Nadie hizo bien su trabajo en el escalofriante caso de las tres jóvenes docentes de la Universidad de Sevilla de las que abusó sexualmente su jefe y catedrático Santiago Romero, ahora condenado a siete años de cárcel. ¿Habrían discurrido las cosas del mismo modo si las víctimas de los abusos hubieran sido alumnas de un centro de primaria o secundaria? Si la justicia o el colegio hubieran demorado la adopción de medidas cautelares, ¿lo habrían consentido las madres y padres de los alumnos del centro, los demás profesores, la propia sociedad? Si el director del colegio hubiera conocido testimonios verosímiles de abusos a sus alumnos, ¿habría permitido que el culpable siguiera dando clases aunque la justicia estuviera investigando el caso?

El Rectorado

No hizo bien su trabajo, desde luego, la Universidad Hispalense, y así lo reconocía este miércoles su rector, Miguel Ángel Castro, que, sin paños calientes, admitía la culpa de la institución que preside y pedía perdón por ello. Es cierto, no obstante, que fue la la propia universidad la que llevó el caso a Fiscalía, si bien el expediente disciplinario iniciado en noviembre de 2010 contra Romero, dos semanas después de la primera denuncia y dos meses antes de llegar ésta a los juzgados, quedó paralizado por imperativo legal.

El departamento

No hicieron bien su trabajo, sino más bien todo lo contrario, los miembros del departamento donde trabajaban las víctimas y su agresor, al que la mayoría de compañeros apoyaron cerradamente –tanto dentro de la Universidad como en la vista oral– en vez de compadecerse de las acosadas. La conducta general de los docentes del departamento de Romero, en la Facultad de Ciencias de la Educación, arroja una imagen desoladora de la Universidad.

Los medios

Tampoco puede decirse que hicieran bien su trabajo los medios de comunicación andaluces, que, tras publicar inicialmente la información del caso el diario Público, en febrero de 2011, apenas se hicieron eco de la denuncia. Seguramente si los medios se hubieran tomado más en serio el sufrimiento de las tres víctimas, la Universidad y la propia justicia habrían sentido una presión que jamás sintieron.

Los sindicatos

Los sindicatos también estuvieron ausentes en la defensa de las víctimas. Ni siquiera se dieron por enterados, aunque con una honrosa excepción: el minoritario Sindicato Andaluz de Trabajadores sí convocó el 22 de marzo de 2011 una concentración a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Educación para denunciar que a las profesoras se les estaba negando el derecho a trabajar por no someterse al acoso. El SAT también denunció en un comunicado “amenazas, denegación de estancias, manipulación y coacción a terceros en relación a las profesoras denunciantes”.

Las instituciones

Las propias instituciones encargadas de velar por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual y laboral tampoco puede decirse que hicieran demasiado bien su trabajo. Si hubieran asumido como cosa propia y urgente la denuncia, seguramente la justicia y la Universidad habrían sentido una presión institucional que nunca existió y se habrían visto impelidas a hacer mejor su trabajo. Si esas instituciones se hubieran preguntado pública y reiteradamente cómo era posible que siguiera en su puesto un profesor acusado de abusos sexuales por tres mujeres, ¿habría disfrutado Romero de la impunidad de que disfrutó?

La justicia

Y, por supuesto, hizo rematadamente mal su trabajo la justicia. Desde que el caso entró los tribunales hasta que ha llegado la sentencia han transcurrido nada menos que ¡seis años! La condena judicial llega tan escandalosamente tarde –sobre todo tratándose de un asunto donde cada día que pasaba era un calvario para las víctimas– que jamás podrá restañar el daño ocasionado por el agresor, que destruyó la carrera profesional de las tres mujeres y la salud psicológica y emocional en una de ellas.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, no ha escatimado reproches a la actuación de la institución que preside. Castro ha perdido “perdón a la sociedad”, ha dicho que “cuando uno de los nuestros comete actos como estos la universidad se empobrece", ha lamentado reiteradamente la "lastimosa" lentitud judicial y ha confirmado las medidas cautelares contra el docente: suspensión de actividad académica, aunque seguirá cobrando el 75 por ciento de las retribuciones básicas hasta que se solvente el expediente y prohibición de acceso a la Facultad de Educación.

'Nuestro hijo de puta'

Cuando, durante la concurrida rueda de prensa de ayer, Castro utilizaba la expresión ‘uno de los nuestros’ estaba, sin duda involuntariamente, haciendo un fiel retrato de lo sucedido realmente. Un retrato que era también un diagnóstico, pues si han sido tantas las instancias, comenzando por la propia Universidad, que no han hecho bien su trabajo en defensa de las víctimas ha sido en gran medida por el hecho de que el catedrático Romero era, en efecto y no solo para la Hispalense, ‘uno de los nuestros’.

Como aquel presidente norteamericano que decía que de cierto dictador de su patio trasero que "sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, cuando se denunció este caso la Universidad de Sevilla pareció decirse a sí misma lo que Franklin D. Rossevelt había dicho de Tacho Somoza: que el catedrático Romero tal vez fuera un abusador, sí, pero era ‘su’ abusador.