Cinco años después de comenzar la instrucción de los ERE seguimos sin respuesta a ninguna de aquellas preguntas por las cuales esta macrocausa se ha convertido en una de las estrellas más rutilantes del superpoblado firmamento español de la corrupción política: [cita alineacion="izquierda" ancho="50%"]1.[/cita] ¿El sistema de concesión de las ayudas sociolaborales era ilegal o simplemente fue gestionado de manera políticamente desleal y administrativamente arbitraria, en cuyo caso es preciso preguntarse también cómo fue posible que durante tantos años no saltara ni una sola alarma política ni contable? [cita alineacion="izquierda" ancho="50%"]2.[/cita] ¿El medio centenar de altos cargos imputados, entre ellos dos expresidentes, urdieron, ordenaron o consintieron a sabiendas de que era ilegal, y por tanto delictivo, ese procedimiento presupuestario y contable que se estuvo aplicando durante más de diez años y por el cual se libraron hasta 855 millones de euros? [cita alineacion="izquierda" ancho="50%"]3.[/cita] Si ninguno, que se sepa, de esos 51 altos cargos se lucró personalmente, pese a que un alto porcentaje de la población española piensa lo contrario, ¿por qué dieron por bueno y siguieron aplicando durante una década ese procedimiento específico de libramiento de fondos reiteradamente puesto en cuestión por la Intervención: A) Para engrasar los mecanismos que ayudaban al PSOE a ganar elecciones y así conservar sus cargos y medrar en el partido; B) Porque se dejaron llevar por la inercia limitándose a mirar hacia otro lado para no incomodar a sus jefes; C) Porque burlar a la Intervención les salía gratis? o D) Porque creyeron de buena fe que no estaban haciendo nada incorrecto ni, por supuesto, ilegal? [cita alineacion="izquierda" ancho="50%"]4.[/cita] Si la mayor parte del dinero desembolsado por la Junta lo cobraron o lo están cobrando todavía los casi 6.100 trabajadores afectados por los ERE en sus empresas y les fue concedido mediante un procedimiento ilegal, ¿por qué la justicia no ha reclamado ese dinero a sus beneficiarios teniendo en cuenta que están imputadas por malversación de fondos públicos las personas que ordenaron pagárselo, muchas de las cuales soportan además elevadísimas fianzas sobre su patrimonio para garantizar una responsabilidad civil que no se exige a quienes están disfrutando del dinero malversado? [cita alineacion="izquierda" ancho="50%"]5.[/cita] Si la Intervención General advirtió, como en efecto lo hizo, en numerosas ocasiones de que el procedimiento de las transferencias de financiación era, como mínimo, inadecuado por no estar sometido a controles suficientemente estrictos, ¿por qué no ordenó a posteriori algo tan fácil y tan de sentido común como mirar con lupa los expedientes de gasto con cargo a esa partida, en algunos de los cuales al menos habría comprobado la ausencia absoluta de sustento documental que justificara el pago?