En contra de lo que suele decirse bastante demagógicamente en campaña electoral, los sillones sí importan. Y mucho, pues se gobierna desde ellos. La sentencia del Constitucional sobre la composición de la Mesa del Parlamento andaluz no dejaba lugar a dudas sobre su interpretación, y los servicios jurídicos de la institución así lo han confirmado este miércoles: una vez que el fallo se publique en el BOE, entrará a la Mesa la diputada del PP Patricia del Pozo y saldrá de ella el diputado de IU José Antonio Castro.

Así, cuando se ejecute la sentencia, el PSOE tendrá tres representantes (incluyendo al presidente), el PP dos y Podemos y C's, uno cada uno, aunque el propio Reglamento de la Cámara prescribe que todos los grupos estén representados en la Mesa. Precisamente, uno de los escollos surgidos a raíz del fallo judicial es la imposibilidad de hacer estas dos cosas a la vez: cumplir la sentencia del TC y cumplir el Reglamento de la Cámara.

La batalla por el control de la Mesa está justificada: es la institución que tiene encomendado “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos” y “decidir la tramitación de todos los escritos y documentos”, como por ejemplo la creación de comisiones de investigación.

Dos contratos en el aire

Si no hay acuerdo previo entre los cinco grupos para buscar otra fórmula, como la ampliación de la Mesa en un miembro más con voz pero sin voto para no violentar la actual mayoría, el estricto cumplimiento de la sentencia dejaría al grupo de IU sin representación en este órgano.

Hay que recordar que, más allá de las competencias políticas, cada miembro de la Mesa tiene derecho a un plus en la remuneración, despacho propio, coche oficial y la contratación de un conductor y un asesor. IU perdería todo ello si es expulsada de la Mesa.

Podemos e IU orientan sus baterías contra los socialistas y se quejan de que la sentencia del Constitucional desemboca en una sobrerrepresentación del PSOE, que tendría tres miembros mientras que la federación de izquierdas no tendría ninguno, pero los socialistas no están dispuestos a renunciar a uno de sus miembros porque entonces perdería la mayoría que hoy tienen sumando sus tres miembros al de Ciudadanos.

Inquietud en IULV-CA

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, alertaba de que cuando se ejecute la sentencia del TC se vulnerará el artículo 36 del Reglamento, que recoge que "todos los grupos deben estar en la Mesa". En ese caso, IU no descarta acudir al Constitucional. Habrá “una sobrerrepresentación del PSOE respecto a la proporcional del Parlamento", criticaba Maíllo al tiempo que se quejaba de que no hubiera sido posible “un acuerdo para aprobar por lectura única una disposición transitoria” planteada por IU para dar cumplimiento a la sentencia y al artículo 36 del Reglamento durante la presente legislatura.

Es precisamente a IU a quien más inquieta que no haya un acuerdo. El PSOE quiere alcanzarlo, pero no quiere ni oír hablar de ceder uno de sus puestos, como ayer sugirió Podemos.

"No a aumentar sueldos"

En esa misma línea, este miércoles la presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, le pedía al PSOE que fuera “generoso" y cediera un miembro para dar cumplimiento a la sentencia, pero eludía valorar las consecuencias que ello tendría en la actual mayoría PSOE-Ciudadanos.

Para Podemos la opción de incrementar el número de miembros de la Mesa no es lo más deseable. Tras las elecciones, Teresa Rodríguez rechazaba rotundamente ampliar la Mesa "para no aumentar sueldos y privilegios", mientras que Antonio Maíllo acusó al PP de “montar un espectáculo por una pataleta un poquito heavy”.

Este martes, el vicepresidente tercero del Parlamento andaluz y diputado de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, opinaba que “sólo queda que el PSOE demuestre lealtad a las instituciones y dé cumplimiento a la sentencia con la renuncia generosa de uno de sus miembros".

Va a ser que no

Va a ser que no, venía a contestar poco después la dirección del Grupo Socialista, que difundía un comunicado cargando las tintas: "Lo que hace Moreno es intentar favorecer a su aliado en la cámara andaluza, el PP, promoviendo una opción que implicaría privilegiar a una diputada que tuvo 33 votos, frente a una representante que cosechó 47 apoyos en la votación. Convendría que recordara que el voto es el principio fundamental de la democracia".

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, se aviene a reformar el Reglamento de la Cámara, pero por supuesto sin la ‘renuncia generosa’ que le exigen Podemos e IU.

Entre los socialistas hay bastante enfado con la actitud que mantienen ambos partidos. De hecho, recuerdan que si IU tuvo un puesto en la Mesa habiendo logrado solo cinco escaños fue gracias al PSOE, cuyo diputado y presidente de la sesión constitutiva del Parlamento en junio de 2015, Luis Pizarro, 'se saltó' –con la anuencia de Podemos, IU y C’s y amparándose en el artículo 36 del Reglamento– el resultado de las votaciones para hacer secretario a Castro: “¿Y ahora nos echan la culpa? ¿La culpa de qué? ¿De que el PP haya recurrido y haya ganado en el Constitucional? Con esa actitud será difícil el acuerdo”.

El PP quiere su puesto ya

La parlamentaria del PP Patricia del Pozo volvía a quejarse de que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, "no piensa ejecutar la sentencia hasta el mismísimo día en que salga publicada" en el BOE, para lo que no hay un día concreto.

Para el PP no puede ponerse al mismo nivel el Reglamento de la Cámara que la sentencia del TC: “Nos parece estupendamente, porque así lo dice el Reglamento, que todos los grupos de la Cámara estén representados en la Mesa, pero la ejecución de una sentencia no puede estar sometida ni condicionada al arreglo del artículo 36: primero hay que ejecutar la sentencia y luego, con toda la voluntad del mundo, dar cumplimiento del artículo 36".

El voto ponderado no es posible

Sergio Romero, portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos, recordaba la propuesta de su grupo: que la Mesa esté compuesta por cinco miembros, uno por cada grupo, con voto ponderado, pero ha lamentado que ello no es posible porque "este voto no vale para la Mesa al ser votos particulares".

Así pues, "ahora es el momento de hacer una reforma profunda del Reglamento". Profunda pero sin prisas: a Ciudadanos la ejecución de la sentencia no le afecta en su representación. Las prisas son para IU y su aliado Podemos, pero para ello necesitan tender la mano al PSOE y, en opinión de este, no lo han hecho.