El expresidente andaluz Manuel Chaves ha sostenido ante el Supremo las mismas posiciones y parecidos argumentos que su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, pero ha marcado claramente distancias con este cuando, al ser preguntado por los periodistas a la salida del tribunal sobre el escándalo de los ERE, ha reconocido que hubo fraude, pero “si el fraude fue grande o pequeño” tendrán que determinarlo los jueces. Aunque sin citarlas, aludía así el presidente de la Junta durante 19 años a las palabras pronunciadas la semana pasada por Griñán en ese mismo escenario: “No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude”, dijo entonces el sucesor de Chaves en la Junta para referirse a los ERE. Sus palabras enfurecieron a dirigentes históricos del partido y de la Junta, según publicó este periódico. Por lo demás, Manuel Chaves ha recalcado ante el juez que durante su etapa al frente de la Presidencia de la Junta el Consejo de Gobierno "nunca jamás" adoptó "ninguna decisión ilegal" y ha defendido que las ayudas sociolaborales fueron "positivas" para los trabajadores y para combatir el desempleo en la comunidad. El actual diputado nacional ha comparecido durante dos horas y media ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados nacionales, en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas". ¿TRANSFERENCIAS INADECUADAS O ILEGALES? Chaves ha sido preguntado sobre el contenido del informe de los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para otorgar las ayudas socio-laborales investigadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación". En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación, aunque no llegan a sostener expresamente que fuera ilegal. La juez instructora Mercedes Alaya cree, en cambio, que ese procedimiento era la clave de arco de todo un plan concebido para eludir la fiscalización de los interventores. Tanto Chaves como Griñán defienden, en cambio, la legalidad del procedimiento y aducen en su defensa que la Intervención de la Junta nunca lo frenó ni dijo que fuera ilegal, como tampoco detectó menoscabo de fondos públicos. Si lo hubiera hecho, recuerdan, el procedimiento habría dejado de utilizarse de inmediato.