Apenas se ha detenido ante los medios informativos tras prestar declaración en el Tribunal Supremo, aunque sí el tiempo suficiente para resumir lo que había dicho ante el juez: que ella no fue "quien firmó los contratos" y que no participó en la tramitación de los expedientes irregulares del Ayuntamiento de Jerez con empresas de la Gürtel. "Ha quedado acreditado [que no firmó los contratos] porque hemos aportado todas las actas con las certificaciones que me delegaban la competencia para la firma", ha explicado García Pelayo. "Hemos dejado muy claro que yo no participé en la tramitación directa del expediente porque todos saben como funcionan los ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes", ha añadido la diputada, para indicar que espera que ya haya quedado todo claro y finalice una situación que comenzó cuando se comenzó a investigar este asunto hace 9 años. Tras esta breve declaración, no ha querido responder a ninguna de las preguntas de los periodistas. ENTREGAR EL ACTA DE DIPUTADA Mientras, desde el PP de Cádiz han venido subrayando desde que se conoció esta declaración que la misma se produce a petición propia de la exalcaldesa y que el TS aún no ha pedido el suplicatorio al Congreso por este caso. No obstante, los demás partidos vienen exigiendo reiteradamente que García Pelayo entregue su acta del Congreso de los Diputados. Por lo demás, se da la circunstancia de que los dos antecesores de García Pelayo en la Alcaldía de Jerez –la socialista Pilar Sánchez y el andalucista Pedro Pacheco– están cumpliendo penas de prisión por delitos relacionados su modo de gestionar el dinero público. La diputada del PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, declaraba este lunes en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim--, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral. LA DECISIÓN FUE SUYA Aunque la diputada lo ha negado, el juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004, como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. "Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos. El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba. LOS OTROS La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones. El Supremo mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa, recientemente fallecido, del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.