La exministra Magdalena Álvarez ha recurrido su fianza civil de 29 millones de euros por el caso de los ERE, que a su juicio se basa en prejuicios y una "confabulación masiva" de todo el gobierno andaluz que obligaría a la juez instructora, Mercedes Alaya, a elevar el caso al Tribunal Supremo.

"Pretendida confabulación"
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Álvarez dice que esa "pretendida confabulación" asumida de manera "arbitraria" parece apuntar "a más altas instancias de responsabilidad política de las que encarnaba mi representada, lo que hubiera de obligar a la magistrada a elevar la causa a más altas instancias judiciales".

La juez parte de un prejuicio
El abogado Horacio Oliva recurre la fianza civil de 29 millones de euros y afirma que la juez de los ERE parte de "un prejuicio sobre la responsabilidad penal de mi representada que atenta contra la garantía esencial de la inocencia y que además supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor".

Sin indicios de criminalidad
A su juicio, de lo investigado hasta ahora no se deducen indicios de criminalidad suficientes para "imponer una medida de tan grave alcance" y el auto de Alaya "no llega en ningún momento a determinar qué concreta intervención delictiva se atribuye" a la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda.

No competencia
El recurso elevado a la Audiencia de Sevilla, de 53 folios, reprocha a Alaya haber hecho un "juicio anticipado de culpabilidad" que despierta "serias dudas" sobre su imparcialidad como instructora del caso de los ERE. Entre otros, Oliva asegura que el ámbito de funciones de Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda "no comportaba la aprobación de resolución alguna relacionada con la gestión, fiscalización o ejecución del gasto público".