La transparencia es la mejor auditoría para fiscalizar el trabajo de las administraciones públicas en vivo y en directo, es más barata que otras herramientas y recursos de control y permite un trabajo colaborativo que redunda en una mayor calidad de la gobernanza. Es, por lo tanto, la receta más constructiva para el gobierno de la Junta de Andalucía autodenominado como el del cambio.

España ha sido uno de los últimos países europeos en dotarse de una ley de transparencia. Nuestro fuerte era la opacidad hasta la entrada en vigor de la ley de transparencia y buen gobierno en 2014, aunque todavía está pendiente el reglamento que la desarrolle.

Al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, me parece que se le ha escapado un comentario que me ha sorprendido: “hay cosas que se pueden contar, otras  que se pueden medio contar y otras que no se pueden contar.” Yo creo que toda la actividad de los gobiernos sean locales, provinciales, autonómicos o estatales tiene que ser transparente.

La información pública debe ser abierta y reutilizable para que sirva para mejorar la productividad económica, social y política de las ciudades, de las provincias, de las comunidades autónomas y del Estado. Es un poco descorazonador que buena parte del trabajo de la oposición en los parlamentos se consuma en intentar sacarle al gobierno de turno lo que este se reserva. Lo razonable sería un trabajo colaborativo de todas las fuerzas políticas parlamentarias para que con todos los datos disponibles buscar entre todos las mejores soluciones a los problemas ciudadanos.

Cuando se entra en el portal de Transparencia de un ente público siempre hay una pestaña para solicitar más información que la ya publicada y entre las advertencias que se incluyen para formular bien la petición, está la de leer las respuestas negativas a las solicitudes que se han hecho a lo largo del tiempo desde la entrada en vigor de la ley.

Se pretende de esta forma evitar que se formulen peticiones que ya se han denegado y la consiguiente pérdida de tiempo del que pregunta. Lo que realmente sorprende es que la administraciones estatal y autonómica no publiquen las respuestas positivas a las peticiones de ampliar la información en un campo concreto.

La Administración Pública ahorraría tiempo y dinero, en muchos casos, al no tener que repetir respuestas y, además, se mejoraría la transparencia al añadir más datos al portal de Transparencia respectivo.

Este es un ejemplo de medidas que no acarrean gasto alguno, que aumentan la productividad administrativa y que facilitan una mayor empatía entre la ciudadanía y sus representantes.