María Teresa Soriano, fiscal de menores en Málaga, recomienda a las asociaciones que trabajan con menores que animen a las familias a denunciar los casos de abusos sexuales que se dan en el ámbito de la propia familia, aunque son delitos que se instruyen a instancia de parte. La fiscal dijo que comprende lo difícil que lo tienen los equipos de evaluación, diagnóstico y tratamiento cuando trabajan con un menor del que ha abusado un padre o un tío y la madre no se atreve o no quiere denunciar el caso. “Sé que es difícil convencerla porque cada caso tiene unas circunstancias, pero hay que perderle el miedo a la denuncia”, agregó. La experiencia, dijo, demuestra que la mayor parte de los actos de violencia sexual contra menores son cometidos por miembros de la propia familia del menor o por personas muy allegadas y que sólo un dos por ciento de los casos acaban en denuncia formal cuando se conocen. María Teresa Soriano hizo estas declaraciones durante una mesa redonda de las jornadas nacionales 'Del daño a la recuperación en los menores víctimas de violencia sexual y sus familias', que se están celebrando en El Puerto de Santa María, y a la que asisten más de 90 profesionales de distintos ámbitos que trabajan en la protección de menores. Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de El Puerto, en colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos y la Fundación Promoción Social de la Cultura. UNA BUENA LEY Soriano elogió la Ley que regula el Estatuto de la Víctima aprobada en abril de 2015. Afirmó que es una ley fantástica porque incorpora muchas medidas para la protección de las víctimas menores de edad, pero que hace falta llevarla a la práctica con medios que aún faltan. Enumeró los avances que la ley incorpora para proteger a los menores tanto en la fase de la investigación, de instrucción del sumario, como en la fase del juicio y aseguró: “Todas las pruebas con menores víctimas de violencia sexual deberían ser grabadas para evitar la victimización secundaria”. Por victimización secundaria se entienden los daños psicológicos que puede sufrir un niño que ha sido agredido sexualmente cuando luego tiene que repetir ante la policía, los servicios sociales, el fiscal o el juez lo que le ocurrió. La fiscal de menores de Málaga agregó que las grabaciones realizadas durante la investigación y con valor de prueba en el juicio, incorporando la posibilidad de la contradicción del abogado defensor, deberían hacerse de manera automática para evitar que el menor tenga que repetir varias veces su testimonio. Teresa Soriano dijo que es verdad que no hay aún medios para lograrlo aún, pero dijo que a veces se hace con los pocos medios de que se dispone y que suele resultar efectivo. Soriano recomendó también la lectura de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de un abogado defensor de un agresor que alegó que el menor no fue informado de que tiene derecho a no declarar contra sus familiares, en este caso su padre, que era su agresor sexual. El Supremo establece que un menor con cuatro años de edad no tiene madurez suficiente para decidir sobre esta cuestión, y que en este caso es su representante legal, su madre, la que debe decir si debe o no declarar contra el familiar que le ha agredido sexualmente. EXPLORACIÓN MÉDICA: NUNCA EN COMISARÍA Jesús García Pérez, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social, pronunció una conferencia titulada Intervención desde un punto de vista sanitario ante la violencia sexual a menores. El pediatra explicó detalladamente cómo debe actuar un equipo sanitario para obtener las pruebas médicas que sean útiles en la persecución de un delito de violencia sexual con menores y llevar a juicio al presunto agresor. El doctor dijo que ante todo la enfermera y el médico deben proceder con mucha calma, llevar al niño o la niña a unas dependencias confortables, aisladas y atenderlo en un ambiente relajado. “Nunca debe hacerse la exploración de un menor en una comisaría de policía”, advirtió el pediatra. García Pérez que, siempre que sea posible, el ginecólogo o el pediatra que atienda al menor debería ser una mujer y que en caso de que la menor sea de cultura musulmana nunca la atienda un hombre. “Hay que respetar siempre las exigencias de la víctima y su familia”, enfatizó el doctor. PALIAR EL SENTIMIENTO DE CULPA “Nuestro único interés debe ser el bienestar del menor”, añadió. Explicó que hay que recoger textualmente las palabras con que se expresen los menores, nunca traducirlos a un lenguaje corrector o técnicos. Añadió que hay que dar refuerzo positivo al menor a cada paso para que ayude a esclarecer lo ocurrido. “Hay que quitarle el sentimiento de culpa que algunos arrastran y reducir su miedo al agresor”, añadió. El pediatra dijo que también hay que observar el lenguaje no verbal de los menores agredidos. “A veces hay silencios mucho más elocuentes que el lenguaje verbal. Hay que mirarlos a los ojos y ofrecerles confianza”, agregó. El presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social explicó luego cómo hay que tomar las muestras y hacer los análisis médicos del menor para que luego tengan validez como prueba judicial. Advirtió que hay que hacerlo todo con el consentimiento de los padres biológicos de los menores y si no se obtiene hay que llamar la fiscal y pedirle que consiga una autorización judicial para hacer los análisis y las pruebas médicas complementarias. HAY DELITO AUNQUE NO HAYA CONTACTO Eva González Ortega, doctora en psicología de la Universidad de Salamanca, ofreció una conferencia titulada Qué entendemos por violencia sexual contra menores y cómo detectarla. González baso su exposición en lo que entienden por abuso sexual organismos internacionales como el Consejo de Europa o el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Del primero citó que también incluye como formas de abuso sexual la prostitución infantil, la pornografía infantil, la corrupción de menores o las proposiciones con fines sexuales que se le hagan a los menores aunque no se materialicen con contacto físico. Del Comité de Derechos del Niño explicó que también considera delitos de abuso los matrimonios forzados de niñas o niños menores de edad, la violencia sexual entre menores o la creación, publicación y difusión de material sexual con menores. La doctora en Psicología explicó que hay autores como el catedrático Félix López que tienen un concepto más amplio del maltrato sexual. No sólo lo es el que supone abuso, agresión o utilización del menor, sino también la vulneración de su bienestar o la privación de sus derechos, incluido el que tiene a una sexualidad sana con otros menores. Félix López considera que hay maltrato sexual cuando se dan abusos, cuando se explota la sexualidad del menor con fines comerciales, cuando no se acepta su identidad sexual ni se permite la orientación sana de sus deseos sexuales o cuando se les discrimina en razón de su sexo. Eva González explicó que hay dos componentes que son imprescindibles para que haya abuso sexual de un menor: la asimetría de edad entre la víctima y quien abusa de él, y/o la coerción. Otros autores añaden a la diferencia de edad y la posición de autoridad, el uso de la fuerza y el engaño. “Basta que se dé uno de estos elementos para que haya abuso sexual”, dijo la doctora, que añadió que también hay menores que son agresores sexuales y recordó que un tercio de los casos que se dan tienen a un niño como ofensor. CONDUCTAS ABUSIVAS La doctora detalló qué se consideran conductas abusivas y precisó que su clasificación gradual, desde los tocamientos a la penetración está hecha con un criterio técnico o profesional pero no clínico. Con esto quiso decir que las secuelas y los traumas que pueden acarrear a los menores que la han sufrido no dependen de esta graduación. Es decir, que una simple coacción o tocamiento puede tener en un menor peores consecuencias traumáticas que en otro niño o niña una penetración. González recordó que la modificación de la Ley de Infancia ha elevado a 16 años la edad que limita si hay o no delito, en función de si hay consentimiento o no, pues antes estaba en los 13. Es decir, antes la relación sexual con un niño o una niña de 14 años no era delito si esas relaciones eran consentidas. Ahora lo es, aunque estén consentidas. Pero la doctora agregó que hay excepciones a esta regla: cuando la relación es consentida y la persona con la que tiene la relación es próxima en edad, madurez o grado de desarrollo. González también destacó que en la reforma de la ley se ha introducido como delito el abuso sexual sin contacto, por ejemplo cuando el menor no participa pero se le propone un encuentro o se le embauca para que participe del acto sexual, o cuando este tipo de contactos se hace a través del teléfono o Internet.