La principal novedad del escrito del juez Barreiro sobre la trama de los ERE es que no contiene ninguna novedad. Mejor dicho, no hay ninguna novedad en el relato, aunque sí la haya en el relator. No es lo mismo que lo que dice Alaya lo diga solo Alaya a que lo diga también un juez del Tribunal Supremo. Tan no es lo mismo que los ex altos cargos imputados han dejado de manera fulminante sus escaños en el Congreso. Tan no es lo mismo que el caso de los ERE ha entrado en una nueva fase cuyos efectos políticos están todavía por ver. Al sostener Barreiro lo que sostiene Alaya se vienen abajo los argumentos ‘ad hominen’ tan reiteradamente utilizados durante estos años contra la extitular del juzgado 6 de Sevilla. Lo que antes era solo Alaya, ahora es la Justicia. Se desvanece así la última esperanza de los dirigentes imputados de salvar los últimos restos del naufragio político. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LAS LAGUNAS DEL RELATO[/cita] Pero leyendo con atención sus 129 folios es difícil encontrar un titular distinto de los ya publicados sobre los autos de Alaya porque, en su exposición, Barreiro llega a las mismas conclusiones que Alaya, exactamente a las mismas: de hecho, su exposición adolece de las mismas debilidades que las de la jueza, como dar por cierta una alarmante facilidad para engañar al Parlamento, implicar a todo el Gobierno pero sin atreverse a inculparlo o no explicar de manera convincente cómo fue posible que durante diez años ningún funcionario, ningún parlamentario, ningún interventor, ningún consejero de la Cámara de Cuentas… se diera cuenta de nada. ¿Tan diabólicamente hábiles eran los gobiernos de Manuel Chaves para engañar a tanta gente durante tanto tiempo, y para hacerlo además a la vista de todo el mundo, puesto que los principales ERE subvencionados eran de conocimiento público? La tesis de Alaya, que ratifica Barreiro, es que se creó, con el conocimiento expreso del presidente de la Junta, un mecanismo deliberadamente ilegal para esquivar los controles de la Intervención y poder otorgar ayudas sociolaborales a empresas en crisis de manera discrecional y arbitraria. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]ENGAÑAR AL PARLAMENTO[/cita] Y que para llevar a efecto ese plan de ocultación se falsearon los Presupuestos incluyendo en ellos información con el fin de “inducir a error” al Parlamento, dado que la documentación presupuestaria era “críptica, confusa y equívoca, ya que de su contenido no podía colegirse ni siquiera qué órgano concedía realmente las subvenciones: si era la Consejería de Empleo o el IFA-IDEA”. Pero para que todo ello fuera posible era imprescindible la colaboración de la Intervención General de la Junta, una institución independiente cuyo responsable máximo –Manuel Gómez, también imputado– es nombrado, ciertamente, por el Gobierno pero que está formado por un cuerpo independiente de funcionarios de alta cualificación. ¿Por qué habrían mirado todos ellos hacia otro lado? El escrito no lo explica. Sostiene Barreiro que el interventor general prefirió simplemente, no “hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto”. Es decir, Gómez habría decidido jugarse su carrera profesional y su buen nombre haciendo la vista gorda –es decir, prevaricando– sobre una monumental ilegalidad para salvar un cargo que no necesitaba, favorecer a un partido en el que no militaba y congraciarse con unos políticos a los que apenas conocía. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LA (INVISIBLE) MADRE DEL CORDERO[/cita] Y por otra parte: los interventores de la Consejería del Empleo o del IFA-IDEA, que no debían su puesto a nadie, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué, al auditar por ejemplo las cuentas del IFA, no pusieron objeciones ni reparos a las mismas, cuando precisamente en opinión de Alaya y de Barreiro ahí estaba una de las madres del cordero, dado que año a año se habrían falseado los presupuestos de la entidad para presentar como gastos de explotación lo que en realidad eran pagos encubiertos de subvenciones? ¿No pudo ocurrir que no advirtieran nada raro porque entendían, simplemente, que podía haber una mera disfunción entre la normativa contable y la normativa presupuestaria, pero nada más? Es, ciertamente, legítimo hacer todas estas preguntas y muchas otras, pero de poco sirve hacerlas. Barreiro ha mandado a Chaves, Griñán, Zarrías y Viera al banquillo porque piensa que hay indicios sólidos de delito y esa circunstancia no puede ser soslayada por el discurso socialista. Al PSOE solo le cabe ya sentarse a esperar la hora del juicio. Pero no va a ser una espera plácida dado que la exposición razonada de Barreiro no es una mera propuesta de procesamiento: políticamente es una condena en toda regla, una condena contra la que no cabe recurso y de cuyo letales efectos es imposible escapar. Esa es la verdadera novedad de su escrito.