La cantidad final que deberá abonar la Junta de Andalucía en concepto de la minuta facturada por las defensas de los 21 ex altos cargos autonómicos procesados en el juicio de los ERE está aún por determinar, pero es seguro que será de varios millones de euros ya que se trata de letrados de alta cualificación y de un caso que ha tardado años en llegar a juicio.

Un ejemplo: la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez reclama ella sola a la Junta más de 250.000 euros, si bien los letrados autonómicos rebajan sus derechos de cobro a poco más de 90.000. Ha sido precisamente una reclamación de Álvarez la que ha vencido las últimas resistencias del Gabinete Jurídico de la Junta a dar luz verde al pago, según ha adelantado en Diario de Sevilla el redactor de tribunales Jorge Muñoz.

El forcejeo judicial será, en todo caso, largo y probablemente dure años. Recuérdese que todavía no hay sentencia de la pieza política juzgada en la Audiencia de Sevilla, y que cuando la haya será con toda seguridad recurrida.

En realidad, la justicia ya dijo lo que tenía que decir al respecto en 2016: al igual que han venido haciendo otros juzgados de lo contencioso, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó sentado que los ex altos cargos tenían derecho a que la Junta les abonara el coste de sus defensas,  siempre que se trate de "actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores".

El Gobierno andaluz de Susana Díaz siempre se mostró contrario a abonar las minutas de los ex altos cargos, aunque más por miedo a las consecuencias políticas y a lo que dijera la oposición que por convencimiento de que no tenían derecho a ello.

La ejecución de la propia sentencia de 2016 del TSJA halló fuertes resistencias de la Junta, aunque los márgenes para seguir toreando a la justicia se agotan y al Gobierno del popular Juanma Moreno no le quedará más remedio que acabar pagando, una paradoja teniendo en cuenta que el PP está personado como acusación en la macrocausa.

Los políticos y altos funcionarios que se han sentado en el banquillo de la pieza política de los ERE no han actuado concertadamente en la exigencia a la Junta de las carísimas minutas de sus abogados. El expresidente José Antonio Griñán, por ejemplo, renunció a reclamar la devolución, y su antecesor Manuel Chaves todavía no lo ha hecho, mientras que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías acudió al contencioso-administrativo para recuperar su dinero. 

El fallo del TSJA, en respuesta a la reclamación del exinterventor Manuel Gómez, le daba la razón a este y abría la puerta a todos los demás procesados a seguir sus pasos. La sentencia también reprochaba a la Junta que hubiera intentado eludir su responsabilidad rebajando arbitrariamente a 18.000 euros el máximo a desembolsar por cada minuta.

La administración, siempre remolona, también pretendía no pagar nada hasta que no hubiera sentencia firme, pero la justicia determinó que ello podría provocar “un perjuicio patrimonial” a los procesados al tener que adelantar de su bolsillo “los gastos del proceso en espera de sentencia firme”. De hecho, es lo que ha ocurrido.