“No daremos ni un paso atrás”, dijo ayer el presidente Juanma Moreno. “No nos moveremos ni un milímetro”, proclamó su vicepresidente Juan Marín. “Ni un segundo de distracción”, añadió la consejera de Igualdad Rocío Ruiz.

El argumentario improvisado por el Gobierno andaluz para replicar a la exigencia de su socio parlamentario Vox de conocer los nombres y apellidos de los trabajadores de la Junta en violencia de género no pudo ser más cauteloso ni diplomático.

Aunque a dos meses de las generales los ultras son los primeros interesados en salvaguardar lo que la izquierda ha bautizado como "tripartido", desde San Telmo se viene poniendo especial cuidado en no desairarlos, conscientes PP y Ciudadanos de que la testosterona de su embarazoso aliado puede echarlo todo a perder en cualquier momento.

Apenas un ocurrencia

Sin mencionar ni siquiera implícitamente lo que la oposición califica como “caza de brujas”, PP y Ciudadanos se afanaron ayer en dejar claro que no habrá retrocesos en materia de violencia de género, pero no se atrevieron a hablarle claro ni pararle directamente los pies al partido de ultraderecha.

Quien llegó más lejos en ese camino aún no hollado de incomodar a Vox fue la consejera naranja de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, al calificar de “ocurrencia” la petición formal del partido de Santiago Abascal de conocer la filiación de los empleados públicos que trabajan en áreas de la Junta relacionadas con la lucha contra la violencia de género.

Ruiz añadió que el Gobierno andaluz va a seguir “trabajando con todos los medios para acabar con el asesinato de mujeres por la violencia machista”.

La fiera dormida

Aun así, la indignación y el revuelo causados por la descabellada petición de Vox activaron las alarmas en el Gobierno autonómico, que hasta ahora ha conseguido mantener adormecida a la fiera neofranquista pero tiene buenos motivos para temer nuevos zarpazos en el futuro.

Las pocas –y apenas disimuladas– prisas del Ejecutivo en tramitar la Ley de Presupuestos de 2019 se enmarcarían en ese contexto de desconfianza hacia Vox, que hasta ahora no ha desvelado qué partidas exigirá poner –o quitar– a cambio de su voto, sin el cual no habrá cuentas nuevas.

En un acto público en Almería, el presidente Moreno cargó las tintas no contra Vox, cuya exigencia era cabecera de portada prácticamente en todos los medios nacionales de referencia, sino contra el Partido Socialista, en quien se empleó a fondo acusándolo de “usar el miedo”, cuando quien realmente había “arrebatado derechos” a los andaluces había sido el Gobierno de Susana Díaz por no ejecutar los presupuestos en sanidad, educación o empleo.

La petición

Aunque Vox intentó aclarar que su única pretensión es fiscalizar el verdadero destino del dinero público en esta materia, lo cierto es que en el escrito tramitado ante la Presidencia del Parlamento con fecha 20 de febrero, y adelantado por ABC de Sevilla en una información firmada por Stella Benot, su diputado Francisco Serrano pide literalmente al Gobierno andaluz lo siguiente:

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”.

La industria

En un hilo de Twiiter, el grupo parlamentario andaluz recalcaba ayer con una mezcla de paranoia y candor que "la finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria de género".

La supuesta "industria de género" es una obsesión política y personal de Francisco Serrano. Como se sabe, el hoy diputado fue condenado a dos años de inhabilitación como juez por un delito de prevaricación cuando, saltándose al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que tramitaba el divorcio de sus padres, alargó durante dos días a un niño las vacaciones prescritas para estar con su padre, para que así pudiese salir en procesión con una cofradía en el Viernes Santo de 2010.

Apunta mi nombre

Bajo el ‘hastag’ #ApuntaMiNombreVox, las redes sociales se inundaban ayer de mensajes contra la insólita iniciativa de la ultraderecha andaluza.

Mientras, Serrano defendía su propuesta aventurando en su cuenta de Twitter que "se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de los niños".

Entre las voces contrarias a “la purga” de Vox, pudo escucharse la de Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada que ha desempeñado diversos cargos contra la violencia de género. Lorente publicó este mensaje en su cuenta de Twitter: "Como Coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía en 2005, tuve el privilegio de coordinar la puesta en marcha de las 8 Unidades de Valoración Integral de VG junto a magníficas compañeras y compañeros. Creo que fueron las primeras de España".