El PSOE-A afirmaba este viernes que ninguna de las imputaciones que en estos momentos puede haber de cargos públicos de la Junta son por temas de corrupción y que, en algunos casos, pueden ser consecuencia simplemente de "negligencia en las propias funciones" de los cargos. La argumentación socialista es bastante parecida a la que viene esgrimiendo el Partido Popular para no tomar medidas contra sus cargos imputados por 'corrupción', según la terminología de la oposición, o por 'irregularidades administrativas', según la terminología del PP. La norma general de conducta en todos los partidos suele consistir en calificar como corrupción cualquier imputación del adversario y rebajar a irregularidad o error toda imputación en las propias filas. Ciertamente, el partido que tiene la manga más ancha y aplica con mayor desahogo la ley del embudo en esta materia es el PP, cuya doctrina de las responsabilidades se aplica con una flexibilidad bastante sospechosa. Baste recordar que el cobro de sobresueldos o la financiación ilegal del partido, detectados a raíz de los casos Bárcenas y Gürtel y en los que están implicados tres de sus tesoreros durante las últimas décadas, no han provocado la dimisión o renuncia de ningún alto cargo orgánico ni institucional de relevancia. RECOPILAR INFORMACIÓN Quien salía a defender el viernes el buen nombre de algunos imputados era el secretario regional de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE-A, Javier Fernández, quien recalcaba  que a nadie le debe quedar duda de que el PSOE seguirá tomando las decisiones "que tenga que tomar, una vez que recopilemos toda la información" sobre los distintos casos. "Hay cierta diferencia entre un caso de corrupción y un caso que va como consecuencia del ejercicio de las funciones", ha insistido Fernández, quien ha dicho que su formación le ha ofrecido a Ciudadanos (C's) todas las explicaciones que ha requerido sobre este asunto. Como se recordará, el PSOE-A y Ciudadanos firmaron el pasado mes de junio un pacto de investidura en el que se recogía que no habría en Andalucía ningún cargo público imputado por corrupción. Sobre las críticas del PP-A por el mantenimiento de estos imputados, el dirigente del PSOE-A consideraba que esta formación debería "sonrojarse" cuando habla de imputados o de corrupción por el "poco ejemplo" que ofrece en esta materia. CIUDADANOS QUIERE RESPUESTAS A raíz de una información periodística del diario El Mundo en su edición andaluza, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, había pedido esta semana explicaciones y una "respuesta inmediata" a la Junta de Andalucía por los diferentes cargos públicos de la administración y otros entes públicos imputados por la Justicia, al tiempo que reclamaba el cumplimiento del acuerdo de investidura firmado con el PSOE-A. En un comunicado, C's se refería así a la información en la que se aseguraba que la consejera de Agricultura había ratificado en el cargo al delegado provincial de Almería, José Manuel Ortiz Bono, a pesar de su imputación por posibles irregularidades en el cambio de calificación de suelos en Tabernas a instancias de una empresa. Siempre según esta publicación, Rivas se convierte en el quinto cargo imputado en la Junta, junto a Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada; Sandra García, delegada del Gobierno en Granada; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; y Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta. Todos estarían imputados por prevaricación en casos de falta de protección al medio ambiente, algunos vinculados al urbanismo, según recogía Europa Press. Juan Marín advertía que su formación "está analizando cada situación pormenorizadamente", y que, llegado el caso, exigirá su destitución si se trata de imputaciones por casos de corrupción política, "tal y como se refleja en el acuerdo de investidura". MORENO QUIERE UN COMISIÓN Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, alertaba de que su formación se verá "forzada" a pedir una comisión de investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar si la presidenta de la Junta no ofrece explicaciones "convincentes" sobre esta materia a la vuelta de su baja maternal. Moreno se ha pronunciado así después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, asegurara tras la reunión del último Consejo de Gobierno que, en ningún caso, se está investigando un caso de corrupción en la adjudicación de esta explotación minera por parte de la Junta. En el seno del propio Partido Socialista reina una cierta confusión a la hora de determinar qué es y qué no es corrupción. En buena lógica, si el PSOE y la Junta entienden que el caso de la mina de Aznalcóllar no cabe encuadrarlo como corrupción entonces no deberían haber forzado la dimisión de la directora general de Minas. No obstante, la presión de Ciudadanos habría sido en este caso determinante. "Hasta ahora sabemos que la juez ha visto irregularidades y que la adjudicación se hizo corriendo y en plena campaña electoral para favorecer los intereses del PSOE, pero también empezamos a sospechar que hay determinados sectores que han podido salir beneficiados", destacaba Moreno.