En 2015 se iniciaron 9.866 expedientes de ejecución hipotecaria sobre hogares de familias andaluzas que no pudieron hacer frente al pago de las hipotecas, según datos difundidos por UGT Andalucía. En la mayor parte de los casos, esta circunstancia se dio tras haber sido víctimas de algún tipo de proceso de despido o de pérdida de puestos de trabajo, recuerda el sindicato. Un comunicado de UGT recuerda, citando datos oficiales, que durante el cuarto trimestre de este año se han iniciado en Andalucía  2.468 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas, lo que supone el 27,49% del total de las iniciadas en el conjunto del Estado y un nuevo incremento en el porcentaje que nuestra Comunidad Autónoma supone del total estatal. La cifra supera en prácticamente un punto y medio el dato registrado durante el tercer trimestre y supone una nueva subida del 6,55% sobre el valor que se obtuviera durante el mismo trimestre del pasado año. “De esta forma, a lo largo de 2015 han sido casi 10.000 (9.866) las familias trabajadoras andaluzas que han tenido que ver como se ha iniciado un expediente de ejecución hipotecaria sobre sus hogares al no poder hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias. No podemos olvidar que, en la mayor parte de los casos, esta circunstancia se da tras haber sido víctimas de algún tipo de proceso de despido o de pérdida de sus puestos de trabajo”, explica el sindicato. Igualmente, “si agregamos los últimos dos años (el total de estadísticas ofrecidas por el INE) podemos observar como, en este periodo, la alarmante cifra de familias andaluzas que hacen frente a una posible expulsión de su hogar asciende ya a 18.623”. Para la federación andaluza del sindicato, “los trabajadores andaluces somos las principales víctimas de esta crisis del capitalismo moderno y especulativo. Y todo parece indicar que también seremos los que más tarde nos subamos al selecto tren de la recuperación económica. Las consecuencias de la pérdida de nuestros puestos de trabajo y, con ello, de nuestros hogares al no poder pagar las hipotecas están incrementando, hasta valores alarmantes, las cifras de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Este es el principal efecto de la crisis y  la lucha por la recuperación de los derechos perdidos por estas familias es uno de nuestros más firmes compromisos sindicales”, concluye.