Es una más de las muchas paradojas que está poniendo sobre la mesa la controvertida gestión política de la pandemia: las autonomías se lamentan con gesto dramático de que haya decaído el estado de alarma en todo el país que las blindaba jurídicamente para restringir derechos fundamentales, pero ninguna de ellas está dispuesta a solicitar al Gobierno de España un estado de alarma para su territorio.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que viene sosteniendo que las autonomías cuentan con herramientas jurídicas suficientes para combatir la pandemia, ha recordado reiteradamente que los presidentes autonómicos pueden solicitar un estado de alarma territorial si lo consideran necesario.
Sí se puede
Al igual que otros representantes judiciales, el magistrado y exportavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch recordaba a las CCAA esa potestad: "Si una comunidad desea las medidas del estado de alarma basta con que las pida para su territorio. ¿Por qué no las piden? Porque eso genera desgaste político".
En efecto, ni el andaluz Juan Manuel Moreno (PP) ni otros presidentes han solicitado este estado de alarma territorial que acabaría de inmediato con el “caos jurídico” del que tanto se quejan y del que culpan a Pedro Sánchez por no haber prorrogado el estado de alarma decretado en noviembre, con una duración de seis meses.
La propia Moncloa no ha dado argumentos convincentes para explicar por qué no llevó al Congreso de los Diputados una nueva propuesta de prórroga. Observadores políticos interpretan que no lo ha hecho por el temor a no contar con el respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante la prórroga.
Quien rechaza con mayor rotundidad una nueva moratoria es el Partido Popular de Pablo Casado. Aunque su correligionario andaluz Juan Manuel Moreno piensa que la prórroga es necesaria, no ha pedido ni propuesto a Casado que la apoyara en el Congreso.
A las críticas de los presidentes autonómicos al Gobierno de España se sumaba ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río: "Nos han obligado a convertirnos en los que gestionemos el fin del estado de alarma y esta es una situación que a mí no me ha gustado porque hubiera preferido tener una legislación sanitaria mucho más clarificadora y potente que no diera lugar a tener que interpretar un precepto, el artículo 3 de la norma de 1986, absolutamente indeterminado y abierto, pues no cita las palabras pandemia, confinamiento o toque de queda".
Una solución intermedia
El Gobierno andaluz cree haber encontrado la solución intermedia que, sin poner en cuestión la demonización del estado de alarma impulsada por el PP ni relajar el grado de confrontación con Pedro Sánchez, permita a las autoridades sanitarias autonómicas salvar escollos judiciales como el levantado por el TSJA en Montefrío, la localidad granadina con una tasa de contagio superior a 2.000 cuyo cierre perimetral decretado por la Junta ha sido anulado por el alto tribunal.
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se ha puesto en contacto con los cinco grupos parlamentarios para proponerles alcanzar un acuerdo en torno a una reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía que permita a la Junta contar con herramientas en la lucha contra la pandemia del Covid-19, como el cierre perimetral de municipios con alta incidencia de contagios.
Así lo ha anunció ayer en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto. No obstante, sería necesario un acuerdo unánime de todos los grupos al respecto para aprobar la reforma legislativa mediante lectura única. En caso contrario, el proceso de reforma de la ley se prolongaría varios meses.
El artículo 78 de la Ley de Salud Pública andaluza establece cuáles son las medidas que se pueden adoptar en caso de emergencia sanitaria, pero menciona ni prevé una situación de pandemia como la actual. La modificación legislativa podría incluir medidas ahora no contempladas como el cierre perimetral de municipios con una alta tasa de contagio, que es el caso de Montefrío.
La izquierda, a favor
Para José Antonio Nieto "la cobardía y la irresponsabilidad de Sánchez son las que han provocado este caos vergonzoso que estamos viviendo y que está sometiendo a los jueces a una presión que no les corresponde". Lo que no explicó el portavoz es por qué la Junta no solicita al Gobierno de España el estado de alarma territorializado que pondría fin a ese “caos vergonzoso”.
La principal dificultad para esa modificación exprés podría estar en Vox, aliado parlamentario del Gobierno autonómico pero enemigo declarado de cualquier medida que restrinja derechos fundamentales.
Los dos grupos de la izquierda sí se han mostrado receptivos a la idea de la Junta, aunque criticando su falta de previsión y el haber esperado al fin del estado de alarma para hacer su propuesta.
El grupo parlamentario Adelante Andalucía dijo ayer "no va a ser un obstáculo" a la reforma de la Ley de Salud Pública que ha planteado la Junta por la vía de urgencia, si bien criticó la "falta de previsión" del Gobierno andaluz al no haber abordado antes esta modificación legal.
El grupo socialista en el Parlamento tampoco se opondría, aunque alberga "serias dudas" sobre el contenido de la propuesta. Su portavoz José Fiscal criticó que "se ha esperado a que decaiga el estado de alarma" decretado por el Gobierno frente a la pandemia para plantear esta modificación urgente de la ley, "si se sabía desde hace más de seis meses" que se iba a llegar a esta situación.
