Hay un paralelismo procesal, o mejor dicho, puede acabar habiendo un paralelismo procesal entre la instrucción, ya casi concluida, del caso de los ERE y la instrucción, apenas iniciada, del concurso minero de Aznalcóllar. El paralelismo no está, naturalmente, en la envergadura ni en la naturaleza de ambos casos, pues en los ERE pasó de todo y en Aznalcóllar, que sepamos hasta ahora, no ha pasado nada. Y mientras que en los ERE hubo una responsabilidad política, como mínimo, por la escandalosa falta de vigilancia sobre el destino y el uso de grandes cantidades de dinero público, en Aznalcóllar lo único que ha habido es un concurso público internacional publicitado desde primera hora y con el pliego de condiciones a la vista de todo el mundo, pero sobre el que pesa una prolija investigación policial a raíz de la querella interpuesta por la empresa perdedora del mismo. El celo policial cree haber descubierto irregularidades significativas y así parece considerarlo también la juez instructora, de manera que lo prudente será esperar el desenlace de esas pesquisas, cuya filtración parcial e interesada no es, por cierto, suficiente argumento para insinuar que la investigación esté inspirada o teledirigida políticamente. A fin de cuentas, todas las filtraciones son, por definición, parciales e interesadas. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]CIVIL, ADMINISTRATIVO, PENAL[/cita] El paralelismo entre Aznalcóllar y los ERE estaría, y de ahí que sea tan perturbador, en el hecho de que una cuestión civil propia del derecho administrativo se acabe dirimiendo en el campo de batalla y con las armas del derecho penal, cuyos daños colaterales son –también por definición– imposibles de prever y aun de acotar por quienes las esgrimen. El paralelismo está en que la jueza Patricia Fernández y la propia Fiscalía –puede que por convicción profesional pero puede también que arrastradas por el intenso clima de culpabilización generalizada de la política– acaben imputando a directores generales, jefes de servicio, técnicos, letrados o interventores, puesto que, técnicamente, una imputación no presupone al fin y al cabo culpar a nadie, sino solo investigarlo. Pero eso es técnicamente, claro. Aquí y ahora, en la taciturna y resentida España de 2015 políticamente, socialmente, moralmente, periodísticamente... imputar equivale a condenar. No habría que olvidar que la inmensa mayoría del medio centenar largo de políticos imputados en los ERE no pudieron sospechar ni en sus peores pesadillas que un día verían destruidas sus carreras políticas, lastradas sus opciones profesionales y mancillado su buen nombre porque alguna vez participaron en la elaboración de unos Presupuestos, en la dotación de unas partidas, en la aprobación de un gasto o en la ampliación de unos créditos a la postre mal administrados por otros. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UNA CONDENA EJEMPLAR[/cita] No es imposible que algo así pueda volver a suceder, ahora con Aznalcóllar. ¿Y por qué habría de suceder? Tal vez por la misma razón que han sucedido cosas como que el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco haya sido condenado –pocas veces una condena habrá sido tan ejemplar– nada menos que ¡a cuatro años de cárcel! por haber colocado irregularmente a dos militantes de su partido en empresas municipales a las cuales no acudían a trabajar. ¿Y cuál sería el nexo de unión entre los ERE, Pacheco y Aznalcóllar? Sencillamente, que el clima social en relación a la conducta de los políticos se ha vuelto tan paranoicamente inquisitorial y vengativo que hasta la justicia puede caer en la tentación de tornarse justiciera rebuscando sin descanso en su arsenal hasta dar al fin con la sentencia –o con la imputación– ejemplar que hoy la gente espera de ella. No quiere ello decir que en el concurso de Aznalcóllar no haya habido nada. No lo sabemos. Aunque la hipótesis del amaño sea del todo inverosímil, habrá que ver si lo ha habido. Desde luego, política y mediáticamente es como si ya lo hubiera ha habido: un lujo bastante incivil este de las insinuaciones culpabilizadoras que el periodismo y la política –bastante inciviles por cierto en estos tiempos– sí pueden permitirse, pero en lo que nunca deberían imitarlos la Policía ni la Justicia. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA[/cita] Hoy está tan mal visto que los políticos sean declarados inocentes que hasta el más concienzudo juez del Tribunal Supremo puede tener la tentación de curarse en salud ordenando que un responsable institucional sea sentado en el banquillo, antes que arriesgarse a archivar el caso so pena de ser él mismo acusado, mediante hábiles insinuaciones, de quién sabe qué connivencias con los poderosos. ¿Pero no será acaso toda esta reflexión fruto de una injustificada paranoia, cuando no de cosas peores? Y además, ¿cómo administrar unos reproches a la Justicia o a la Policía que, formulados sin la ponderación adecuada, pueden poner bajo sospecha un trabajo sin el cual, por otra parte, iríamos directos a la impunidad generalizada y de cabeza al caos social? No es fácil contestar a eso. Ni el más escrupuloso periodista, ni el más honesto político, ni el más prudente magistrado sabrían hacerlo. Pero que no tengamos una buena respuesta no significa que no debamos formularnos la pregunta.