Esta vez los ricos no han conseguido ser más listos que la justicia. O al menos no han logrado ser más listos que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que no ha picado el anzuelo lanzado por los abogados de la cúpula de Abengoa pretendiendo conformar a la magistrada con unos supuestos avales para cubrir la fianza judicial que en realidad eran tales. La juez ha embargado las casas, coches de alta gama y hasta una moto del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, para cubrir la fianza de 11,5 millones. Igualmente, bloquea los saldos bancarios del exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega investigado por cobrar 4,48 millones. Tan abultadas cantidades eran en concepto de lo que esta gente de alta gama suele llamar indemnizaciones por despido y el pueblo bajo suele llamar atraco. ¿Y por qué tan altas cantidades, sobre todo si las pagaba una empresa al borde de la ruina? Buena pregunta. Tan buena que los dos indemnizados tienen serias dificultades para contestarla. No es probable, sin embargo, que Benjumea vaya a pasar apuros económicos. Los muy ricos son cautelosos, gente previsora que siempre suele tener un colchón de la marca 'Paraíso' debajo del cual acostumbra a esconder un piquillo fuera del alcance del fisco y de la justicia, por si se presenta una desavío, como es el caso. A quienes son poco hábiles en pillar dinero a lo grande la Policía los acaba cogiendo porque van dejando pistas por todas partes y además no saben bien dónde esconder el dinero: a uno de los imputados del caso de los ERE, sin ir más lejos, le encontraron 85.000 euros escondidos debajo de un colchón en casa de sus suegros. Los colchones de los ricos son otra cosa: están su Suiza, Andorra o las Islas Caimán y resulta complicado rebuscar en ellos, y eso que cada día hay más jueces que entienden de colchones y no es nada fácil darles esquinazo. A raíz de una querella presentada por bonistas de la empresa, la magistrada había requerido a la compañía andaluza la información detallada de los pagos de 11,48 millones efectuados al expresidente del consejo, Felipe Benjumea, y de 4,48 millones al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, a los cuales, además, les hacía esta nítida advertencia: si no entregaban fianzas por esos importes, procedería a la "adopción de medidas cautelares sobre sus bienes". Los abogados de ambos ejecutivos intentaron desviar a sus compañías de seguros los avales exigidos por la juez, pero fue en vano. Eso no puede ser, vino a decirles Lamela apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual "la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir directamente en el asegurado". Benjumea y Ortega tienen, pues, un problema. Se verán obligados a tomar medidas drásticas para salir de este embrollo. ¿Pero qué medidas? ¿Devolver el dinero cobrado? ¡No, eso jamás! Serían el hazmerreír en su club de golf. En realidad, solo tienen una medida a su alcance, que además es la misma que toman siempre los ricos en estos casos: lo primero, cambiar de abogado; lo segundo, visitar alguna tienda de muebles en el extranjero en busca de lo último y más avanzado en colchones de alta gama.