No solo son los movimientos antidesahucios y los colectivos sociales quienes se oponen cada día a los desalojos. El fenómeno está extendiéndose a otros lares tales como ayuntamientos, algunos miembros de policías locales y como en este caso a la propia esencia de la ley, a los jueces. Y es que el drama de expulsar a familias a la calle está, a pesar de lo que diga el Gobierno central, adquiriendo tintes de drama social.

Vivienda social del Ayuntamiento de Sevilla
En concreto un juzgado de Sevilla ha rechazado desalojar a los ocupantes de una vivienda social de la empresa municipal EMVISESA porque el Ayuntamiento sevillano no ha demostrado daño alguno, al no haberla adjudicado a otra persona necesitada.

El juzgado deniega el desalojo
La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (ADAIS), que defendió a la familia, informa en un comunicado de que EMVISESA solicitó la medida provisional de desalojo y el juzgado de instrucción 10 se la ha denegado porque no ha acreditado daño, ya que no hay adjudicatario de esa vivienda.

Es una vivienda sin adjudicar a ninguna familia
En enero pasado, el juzgado requirió a EMVISESA para que acreditara si la vivienda ocupada por R.G.O. y R.R.A. había sido adjudicada a alguna otra familia en situación de exclusión social.

A principios de febrero, EMVISESA no había remitido al juzgado documento alguno que justificara que el piso se encontrase en fase de adjudicación a una familia sin recursos y con necesidades de vivienda, por lo que el abogado de ADAIS ha solicitado el sobreseimiento de la causa por ocupación.

El juez alega que no hay daños en la vivienda
Argumenta que, con independencia de que se trate de una familia sin recursos, con la ocupación no se ha producido ningún daño a la empresa municipal y además, siendo una vivienda pública y con carácter social que se encuentra desocupada y sin adjudicación, en dicha situación no se cumpliría con la función social de la propiedad.