El jueves 10 de octubre descargué de la web de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros -o de lo que quede de ellas- un extraordinario artículo titulado “Ayudas públicas a la banca en el contexto europeo”, firmado por Joaquín Maudós, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. El viernes 11 en El País, José Carlos Díez (del blog “El economista observador”, autor del libro “Hay vida después de la crisis”) publicaba un artículo, “España japonizada” del que se destacaba un párrafo en la edición impresa: “hay que dejar de ayudar a los bancos y ayudar directamente a empresas y familias”. Se trata de dos artículos que, leídos al mismo tiempo, aportan información de gran relevancia para saber por qué cada vez hay más voces críticas hacia las medidas de saneamiento financiero que se están llevando por delante el presente y el futuro de millones de personas en toda Europa.

Cree el autor del artículo que "alguien debería explicar y recordar a los jóvenes que militan en el Partido Popular que el franquismo fue una ciénaga de corrupción política y económica" El parlamentario socialista Enrique Benítez analiza las ayudas a la banca"



Vamos a dar algunos datos, procedentes del primero de los artículos citados:

1.- “Las ayudas públicas en forma de capital han alcanzado la cifra de 673.000 millones de euros [se refiere a la zona euro y al período 2007-2012], lo que representa el 5’2% del PIB de la UE”.

2.- “De esas ayudas públicas, casi la cuarta parte se da por perdida, lo que supone un aumento acumulado del 1’2% del PIB”. Estamos hablando de 170.000 millones de euros.

3.- “Entre pasivos contingentes (esto es, todos esos suelos y viviendas que, por ejemplo en España, acumula la SAREB o Banco Malo) e inyecciones de capital, las ayudas públicas concedidas a la banca europea desde el inicio de la crisis alcanzan un total de 1’3 billones de euros, equivalente al 10% del PIB de la UE-27”.

Si comparamos estas cifras descomunales con los recortes que está soportando la sociedad española, es difícil saber por qué se persevera en un camino que está destruyendo empleo, diezmando el tejido empresarial, precarizando las relaciones laborales, privatizando derechos, desmantelando escuelas y universidades, paralizando la inversión pública, exterminando la ciencia, maltratando a los mayores y a los dependientes, ninguneando a una sociedad en su conjunto. Y en un contexto europeo, todavía es más difícil de entender cuando se está empujando a millones de ciudadanos a elegir a partidos políticos de la ultraderecha o antisistema como protesta ante una situación de malestar sin precedentes.

Las ayudas a fondo perdido a la banca, por lo tanto, comienzan a ser no sólo una medida cuestionable de política económica. También comienzan a ser medidas más que discutibles de carácter político, y sobre todo, se han convertido en un auténtico expolio social. Se sabe que hay que evitar que en la banca se produzca una crisis sistémica. Se sabe que es necesario que se recupere la solvencia y que fluya el crédito, la gasolina del sistema. Pero no puede hacerse todo esto sin contraprestaciones del sistema financiero, y sobre todo no puede ser lo único que se esté haciendo.

En España, todas las organizaciones sociales están poniendo de manifiesto el intenso drama social que se está viviendo en miles, millones de hogares. Lo ha hecho UNICEF, lo ha hecho Intermón Oxfam, lo han hecho Médicos del Mundo y por supuesto Cáritas, en su más reciente edición del Observatorio de la Realidad Española. Desde los efectos del desempleo masivo a la desnutrición infantil, para una fanática y elitista casta de dirigentes parece que todo vale en ese interminable proceso de ajuste durísimo que está sufriendo la mayoría de la sociedad española en su particular calvario por los pecados de la avaricia bancaria. Alguien, en algún momento y en algún lugar, debería decir “ya basta”.

Porque lo peor de todo es que ni los responsables han pagado por las consecuencias de su mala gestión, ni los supervivientes parecen dispuestos a realizar sacrificios. No se trata de profundizar en los aspectos más técnicos de la gestión de la crisis, pero dejemos señaladas dos cuestiones: ni el sistema financiero parece receptivo a las recomendaciones del Informe Vickers (para evitar que esto pueda volver a ocurrir) ni la Comisión Europea muestra la diligencia precisa para agilizar la normativa que limita los escandalosos salarios y bonus de los directivos del sistema financiero. Unos pagamos la crisis, otros viven cómodamente a pesar de la crisis.

Volvamos a España, y al artículo del profesor Maudós. Se pregunta qué parte de las ayudas públicas a la banca entregadas para mejorar su solvencia se han perdido. Y contesta con rigor según los parámetros de la Unión Europea: en Bankia el 82%, en CatalunyaCaixa el 92%, en NovaCaixaGalicia el 84% y en el Banco de Valencia el 100%. España ha tirado por el sumidero de las ayudas públicas a la banca en torno a 40.000 millones de euros, según reconoce el propio Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y esto aún no ha terminado. La crisis alimenta la crisis, porque suben los tributos, bajan los salarios, se destruye empleo, desaparecen el consumo y la inversión y todo eso repercute en esa morosidad que al final pagamos entre todos para evitar que se caiga el sistema. Cuando ya no quede nada, será demasiado tarde. Me pregunto a qué estamos esperando.

 

* Enrique Benítez es diputado socialista por Málaga en el Parlamento andaluz