Elegir la candidatura a la que uno va a votar puede ser a la vez el acto más sencillo o el más complicado. Cada persona decide legítimamente el criterio para decidir votar o no, y de hacerlo, a que candidatura vota, dejar en blanco su voto o provocar su nulidad con cualquier tipo de escrito sobre la papeleta o rotura de la misma.

Si decide emitir un voto válido hacia una candidatura, son múltiples los factores que hacen decantarse hacia una opción u otra. Y por supuesto, todas las opciones son legítimas.

Hay muchas personas LGTBI, sus familiares o personas gayfriendly que lo deciden por las propuestas de las distintas candidaturas en relación a las políticas públicas de diversidad sexual. Y son con estas personas con las que quiero compartir mis reflexiones.

Desde diciembre de 1978, cuando se ratificó la Constitución y se excluyó la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, todas las iniciativas aprobadas a nivel estatal y autonómica a favor de las personas LGTBI han venido de la mano de gobiernos socialistas.

Desde la Ley 21/1987, que permitió la adopción individual, y por lo tanto que gais y lesbianas pudimos adoptar sin estar casados con una persona del sexo contrario, hasta la Ley 3/2007 que facilitó el cambio registral del sexo de las personas trans, un total de siete leyes promovidas por gobiernos de la Nación presididos por socialistas han permitido un avance muy importante en la consecución de la plena igualdad de las personas LGTBI.

En 1988 se aprobó la Ley 35/1988, que permitió que mujeres solteras, incluidas mujeres lesbianas, pudieran someterse a técnicas de reproducción asistida. Derecho que, 30 años después, lesbianas de países europeos, como Italia, aún no han conseguido.

Ese mismo año, se modificó el Código Penal para eliminar el delito de escándalo público, que se había usado desde el siglo XIX para hostigar, detener y encarcelar a hombres y mujeres homosexuales y trans.

La Ley 29/1994, de sobre Arrendamientos Urbanos, fue la primera que explícitamente igualó las parejas integradas por dos personas del mismo sexo con las parejas de distinto sexo.

Y un año después, en 1995, el nuevo Código Penal, llamado de la Democracia, incluyó el delito por discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

Tras los ocho años del aznarismo, en 2005 se aprobó la Ley que modificaba el Código Civil, para permitir el matrimonio igualitario. Y dos años después, la Ley 3/2007 que facilitó el cambio registral del sexo de las personas trans.

En Andalucía, también se han dado pasos importantes a favor de las personas LGTBI. En este sentido, fue la primera Comunidad Autónoma que desarrolló una política específica para las personas trans, que convirtió Andalucía durante más de una década en referente nacional en la materia.

La Ley 5/2002, de parejas de hecho, equiparaba las parejas integradas por dos personas de distinto sexo con las del mismo sexo, incluido el acogimiento de menores.

Por su parte la Ley 2/2014, fue la primera del estado en despatologizar la transexualidad. Y la Ley 8/2017, diseñó una verdadera política transversal en favor de las personas LGTBI y sus familiares. Ambas tramitadas, además, con una gran participación de las organizaciones.

Iniciativas que, en Andalucía, ha contado con el apoyo unánime del Parlamento, lo que demuestra la capacidad histórica de los gobiernos y grupos parlamentarios socialistas de promover el consenso, así como integrar las propuestas ciudadanas de las entidades LGTBI.

Además, han sido leyes que no sólo se cumplen, sino que como en el caso de la Ley trans, se ha evaluado en el Parlamento de Andalucía a los dos años de su aprobación. Situación completamente diferente a las de otras Comunidades Autónomas, donde las leyes no sólo no se han aprobado por unanimidad, sino que las propias organizaciones denuncian su incumplimiento, como en Madrid o Cataluña.

Este recorrido histórico demuestra el compromiso de las y los socialistas con las personas LGTBI, que en ocasiones ha ido por delante incluso de la propia sociedad.

Para la próxima legislatura, el PSOE de Andalucía se compromete, entre otras propuestas, a crear una Dirección General de Diversidad Sexual, que permitirá el desarrollo transversal de la Ley que entró en vigor este año, tal y como habían solicitado un total de diez organizaciones LGTBI andaluzas. Demanda que, por cierto, sólo ha recogido la candidatura liderada por Susana Díaz.

Con Leyes que cuentan con el más amplio consenso político y social, con una Dirección General que las impulse, y con voluntad y capacidad de generar consensos, las personas LGTBI andaluzas podemos mirar con más optimismo nuestro futuro y el de nuestras familias.

Honestamente, creo que, para las personas LGTBI andaluzas, la mejor opción electoral para el próximo 2 de diciembre es la socialista. Y por eso, pido el voto para la candidatura del PSOE de Andalucía.

(*) Pablo Morterero es activista LGTBI y candidato al Parlamento de Andalucía por el PSOE.