Los expresidentes socialistas del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves lo tienen claro: es imposible que el Gobierno autonómico pudiera engañar durante toda una década a los parlamentarios, de modo que estos no supieran que año tras año aprobaban en la Ley de Presupuestos un programa destinado a ayudar a empresas en crisis para que su impacto fuera el mínimo posible en el tejido industrial, en el empleo o en la renta de trabajadores que por su edad o su perfil tenían muy difícil volver a encontrar un empleo antes de llegar a la edad de jubilación.
Los beneficiarios
Los tres han declarado esta semana como testigos en el juicio de los ERE que trata de determinar si una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía cometieron prevaricación y/o malversación al crear, mantener o consentir un sistema de ayudas sociolaborales por el que se repartieron durante una década 850 millones de euros, la mayor parte de los cuales tuvieron como destino complementar la renta de más de 6.000 trabajadores hasta su edad de jubilación.
Muchos de esos extrabajadores siguen cobrando sus pólizas sin que la misma acusación que considera ilegales las ayudas y el procedimiento para concederlas les haya reclamado su devolución ni los haya llamado a la causa a título de beneficiarios a título lucrativo.
Falsear el Presupuesto
Determinar si el Parlamento conocía realmente lo que aprobaba es importante a efectos judiciales, pues el informe encargado por la juez Mercedes Alaya a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y de crucial trascendencia en el relato de las acusaciones, sostiene que “el Parlamento fue inducido a error”.
En el acto de ratificación de su informe, los peritos argumentaron que esa inducción al error de sus señorías fue posible “por el error a su vez contenido tanto en el Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo, como en el Proyecto de Presupuesto de IFA/IDEA, que había sido erróneamente elaborado por la Consejería de Hacienda”.
En el acta de esa sesión para ratificar las conclusiones de su informe, los peritos del Estado no dejaban lugar a dudas sobre el juicio que les merecía la actuación del Gobierno andaluz: “En esta ratificación –se lee en el acta– se ha querido evitar que el grave problema de fondo que fue el falseamiento de un presupuestos que indujo a error al propio Parlamento Andaluz, quedara eventualmente reducido a una mera discusión técnica sobre criterios de contabilidad. Lo que se hizo de manera ilegal en materia presupuestaria, sigue siendo ilegal y no va a cambiar se contabilice como se contabilice”.
Un jardín comprometido
La tesis pericial del engaño a la Cámara no la compró finalmente el juez instructor Álvaro Martín, quien en su auto definitivo optó por esquivar el comprometido jardín en que se habían metido los peritos de la IGAE y prefirió concluir su relato en el escalón anterior a la entrada en escena de los representantes de la soberanía popular: la aprobación por el Gobierno de los Proyectos de Ley de Presupuesto.
Subir al siguiente escalón habría significado asumir o bien (como decían los peritos) que el Gobierno engañaba al Parlamento o bien (como llegó a sostener Alaya en un principio) que los propios parlamentarios de la Comisión de Hacienda podían estar también en el ajo y habría que haberlos investigado.
“No fueron engañados”
Pero lo que para los peritos es una evidencia y una prueba de cargo contra la Junta, para los expresidentes del Parlamento ni lo es ni puede, por definición, serlo.
Manuel Gracia, que presidió la Cámara de 2012 a 2015, sostuvo ante el tribunal que los parlamentarios "sabían perfectamente que la finalidad del programa eran ayudas a empresas en crisis para el mantenimiento del empleo (…) es absolutamente evidente que la voluntad del Parlamento de Andalucía era la de que esa financiación era para ayudas sociolaborales, en modo alguno para equilibrar pérdidas y ganancias del IFA", algo de lo que todos los diputados eran "plenamente conscientes" de ello cuando votaban el Presupuesto. Para Gracia es obvio que "no fueron engañados y la prueba es que enmendaban esa partida presupuestaria para incrementarla".
A vueltas con las TF
Como se sabe, quien concedía las ayudas era la Dirección General de Trabajo, pero quien las pagaba era el IFA y más tarde IDEA, que recibían los fondos del 31L a través de transferencias de financiación (TF), la herramienta presupuestaria que, según los acusadores, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.
Mientras que las acusaciones, asumiendo los argumentos de la ‘sentencia condenatoria’ de los peritos de la IGAE, entienden que el Gobierno andaluz utilizó de modo ilegal y subrepticio las transferencias de financiación para pagar las ayudas, las defensas piensan que, cuando en la Ley de Presupuestos aparece que las transferencias de financiación se destinan a ayudas sociolaborales, queda perfectamente legitimado destinarlas a dicha finalidad.
Precisamente porque las transferencias de financiación y su destino estaban especificadas en las sucesivas Leyes de Presupuestos –aunque no así, obviamente, los detalles de la gestión, ejecución y seguimiento de las ayudas– y las leyes no pueden ser ilegales, es por lo que el relato de los peritos de la IGAE necesitaba que el Parlamento hubiera sido engañado por el Gobierno: esas leyes presupuestarias, venían a decir los peritos, estaban viciadas de antemano.
Ninguna señal de alarma
Para Javier Torres Vela, que presidió Parlamento entre 1996 y 2004, los parlamentarios "tenían todos los instrumentos a su alcance para votar de forma consciente (…) que 109 diputados a los que atribuyo una enorme responsabilidad como representantes del pueblo andaluz fuesen engañados lo considero difícil". Otra cosa bien distinta, vino a sugerir Torres Vela, es que sus señorías o él mismo tuvieran, que no lo tenían, conocimiento del mecanismo concreto de ejecución de las partidas englobadas en el programa 31L.
En la misma línea se pronunció ante el tribunal la que fuera presidenta del Parlamento del 2008 al 2012, Fuensanta Coves: ni la Cámara de Cuentas ni la Oficina de Control Presupuestario ni los Letrados del Parlamento le hicieron llegar ni la más mínima “alusión a algún proceso irregular que afectara a ninguna partida".
Ayudas poco ortodoxas
Ahora bien, el hecho de que el Gobierno no engañara al Parlamento y que presupuestara de modo transparente el programa 31L no despeja las dudas sobre la concesión y control de las ayudas otorgadas al amparo de dicho programa. Otros testimonios prestados esta semana así lo atestiguan.
Particularmente severo con la conducta del Gobierno andaluz fue el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, que testificó a propuesta del PP en su calidad de funcionario de la Consejería de Empleo que participó en la comisión de información reservada integrada por 21 funcionarios y promovida en su día por este departamento para revisar los expedientes administrativos de las ayudas sociolaborales investigadas.
“Monumental ninguneo”
Había “gravísimas irregularidades” en los expedientes revisados, declaró Millán: "No tenían ni pies ni cabeza y no había forma de ponerlos en pie (…) en muchos no había absolutamente nada, ni solicitud, ni resolución de concesión... Era un monumental ninguneo al derecho administrativo”.
Uno de los expedientes revisados por Millán fue el de la ayuda de ocho millones de euros otorgada en 2004 al Grupo Joly, entonces único conglomerado periodístico de referencia netamente andaluz y cuya continuidad estaba en riesgo. Según el hoy político de Ciudadanos, primero se otorgó la ayuda para financiar las prejubilaciones de trabajadores mayores de 52 años y luego se tramitó formalmente el ERE, pero no existió, al igual que en el resto de ayudas, un seguimiento pormenorizado del destino de la misma.
Los intrusos
En la sesión anterior a la declaración de Millán, también quedó de manifiesto que la madre de una trabajadora de Cetro Aceitunas, el administrador de Aglomerados Morell o prejubilados de Lactimilk que cobraban las rentas pese a haber vuelto a trabajar en otras empresas fueron algunos de los "intrusos" detectados por los funcionarios que revisaron en 2011 los ERE financiados por la Junta.
Varios funcionarios que en el primer trimestre de 2011 participaron en la revisión de las ayudas investigadas dijeron al tribunal que "no había una norma reguladora a la que atenerse" para determinar los requisitos que debían cumplir los beneficiarios”. A uno le llamó la atención que "no intervenían funcionarios" en la tramitación de las ayudas, que no había justificación y "en algunos casos ningún acto administrativo".
