La denuncia la ha hecho José María Mohedano, abogado defensor del expresidente José Antonio Griñán y de varios imputados más en el caso de los ERE, que este lunes convocaba a los periodistas a las puertas de los juzgados de Sevilla para revelar que uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) había reconocido, a preguntas del letrado en la sesión de la mañana, que “se habían reunido al menos ocho veces” con la juez instructora durante los dos años en que estuvieron preparando su informe, de más de 8.000 folios, sobre el sistema de concesión de ayudas sociolaborales. Mohedano no desveló qué acciones judiciales se propone adoptar tras tener constancia de esos encuentros. Desde hace meses, las defensas de Griñán y otros imputados ya conocían –y consideraban muy sospechoso– que determinados autos de la juez redactados con mucha anterioridad a la entrega, en diciembre de 2013, del informe de la IGAE contuvieran no ya coincidencias conceptuales sino párrafos textuales del informe pericial. La información fue adelantada por andalucesdiario.es el pasado 20 de julio. con este titular: 'Autos de Alaya muy anteriores al informe de la Intervención del Estado contienen párrafos literales del mismo'. UN INFORME CRUCIAL En teoría, la juez no podía –ni debía– conocer antes que las defensas ese informe, cuya importancia en la instrucción es jurídica y políticamente crucial, dado que su hilo conductor y sus conclusiones coinciden con la hipótesis central de la instrucción de Alaya, según la cual que la Administración andaluza hizo un uso deliberadamente ilegítimo de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales que debieron tramitarse y pagarse como subvenciones excepcionales, cuya fiscalización es previa al pago de las mismas. Hay que recordar que la principal acusación que pesa sobre los expresidentes Chaves y Griñán y varias decenas de altos cargos es precisamente haber ideado, mantenido e implementado durante diez años un sistema de concesión de ayudas a trabajadores y empresas que sabían que era ilegal. Dado el aforamiento de varios de ellos ante el Supremo, es este tribunal el competente para hallar los indicios incriminatorios de esa acusación. LOS PERITOS NO TRABAJAN PARA LA JUEZ ¿Por qué es procesalmente relevante que los peritos se reunieran con la juez? “Es muy grave –explica el letrado– porque ellos no están para auxiliar judicialmente a la juez, sino que para emitir de manera independiente un informe que no tiene que verse influido ni por la juez ni por nadie”. Según ese relato de los hechos, Mercedes Alaya tuvo en su poder antes que las partes información trascendental para la defensa de los imputados, que desconocían el informe pericial en el momento de someterse al interrogatorio de la juez, quien les formuló preguntas extremadamente técnicas cuya respuesta ella habría conocido de antemano gracias al informe de la IGAE, lo que a su vez habría limitado gravemente el derecho de defensa de los imputados. ¿Cree, pues, Mohedano que Alaya hizo trampa o jugó con ventaja? “Yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir que los abogados defensores estuvimos en desventaja al no conocer ese informe”. ¿Puede quedar entonces anulada esa prueba pericial? “Desde luego, le quita un valor muy grande por falta de imparcialidad y de independencia? LAS FOTOCOPIAS NO ENGAÑAN El letrado entregó a los medios fotocopias del análisis comparativo de los autos de Alaya y del informe de diciembre de 2013 que, en principio, la instructora no debía conocer en las fechas en que dictó esos autos. Estas son algunas de esas coincidencias literales, recogidas en columnas contrapuestas. En el segundo auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez, de fecha 31 de octubre de 2013, escribe Alaya: “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto (…) constituye un minucioso y dilatado procedimiento…” (folio 53.306 del sumario). A su vez, en la página 201 del informe de la Intervención, de fecha 12 de diciembre de 2014, se dice: “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual constituye un dilatado y minucioso proceso…”. En otro momento de ese auto, recogido en la página 53.313 del sumario, la magistrada escribe: “Si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de subvenciones sociolaborales y para las empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían y exigen que ello quedara sin lugar a dudas contemplado en los estados de gastos del Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo…”. A su vez, en la página 39 del informe de la IGAE se escribe textualmente: “Por tanto, si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían, y exigen, que así lo reflejara…”. ADECUADO Y SUFICIENTE; SUFICIENTE Y ADECUADO Igualmente, en la transcripción del interrogatorio y declaración de Magdalena Álvarez del 8 de octubre de 2013 puede leerse (página 50.875 del sumario): “Sólo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado”, mientras que en la página 45 del informe de la Intervención, fechado dos meses y cuatro días después, puede leerse: “Sólo requiere la existencia de crédito adecuado y suficiente”. De nuevo lo único que cambia es el orden de los adjetivos. En una fecha todavía anterior como el 19 de septiembre de 2013, en que declaró ante la juez el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, también se aprecian indicios de que ya la jueza –pero aún no las partes- tendría en su poder el informe de la IGAE. En el auto que recoge la declaración y cargos a Lozano (página 49.525 del sumario) puede leerse: “Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios haciendo imposible teóricamente el uso de transferencias de financiación”. En la página 58 del informe de la IGAE lo que se dice es esto: “…si IFA-IDEA no hubiera aumentado indebidamente sus gastos previstos, su presupuesto de explotación hubiera arrojado un elevado beneficio, lo que hubiera impedido a la Consejería de Empleo reflejar la transferencia de financiación…”. UNA SESIÓN BASTANTE TENSA Según el relato de Mohedano, la sesión judicial de la mañana fue bastante tensa en algunos momentos, cuando las defensas hicieron uso de su turno para hacer preguntas a los peritos sobre el informe que está siendo ratificado en el juzgado. El letrado asegura que la juez no le permitió formular hasta una veintena de preguntas, todas relacionadas con esas coincidencias textuales entre el informe pericial y los autos de Alaya. “He dicho allí que me sentía acosado por la actitud de la juez”. Según su versión la magistrada se habría sentido “desarbolada y muy nerviosa” cuando los peritos reconocieron que habían tenido esas comprometedoras reuniones con ella. Otro momento de tensión fue cuando Mohedano quiso saber qué trabajos especializados sobre derecho y control presupuestario había publicado uno de los peritos, Jesús Ruiz Ayúcar de Merlo, para contrastar su idoneidad profesional para realizar el peritaje. “La juez no me ha dejado hacer la pregunta, aunque yo ya sabía la respuesta: en los últimos 21 años, en que ha trabajado en el ámbito privado, ninguno”. VINCULACIÓN CON GÜRTEL El letrado también denunció que el perito principal nombrado por el Interventor General, “un cargo éste de confianza del ministro Montoro”, ya fue designado por ese mismo interventor como administrador judicial de dos de las principales empresas de la trama Gürtel. Mohedano quiso preguntarle al perito por este asunto pero la juez no se lo permitió. “Aun así, –contó satisfecho— yo le pregunto si en Oragen Market había hecho un informe pericial parecido a este caso de los ERE, y él me ha dicho que por supuesto que no, dado había dio administrador judicial de esa empresa y por tanto era incompatible. Muchas gracias, le he dicho, ya me ha contestado usted a lo que la señora juez no me dejaba preguntarle”. Aunque no lo explícito así ante los periodistas, el letrado estaba insinuando que el Interventor General  con el nuevo Gobierno del PP habría nombrado a ese administrador judicial de su confianza en un delicado caso de corrupción que implica al PP, y habría nombrado también a esa misma persona como perito principal en un caso no menos delicado de corrupción que implica a la Administración socialista.