Será interesante ver cómo termina el paradójico culebrón que enfrenta en el campo de batalla del Parlamento andaluz al Partido Socialista y a Podemos y cuyas víctimas –y no precisamente colaterales– están siendo unos 23.000 empleados públicos, a la espera de que un acuerdo parlamentario dé luz verde al reconocimiento de su antigüedad y sus méritos y les permita participar en futuros concursos de traslados y promoción interna, paralizados a su vez hasta que se clarifique jurídicamente la situación. Podemos sorprendía ayer a todos registrando en la Cámara una proposición legislativa con la que pretenden que se modifique la Ley de la Función Pública andaluza para adaptarla al marco de la directiva europea y se reconozca el derecho a la antigüedad a los interinos, así como que esta iniciativa legislativa se tramite por lectura única y por la vía de urgencia. Lo paradójico de la batalla es que eso mismo –reconocimiento de méritos y adaptación a la normativa europea– es lo que pretendía el decreto ley del Gobierno que hace solo unos días rechazaba el Parlamento gracias precisamente –aunque no únicamente– al voto en contra de Podemos, que sumó su ‘no’ al ‘no’ ya proverbial del Partido Popular. La abstención de Ciudadanos e Izquierda Unida –anunciada en el primer caso e inesperada en el segundo– hizo el resto. UNA VOTACIÓN REÑIDA (Y CONFUSA) Las versiones sobre el desenvolvimiento de las votaciones en esa sesión del 24 de septiembre son dispares. El PSOE dice que IU le había prometido votar a favor pero que luego se abstuvo; IU dice que nunca prometió tal cosa; el PP votó que no porque va en su ADN votar que no; Ciudadanos se abstuvo porque va en el suyo abstenerse de vez en cuando; y Podemos votó en contra pero sin explicar bien sus motivos y dejando estupefactos a los propios interinos, cuyos sindicatos estaban en general a favor del decreto. De hecho, uno de los sindicatos que lo apoyaban era USTEA, donde milita la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, y donde no se ha entendido por qué Podemos votó en contra. El rápido movimiento legislativo que hizo ayer Podemos iría precisamente en la dirección de corregir el desaguisado parlamentario de la semana pasada. En rueda de prensa, la diputada Begoña Gutiérrez explicó que su texto modificaría los artículos 26 y 27 de la Ley de Función Pública andaluza para su adaptación en lo dispuesto en el acuerdo marco de la directiva europea 1999/70. ¡PLAGIO, PLAGIO! La respuesta socialista llegaba unas horas después. El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jimenez, criticaba que Podemos hubiera registrado una proposición que "plagia" el decreto ley de la Junta que rechazaron "en voto-pinza" con el PP-A. En un agrio comentario en su perfil de Twitter, Jiménez señalaba con crudeza: "Podemos Andalucía recula y presenta una proposición que plagia el decreto ley que rechazó en voto-pinza con el PP. Y por lectura única y sin debate". No ve lo ve así la formación morada. Aunque tenía el apoyo no unánime pero sí mayoritario de los sindicatos de la función pública, para Podemos la iniciativa del Gobierno andaluz era "un chantaje en forma de decreto", que no compartían "ni en fondo ni en forma". Con su voto en contra, Podemos habría dicho no a “un PSOE empeñado en que la Administración andaluza sea una prolongación de su partido". No obstante, la propia Gutiérrez parecía admitir de manera implícita que su iniciativa no debe diferir mucho del decreto rechazado: la proposición no incluye memoria económica, dijo la diputada por Sevilla, ya que el Gobierno andaluz tiene que tener hechos todos los estudios pertinentes para el decreto ley y "los mismos estudios valen para esta modificación". NUEVE SEMANAS Y MEDIA La pregunta ahora es: ¿qué hará el Grupo Socialista? Y no solo el Grupo Socialista: qué harán también los demás grupos cuyo voto bloqueó la salida que los empleados públicos llevan años esperando. A ninguno de ellos le resulta fácil convencer a los más de 20.000 interinos de que tumbaron el decreto por su bien, de manera que –en teoría, muy en teoría– no es imposible que la iniciativa de Podemos salga adelante. Desde el punto de vista del sentido común eso sería lo más lógico, pero desde el punto de vista de la lucha partidaria –y a solo nueve semanas y media de la cita electoral del 20D– no será fácil que el PSOE acepte como válido a favor de Podemos el mismo gol que, hace apenas una semana, la formación morada no quiso dejar subir al marcador socialista. Pero, a su vez, el PSOE debe medir bien los pasos que da, pues podría rechazar la proposición de ley de Podemos y ver cómo sale adelante con el voto favorable del PP, tal vez de IU y quién sabe si de Ciudadanos. Tal vez si las relaciones entre Podemos y el PSOE fueran algo más fluidas o simplemente si esas relaciones existieran aun siendo poco fluidas, cabría algún tipo de entendimiento entre ambas fuerzas para compartir los laureles de una victoria que a los dos partidos les gustaría ofrecer a esos 23.000 virtuales votantes que, hoy por hoy, están bastante enfadados, aunque mucho más con Podemos que con el PSOE. ¿Será posible ese entendimiento? De momento, las apuestas a su favor no cotizan muy alto en el loco zoco en que se ha convertido el Hospital de las Cinco Llagas.