El juez Ruz lo pidió recientemente y ya lo tiene sobre su mesa. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el 'caso Gürtel', un informe ampliatorio sobre el procedimiento de contratación de los servicios desarrollado por el Ayuntameinto de Jerez con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2004, donde ya se detectaron numerosas irregularidades. Los hechos coinciden en el tiempo con la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa de la localidad en un gobierno de coalición con el PSA de Pedro Pacheco. Como adelantó andalucesdiario.es en su edición del pasado día 5, Ruz dictó una providencia reclamando a la Unidad de Auxilio de la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, un informe sobre las posibles irregularidades detectadas en el Ayuntamiento durante la investigación de la ramificación jerezana de la trama Gürtel que desde febrero del año pasado viene realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El informe elaborado a petición del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se centra en sus 70 páginas en analizar y evaluar los expedientes de contratación realizados con el fin de verificar que en su tramitación se ha cumplido con lo dispuesto en las normas reguladoras de la contratación pública en la materia y ámbito que sea de aplicación y también que se han garantizado y cumplido los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia. Detalla el informe que se adjudicaron contratos por importe de 355.391,93 euros a empresas vinculadas a la 'trama Gürtel' para el montaje y gestión del estand --a Special Events, S.L. por 162.806,37 euros--, publicidad y propaganda --a Teleanuncio, S.L. por 141.362,56 euros--, para el acondicionamiento de la plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre --a Down Town Consulting por 39.366,92 euros-- y para un espectáculo flamenco en los Jardines de Cecilio Rodríguez --también a Down Town Consulting por 11.855,08 euros--. 53.355,22 EUROS BAJO SOSPECHA En sus conclusiones, la IGAE considera acreditado, durante el irregular proceso de contratación, "el papel de intermediación de Isidro Cuberos", consejero propuesto por el PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando lideraba el PP-A. Señala que Cuberos cobró por sus gestiones nada menos que 53.355,22 euros. Apuntan los peritos que el personal de las distintas empresas del Grupo FCS (Francisco Correa Sánchez --presunto cabecilla de la 'trama Gürtel'--) iniciaron gestiones, realizaron contrataciones y efectuaron distintos pagos a proveedores de servicios para la ejecución del estand de Jerez en Fitur 2004 y los eventos relacionados "con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de dichos servicios por parte del IPDC". La documentación administrativa confeccionada por las tres mercantiles señaladas al objeto de presentarse a los "concursos negociados sin publicidad" --lo cual el IGAE pone en entredicho al no considerar justificada la "imperiosa urgencia" e imprevisibilidad que marca la normativa-- fue elaborada y entregada al instituto municipal "una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes después de su finalización". BAILE DE FECHAS Por su parte, los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos en los contratos suscritos, "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos". Sostiene que, con posterioridad a la realización de los trabajos, "personal del Ayuntamiento y del IPDC confeccionó los diferentes documentos administrativos y estableció los procedimientos de contratación necesarios para dar al expediente una apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo". En consecuencia, concluye que los expedientes mencionados fueron adjudicados "al margen de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública". "ELEVADAS CANTIDADES DE DINERO" El informe de la UDEF, en poder del juez Ruz desde hace tiempo, advertía que el Ayuntamiento de Jerez manipuló presuntamente las documentos oficiales del expediente. Este habría sido el caso del envío del pliego de condiciones a tres empresas para que realizaran sus ofertas: tiene fecha del 9 de enero de 2004, pero dicho documento no existía en esa fecha, sino que fue creado un mes después, el 11 de febrero, según demostraría la huella digital del mismo, lo que técnicamente se denomina metadatos y que es el rastro que dejan en cualquier ordenador las operaciones que se hacen en el mismo para crear un determinado documento. Fue la UDEF quien aconsejó al juez que le tomara declaración a Isidro Cuberos, al que considera como el mediador entre Gürtel y el Ayuntamiento de Jerez y al que le acusa del cobro de comisiones. La UDEF sostenía que Cuberos recibió de las empresas de Correa “elevadas cantidades de dinero por tales trabajos, que se reciben mediante el  pago de una factura emitida por parte de una empresa de su propiedad (Cuberos Comunicación SL), a nombre de Special Events, SL”. LA UDEF CITA A LA ALCADESA En su informe de 54 páginas la Policía Nacional también cita a las personas que considera "intervinientes en el procedimiento formal de adjudicación" de la instalación de los 'stands' de Fitur del año 2004 a empresas de la GürtelEntre ellas, destaca la que hoy sigue siendo alcaldesa y senadora por el PP, María José García Pelayo. En el informe policial también aparecen los nombres del que era secretario del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, Manuel Báez, y el teniente de alcalde Bernardo Villar. Hasta ahora, el grueso del caso Gürtel se centraba en Madrid y Valencia. De forma periférica, había 'tocado' al resto de España. En Andalucía, no obstante, el caso Gürtel era muy residual. Afectaba a los hermanos Galeote en Estepona y a la organización de campañas electorales en Andalucía en los años 2003 y 2004. También y como exsecretario general del PP, a Javier Arenas. Sin embargo, hasta ahora no había un caso Gürtel en Andalucía que estuviese siendo investigando de manera exclusiva por una unidad de la Policía Nacional. Hasta ahora.