Como era previsible, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han ratificado este miércoles su informe sobre los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía y han recalcado que el sistema de otorgamiento de ayudas "era fraudulento". En qué sentido fraudulento, se les ha preguntado. En el sentido que recoge el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, que define "fraudulento" como "engañoso y falaz". La juez, obviamente, les ha preguntado por el contrainforme pericial presentado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán y, como también era previsible, han considerado que el suyo es el correcto. Los cuatro peritos, tres de los cuales son licenciados en Derecho y el cuarto en Química, han asegurado que se trata "de un informe de parte, con los sesgos e interpretaciones que tiene un informe de parte," y contiene "muchos errores", uno de ellos en cuanto "a su teoría sobre las transferencias de financiación". El informe de la defensa ha sido realizado por los catedráticos de la Universidad Carlos III Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago. El abogado del expresidente ha propuesto la nulidad de la ratificación ante la juez Alaya, al entender que la prueba debería haberse practicado en el Tribunal Supremo, que es el competente para investigar a su cliente. El Supremo, en cambio, no lo entendió así y confirmó la competencia de la juez. Los autores del informe de Griñán no han estado presentes en el acto judicial de hoy, de manera que no han podido defender sus tesis contrarias a las de los peritos de Alaya. La defensa de Griñán siegue entendiendo que ha habido indefensión de su cliente. SOLO 77 DE LAS 263 AYUDAS FUERON ERES Tras remarcar que la Junta "no es competente" en materia laboral, los peritos han concluido que la Administración autonómica aprobó un total de 263 ayudas, de las que únicamente 77 "eran derivadas de un ERE", mientras que el resto "no tenían nada que ver" con esto último, recoge Europa Press. Los técnicos han asegurado que, en su opinión, "el uso que se hizo de las transferencias de financiación en la fase de presupuesto y de ejecución era inadecuado de acuerdo con la Ley" y han puesto de manifiesto que el antiguo IFA "usó ilegalmente dichas transferencias para el pago de las ayudas". Los peritos de la Intervención han indicado, a preguntas de la magistrada, que ellos encuentran hasta tres problemas en el sistema ideado, como son "de índole presupuestario, de gestión por parte de la Consejería de Empleo de los créditos y en el control de la concesión de las subvenciones", ya que "se impidió la fiscalización previa". Los peritos, asimismo, han señalado que los "responsables" de la creación del sistema serían el antiguo IFA, la Consejería de Empleo y la Consejería de Economía y Hacienda, "por su intervención necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir". 94 AÑOS DE EXPERIENCIA Antes de comenzar la ratificación de su informe, los peritos han informado de sus estudios y de su trayectoria profesional, señalando que entre los cuatro suman 94 años de experiencia en el control de las administraciones públicas y 33 años de experiencia en el sector privado en asuntos contables y financieros. La comparecencia se está celebrando en una sala de vistas y no en el despacho de la juez Mercedes Alaya debido a la asistencia de una treintena de abogados personados en la causa, en la que hay imputadas 266 personas para las que este informe es "la pieza clave", tal y como lo ha calificado la propia magistrada. Antes de comenzar la ratificación, el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha planteado una cuestión previa en la que ha cuestionado que no se trata de un informe pericial, pues "quien tiene que decidir sobre la legalidad o no" del sistema "es la juez", a la que ha atribuido "una dejación de funciones" sobre el particular, cuestión que ha sido rechazada de plano por la magistrada.