Lo que, en principio, podría haberse quedado en un oscuro incidente procesal sin mayor trascendencia política ni mediática ha acabado convirtiéndose en una derrota de la defensa del expresidente José Antonio Griñán. El caso es algo abstruso: solo para lectores muy familiarizados con sus innumerables recovecos. La filtración periodística de un informe pericial encargado por Griñán sobre las transferencias de financiación –firmado por dos prestigiosos catedráticos y presentado al instructor de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro– debió de poner en alerta a la juez Mercedes Alaya, que reclamó –y consiguió– que ese informe fuera remitido a su juzgado para ser valorado por ella misma, y no por Barreiro como quería Griñán. Lógicamente, sin publicidad del caso tanto la juez como Barreiro habrían actuado igual, pero sin duda el desenlace final del incidente no habría sido noticia de primera página. ¿UN ERROR TÁCTICO? En lo que tal vez pueda considerarse un error táctico, al hacerse público ese movimiento de la defensa de enviar su informe al Supremo para que éste –y no Alaya– lo contrastara con el trascendental informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en que la juez funda su acusación contra Griñan, Chaves y tres de sus exconsejeros, esa publicidad se ha convertido en un revés para la estrategia de defensa del expresidente dirigida por el abogado José María Mohedano, ya que el juez Barreiro le ha quitado la razón frente a Alaya, con quien, por cierto, Mohedano ya ha tenido más de un encontronazo. Así pues, el magistrado del Tribunal Supremo ha remitido a la juez la pericial de parte presentada por Griñán y le ha contestado que corresponde a ella decidir si emplaza a los peritos de parte y de la IGAE para ratificar sus informes sobre el caso. Alaya ha fijado ese emplazamiento para este jueves 19. UN TRÁMITE QUE SE  HA HECHO ESPERAR El alto tribunal responde así al escrito que le presentó el pasado día 12 la defensa de José Antonio Griñán pidiendo a Jorge Barreiro que instara a la juez Alaya a abstenerse de realizar la diligencia de ratificación de los dos informes periciales que obran en la causa. Se trata del realizado por los peritos de la IGAE y el presentado por Griñán y que firman los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago oponiéndose a las tesis de los primeros de considerar delictivas las denominadas "transferencias de financiación". Las defensas de distintos imputados han venido quejándose de forma reiterada de que Alaya no había sometido a ratificación el informe de los peritos de la IGAE, lo que significa que sus clientes no habían tenido la oportunidad de contradecir su contenido con informes o argumentos que, como el de Griñán, hacen una interpretación radicalmente distinta del uso de las transferencias de financiación para pagar los ERE y otras ayudas a empresas en crisis. UN INFORME HURTADO A LAS PARTES Otra queja de esas mismas defensas es que la juez les hurtó el acceso a ese informe de la IGAE durante meses, tiempo durante el cual la instructora ya lo tenía en su poder mientras que los imputados lo desconocían. Quedaba así menoscabado su derecho de defensa, dado que habrían sido interrogados 'con ventaja' por Alaya, conocedora en solitario de los reproches legales de la IGAE a la conducta de los imputados en relación al uso de las transferencias de financiación. La decisión de remitir a la juez de Sevilla el informe de parte, a lo que se oponía Griñán en su escrito, la adopta ahora Barreiro por "razones obvias de auxilio judicial", según una providencia dictada por el instructor de la causa. En su escrito, Griñán pedía expresamente al magistrado Jorge Barreiro que ordenase a Alaya abstenerse de realizar la ratificación de los informes de la IGAE, puesto que de hacerlo en el Juzgado de Sevilla, donde él no es parte, se le causaría indefensión. BARREIRO DEFIENDE LA AUTONOMÍA DE ALAYA El abogado de Griñán, José María Mohedano, defendía en su escrito que dicha ratificación se debía hacer en todo caso en el Supremo y cuando lo decidiera el magistrado instructor del alto tribunal. Respecto a este punto, la providencia dictada especifica que es a Alaya a la que corresponde decidir "con autonomía la fecha, extensión y condiciones procesales en las que practicar esta diligencias" sin perjuicio de que las partes puedan interponer recursos ante el órgano competente, que es la Audiencia de Sevilla. La magistrada había solicitado el informe de parte en el marco de la ratificación ante su Juzgado del estudio judicial encargado a la IGAE, de forma --dice el escrito-- que "no es descartable que pretenda preguntar a estos peritos sobre su contenido". PIDEN LA SUSPENSIÓN Por otra parte, varios exaltos cargos de la Junta imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han pedido a la juez Mercedes Alaya que suspenda la comparecencia prevista para el próximo jueves de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado al no disponer del informe pericial presentado ante el Tribunal Supremo por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán. En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que varios exaltos cargos de la Junta imputados en la causa, entre ellos los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara, han presentado un escrito en el que piden la suspensión de esa comparecencia bajo el argumento de que no se les ha dado traslado del informe pericial aportado por la defensa de Griñán y que le ha sido remitido por el Tribunal Supremo a la juez Alaya, y así poder estudiarlo antes de la comparecencia de los peritos de la IGAE.