El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Andalucía, Luis Paniagua, ha considerado en una nota que el Defensor del Pueblo debe actuar porque entra en el ámbito de sus competencias el defender "un derecho fundamental que está siendo vulnerado ante la aquiescencia de las autoridades académicas y con la complacencia y apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que han alentado una huelga política en lugar de velar por los intereses de la mayoría de alumnos andaluces".

Paro académico
"No nos encontramos ante una colisión de derechos, porque el único derecho fundamental que entra en este asunto es el de la Educación. Y está en un rango muy por encima al del paro académico, que no huelga, que recoge el Reglamento General de la Universidad de Sevilla. El derecho a la huelga es sólo para los trabajadores y en este caso nos encontramos ante un paro académico, es decir, que el que no quiere ir a clase, que no vaya, pero que no impida que los demás los hagan", explica.

Especialmente en Sevilla
Al hilo, Paniagua ha precisado que esta vulneración se está produciendo especialmente en la Universidad de Sevilla y que el resto está actuando con respeto a los derechos de todos. En este sentido, dijo que por ello "la única discriminación que hay en este asunto no es la que la Junta enarbola frente al Gobierno de España, sino la de los estudiantes que quieren estudiar, no pueden hacerlo y ven cómo los alumnos de otras universidades sí pueden hacerlo".

Paro académico
Paniagua también ha considerado que la regulación reglamentaria del derecho al paro académico "podría y debería haberse hecho en unos términos que no impidieran el legítimo ejercicio del derecho a la educación, que sí es un derecho fundamental, pero como no ha sido así debemos entender que los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla son contrarios a derechos fundamentales".

La Junta debería intervenir de manera contundentemente
Así, añadió que el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce el derecho a la Educación en su artículo 21, pero no habla en ninguno de sus artículos de huelgas o paros académicos, por lo que, "el Gobierno andaluz debe actuar para proteger el derecho de los estudiantes a estudiar y examinarse y Chamizo, intervenir de manera contundente en el ámbito de sus competencias para garantizar que los derechos consagrados en la Constitución y el Estatuto no se sigan vulnerando".