Para que la desmemoria no nos juegue otra mala pasada, ahora que el verano de febrero con diez grados más sobre lo normal nos hace olvidar los efectos de la borrasca Gloria, se necesita un debate sosegado que nos haga pensar sobre el impacto del cambio climático en nuestro territorio. Entre el clamor de los damnificados por la reconstrucción de lo destruido, hay que fijarse en uno de los mensajes más sensatos que se han escuchado en mucho tiempo: “En un contexto de cambio climático, urge una reflexión profunda y realista sobre la relación con nuestro litoral” en boca del Secretario de Turismo de la Generalitat valenciana, Francesc Colomer, a propósito de invertir en infraestructuras como los paseos marítimos para que el próximo temporal se los lleve de nuevo por delante.
Hay que llamar a las cosas por su nombre, la mayor parte de los paseos marítimos se ha construido sobre terrenos robados al mar y no “ganados” como se suele decir en los comunicados de los ayuntamientos. Lo mismo ha ocurrido con los cauces de ríos, arroyos, ramblas y torrentes en casi todas las comunidades autónomas, se le ha robado a la Naturaleza millones de metros cuadrados que tendrán que ser revertidos a su legítima propiedad.
Andalucía, metida ahora en un proceso de legalización generalizada de “viviendas irregulares,” debe analizar con el máximo rigor los expedientes que se presenten para no legalizar construcciones en terrenos del dominio público hidráulico que incluye una zona de policía de cien metros en cada ribera.
Ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración del Estado han hecho la vista gorda durante décadas con miles de delitos ambientales, cuyos efectos se amplifican ahora con la aceleración del cambio climático. Se ha delinquido y pecado individual y colectivamente contra el patrimonio natural y ahora no nos queda otro remedio que hacer propósito de enmienda ambiental
