La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza realizada por el fiscal, quien alegó la gravedad de los delitos, que existía riesgo de fuga y la posible obstrucción de las fuentes de prueba. La Fiscalía lo considera responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo al programa presupuestario 31. El ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que el ex consejero contestó a centenares de preguntas y se defendió de todas las imputaciones formuladas por la juez Mercedes Alaya basándose en la tesis de que el sistema de ayudas ejercitado bajo su mandato “era y sigue siendo legal”.



Riesgo de fuga
Alaya lo acusa de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios. La jueza ha prohibido “cualquier contacto” con su exsubordinado, el que fue director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el 10 de marzo. Alaya ha defendido la medida de prisión provisional por el riesgo de fuga del exconsejero y la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación por la posibilidad de que el ex consejero influya en los testigos de este proceso . Este aspecto está siendo criticado por distintos medios que no creen en esa posibilidad ya que Fernández está imputado desde hace un año y no reúne ese perfil de persona que pueda escapar de la justicia. También se critica los severos, largos y duros interrogatorios de la magistrada.

No admite la calificación de "fondo de reptiles"
Fernández tuvo un choque en el interrogatorio al negarse a admitir que a las partidas que se manejaban para los EREs se les denominara "fondos de reptiles". El ex consejero afirmó con contundencia que no admitía esa calificación para un presupuesto aprobado por el Parlamento durante diez años y al que el propio PP presentó aportaciones. Un letrado calificó el interrogatorio como “político”, debido al gran número de preguntas de carácter político que se le formularon.

Críticas de su abogado al auto
El letrado de Fernández se ha mostrado muy crítico con el auto de la jueza. Para Alfonso Martínez del Hoyo "hoy es un día triste para el estado de derecho". Ha expresado su total desacuerdo con la decisión de ingreso en prisión sin fianza, basándose en simples sospechas en actos de terceras personas, y "sobre la base de la presunción de ilegalidad de un procedimiento perfectamente presupuestado durante 10 años".

Entereza y conciencia tranquila
El exconsejero ha afrontado con entereza, ánimo y la conciencia tranquila la decisión de la juez, según palabras de su letrado. Este ha añadido: "Es una presuposición infundada de que se hizo en contra del criterio de la Intervención, cuando la realidad es que la Intervención consintió, ya que no suspendió el procedimiento y permitió los pagos".

Cinco horas y media para redactar el auto
La orden de prisión se ha dictado a las 6.45 horas de hoy -la juez ha empleado cinco horas y media en redactar el auto de medidas cautelares- después de una jornada de 21 horas que comenzó ayer lunes a las 11.00 horas. Casi a las 8 de la mañana Antonio Fernández entraba en el furgón policial en dirección a la cárcel sevillana de Morón. Fernández entró sin ser esposado y la Guardia Civil le preparó un cordón de seguridad en torno los juzgados. El auto, de 78 folios, basata la orden de ingreso en prisión en el riesgo de fuga de Fernández y la posibilidad de obstrucción de la labor de la Justicia.

Tercer imputado en prisión
Fernández se convierte de esta forma en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso de los ERE fraudulentos después de que lo hicieron en marzo el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.

Fiscalía, Manos Limpias y el PP
La Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez la prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero, mientras que la Junta sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado. La petición de la Fiscalía incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Junta de Andalucía y UGT
La Junta de Andalucía -que ejerce la acusación como perjudicada por el fraude-, se ha distanciado de posiciones anteriores como las usadas contra Guerrero y su chófer, y no se ha adherido a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y, en lugar de pedir el ingreso en prisión de Fernández, propuso que se le obligara simplemente a comparecer ante el juzgado cada siete días. El sindicato UGT, que también ejerce la acusación en la causa, se sumó a esta petición de la Junta de Andalucía y no a la de los dos fiscales anticorrupción.

La jueza se indispuso a las 1,10 horas
La comparecencia de medidas cautelares, que ha finalizado a las 1.10 horas tras casi cinco horas, debió ser interrumpida para un descanso después de una hora porque la jueza Mercedes Alaya se sintió indispuesta. Las alegaciones del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, se han extendido durante dos horas y media, y en ellas ha negado el riesgo de fuga basándose en que el exconsejero ya podría haberse ido del país.

200 preguntas de la jueza
El interrogatorio se ha prolongado durante cuatro días, en los que el exconsejero ha alcanzado las 36 horas de declaración y se ha enfrentado a unas doscientas preguntas de la jueza, sesenta de la Junta y 212 de la acusación del PP.

Comisión en el Parlamento
El PSOE ha accedido a la creación de una comisión en el Parlamento sobre el fraude de los ERE. IU defiende que no haya veto para las investigaciones en la Cámara y el PP pide que se indague en otras consejerías.