedó "entre el técnico, la entidad y la propia alumna". No obstante, la hija de Teodoro Montes fue expulsada del curso, la entidad no liquidó por esta alumna y se determinó que cuando Montes se reincorporase se iniciarían "las actuaciones merecedoras de tal comportamiento, dado que todos los indicios aparentaban dirigirse hacia él". ‘NO HUBO CURSOS DE UGT EN SEDES DEL PSOE’ A preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha dicho que no está afiliada al PSOE y que no tiene constancia que se hayan celebrado cursos de formación por parte de la UGT en sedes del PSOE. Sobre las subvenciones al "entramado" del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ha dicho que nunca fue conocedora del supuesto entramado. "Ni lo he conocido, ni sé cuántas empresas son, ni qué relación tenía con las mismas", ha apuntado. Ha negado que se haya producido una relajación en los controles aunque sí ha reconocido que había importantes demoras en el proceso de justificación de las ayudas. Y es que, según ha detallado, una liquidación es "exhaustiva y lenta", y además las entidades no favorecían que fuera "fácil" porque "cada cual presentaba las justificaciones como quería o podía". También ha querido dejar claro durante su intervención que en el periodo en el que ella estuvo al frente de este servicio los expedientes no estaban desordenados ni incompletos. Este periodo no fue el mismo que analizó la interventora de Sevilla, quien denunció esta cuestión en un informe especial que realizó. "Entiendo que tendría sus motivos para decir eso pero no es la percepción que yo tengo de mi etapa", ha señalado Gómez Laguillo, quien también ha apuntado que el personal con el que contaba resultaba escaso por la carga de trabajo. El departamento de liquidaciones contaba con "siete u ocho personas" y cada técnico llevaba unos 60 cursos, ha indicado. JAÉN: ‘NADA NOS PUEDE PRESCRIBIR’ El jefe de servicio de la Formación para el Empleo de Jaén desde 2006 y hasta la actualidad, José Luis Valentín Martos, ha defendido este lunes que en su departamento se ha cumplido "estrictamente con la legalidad de los procedimientos" de las subvenciones de los cursos de formación así como que se ha mantenido un control "adecuado" de las actividades de su competencia "tanto cuantitativa, como cualitativa y temporalmente". "Se ha tramitado la documentación en el momento adecuado, se han visitados todos los cursos dos, tres o más veces, y se ha comprobado 'in situ' su adecuado desarrollo en el momento oportuno", ha destacado durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Valentín Martos, que está imputado en el caso. De la misma manera, ha explicado que en Jaén "no tenemos ninguna justificación ni ningún expediente de reintegro pendiente", salvo uno que están pendiente de tramitar "al estar paralizado temporalmente por el juzgado, por ser un reintegro con el que el beneficiario no está de acuerdo". "Nada nos puede prescribir, no tenemos nada por justificar", ha agregado. Ha explicado que en el periodo de 2006 al 2011, se han programado en Jaén un total de 1.927 cursos provinciales para 29.169 alumnos por un importe de 69,8 millones de euros, que supone una media 9,9 millones al año aproximadamente. Además, ha concretado que se programado 2013 cursos multiprovinciales por la Dirección General "que se han impartidos en la provincia de Jaén, donde se ha hecho el seguimiento". En total, en el periodo analizado, se han programado 3.940 cursos, gestionándose una media de 656 cursos al año, siendo unos 50 los cursos asignados a cada técnico. Valentín Martos ha señalado que, con un equipo formado por 25 personas, "pese al volumen de trabajo, el servicio ha mantenido el trabajo prácticamente al día" y que los retrasos han sido por alguna "excepción o por causas externas al servicio". De la misma manera, ha explicado que el traspaso de competencias a Educación, Cultura y Deportes, "tuvo consecuencias y cambios que supuso retrasos en los órganos gestores" y además, ha señalado, cuando se recibió la petición de la Intervención General para realizar "una auditoría de seguimiento" al SAE, "llevábamos siete meses y medio con el sistema informático bloqueado por la Intervención, estábamos adaptándonos tras el traspaso de competencias, nos habíamos mudado y una empresa externa estaba escaneándo los expedientes". "Nos resultó llamativo que la Intervención General propusiera una auditoría de cumplimiento porque no podía ser ajena a esta circunstancia", ha agregado el jefe de servicio en Jaén. Tras asumir que "en cualquier expediente puede haber un fallo humano", Valentín Martos ha defendido que no hay desconexión entre lo que están exponiendo los jefes de formación provinciales y los interventores en la comisión de investigación, a preguntas de la parlamentaria de IULV-CA Elena Cortés, "nosotros decimos lo que dice la ley" y "habrá alguien por encima que sepa leer la norma", ha dicho Valentín Martos. "A los trabajadores de la formación nos cuesta que siendo leyes evidentes, tengamos que estar explicando lo que dicen, es muy paradójico. Nadie ha leído la norma o no se qué pasa", ha dicho en varios momentos de su intervención. Asimismo, ha asegurado que "todas las convocatorias que han existido en este tiempo han pasado por fiscalización previa" así como que en el seguimiento de los cursos que hacía su departamento "los alumnos eran nuestros ojos y oídos en todos los cursos". "Que yo sepa todos los alumnos entrevistados han sido reales, no hemos encontrado ninguno que no fuera real", ha señalado. El parlamentario de Podemos Jesús Romero ha preguntado al jefe de servicio de Formación en Jaén por las exoneraciones y las exceptuaciones y cómo se desarrollaba su aplicación, a lo que ha contestado que Andalucía es la única comunidad que cuenta con una norma de estas características y que está en manos de los parlamentarios "quitar esa norma". Ha afirmado que "nunca me han parecido bien las exceptuaciones, tenemos que intentar tener el trabajo al día para que no hagan falta" y ha defendido "la igualdad de todos los españoles" para defender que se suprima esa norma, aunque sea "un derecho garantista de la Junta". Al respecto, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha considerado durante su turno, e interpelando también al compareciente sobre este asunto, que "la exoneración es para que, como a la Junta no le da tiempo a cumplir con su obligación de revisar en plazo, pueda seguir la máquina funcionando y repartiendo subvenciones". También le ha preguntado si se ha impartido algún curso en sedes compartidas por el PSOE-A, a lo que Valentín Martos ha explicado que de formación profesional no, pero sí "alguno de formación continua" en Lopera. MÁLAGA: SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS La que fuera jefa de servicio de Formación para el Empleo de Málaga entre junio de 2001 y septiembre de 2014, María Isabel Almendro Flores, ha mantenido este lunes que "todos" los cursos de formación realizados en la provincia en ese periodo "se concedieron cumpliendo los requisitos establecidos". Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, Almendro Flores ha dicho que ella y su equipo son funcionarios y que, como tal, cumplieron "en todo momento con las funciones encomendadas de control y seguimiento. "Se ha hecho conforme a la normativa vigente", ha subrayado la exjefa de servicio. La funcionaria ha explicado que durante su periodo al frente del puesto se impartieron más de 10.500 cursos y se formó a más de 170.000 alumnos. No obstante, no ha podido dar cifras sobre los importes invertidos al no estar actualmente en el ámbito de la formación para el empleo. La exjefa de servicio ha defendido que la gestión de las subvenciones que realizaba su servicio estaban sometidas a fiscalización previa por parte de la Intervención. Además de esa fiscalización, el órgano gestor fue sometido a numerosos controles financieros que "en su inmensa mayoría fueron favorables", ha dicho. Además, ha detallado en el año 2012, dada la condición de agencia administrativa especial del Servicio Andaluz de Empleo --en el que se incardinaba el servicio de formación para empleo-- la gestión pasa a estar sometida al control financiero permanente y en ese año, "los controles financieros a los documentos de justificación de acciones formativos en Málaga fueron todos favorables, sin observaciones en la justificación de esas subvenciones", ha insistido la funcionaria . LAS COMPROBACIONES Almendro Flores ha resumido cómo funcionaba el proceso de acreditación de los centros de formación y, así, ha explicado, que se iniciaba a solicitud del interesado, que se comprobaba que contaba con los documentos necesarios exigidos por la normativa y, después, se visitaba físicamente el centro y el técnico elaboraba un informe y realizaba una resolución acreditando, en su caso, el cumplimiento de las condiciones, que firmaba el director provincial. Con esa resolución, el centro pasaba a tener un número que luego se incorporaría en la resolución de las subvenciones. La exjefa de servicio ha dicho no tener constancia de si en algún municipio malagueño se impartieron cursos en sedes compartidas de UGT y PSOE pero sí ha incidido en que, para el caso de Málaga, el interventor no encontró incidencias sobre la inscripción o acreditación de los centros. En lo que se refiere a los cursos que se pueden impartir, la funcionaria ha explicado que existe un fichero de especialidades a nivel estatal y que también hay la posibilidad de inclusión de nuevas especialidades, a la que puede acceder cualquier centro interesado que reúna los requisitos. Además, sobre el coste subvencionable de éstos, ha recordado que es el mismo para cada una de las entidades que lo puedan impartir, cuyos máximos y mínimos se recogen en una norma estatal y otra regional que se calcula en base al nivel de la especialidad, el número de horas y el de alumnos. Por otro lado, en lo referido al control de la fase de pago de la subvención, Almendro Flores ha recalcado que ésta también está sometida a fiscalización previa y que no se pude proponer el pago de una ayuda sin fiscalización favorable en la fase de concesión. También ha señalado que cada propuesta de pago se fiscaliza de forma individualizada y así se comprueba que cumple con los requisitos. CONTROLES 'IN SITU' Al respecto de las preguntas de la portavoz de IU, Elena Cortés, a raíz de los informes de intervención que se refieren a la "ausencia significativa de control de seguimiento", la exjefa de servicio se ha referido a los controles 'in situ' que se realizaban a los cursos y ha explicado que la "tendencia" habitual fue visitar "el cien por cien de los cursos", pese a que la ley únicamente obligada a controlar 'in situ' o a posteriori el 5 por ciento. Almendro ha explicado que en 2010 hubo una "sobreprogramación" de cursos del 70 por ciento, que coincidió con unas "circunstancias temporales muy concretas" por las continuas mudanzas que realizó la sede del servicio, que hizo "imposible" que el control alcanzara tan alto porcentaje como el resto de los años. No obstante, ha detallado que "el personal de formación siempre ha realizado todos los esfuerzos necesarios para llegar al objetivo adecuado" y que, en todo caso, se cumplió la normativa vigente que --ha reiterado-- solo obligaba a que ese tipo controles alcanzasen ese 5 por ciento y, además, llegaron al 33 por ciento. Por su lado, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha llamado la atención sobre los expedientes en los que no hay constancia de asistencia de alumnos y la exjefa de servicio ha recalcado que la obligación de controlar y custodiar los certificados sobre la asistencia de los alumnos recae en las entidades beneficiarias y no en la administración y ha contado que en 2010 dio instrucciones para que a los expedientes se incorporasen los partes de firmas. "Si no están en determinados expedientes puede ser que el técnico lo pidiera y no se lo dieran o porque en el proceso de digitalización se hubiera traspapelado, no le puedo decir el motivo, pero no hay incumplimiento de la normativa porque porque la custodia es obligación de las entidades beneficiarias", ha concluido.