El ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández ha defendido este martes que la administración andaluza ha desarrollado una actuación "contundente e inmediata, fuera de lo habitual", ante las irregularidades en las ayudas a la formación, "detectadas por los propios mecanismos de la Junta". "Tenemos que vanagloriarnos de eso", ha añadido. García Fernández ha cerrado la primera ronda de comparecientes de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que ya lo hayan todos los interventores provinciales. Como se recordará, Adolfo García fue llamado a comparecer en la comisión de investigación siendo interventor general de la Junta. Días después de conocerse el acuerdo de los grupos para su declaración en este órgano se conocía su dimisión del cargo. El ex interventor general, que ha querido dejar claro que su dimisión del cargo no tuvo nada que ver con este asunto, sino que responde a motivos "meramente personales", ha dicho estar "muy satisfecho" del trabajo realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, afirmando que es "una de las más eficientes del país" aunque asume que "todo es mejorable". Durante su intervención, ha advertido de "deficiencias" en distintas áreas de gestión y ha insistido en que se ha actuado con la "diligencia debida" para que las irregularidades detectadas no supongan "perjuicio económico" a la hacienda pública, toda vez que ha insistido que lo que reflejaban los informes, tanto provinciales como el consolidado, era "riesgo de menoscabo de fondos", y no menoscabo en sí, para lo que tendría que ser un daño individualizado y contabilizado. Y es que, como ha explicado, si hubiera tenido constancia de menoscabo de fondos lo hubiera trasladado al Ministerio fiscal o al Tribunal de Cuentas. En la misma línea, ha explicado que llevaron los informes a las autoridades judiciales a petición de éstas, y que este es un procedimiento habitual en su actividad, toda vez que ha explicado que en el último año han respondido a más de 40 requerimientos judiciales. "Es mi hábitat", ha agregado. IMPENSABLE UN DISEÑO FRAUDULENTO Dada la coincidencia en todas las provincias de las mismas irregularidades en las subvenciones de formación, García Fernández ha defendido que "es impensable" que la normativa estuviera diseñada para el fraude, puesto que son normas "especialmente exigentes", y es que, según ha advertido, "quizás hayamos subido tanto el listón que hemos tenido dificultades en cumplirlo". García Fernández ha argumentado que la elaboración de los informes especiales en todas las provincias responde a cuestiones "preventivas" una vez que el interventor de Huelva alertó de ciertas irregularidades, con quien ha dicho no compartir sus apreciaciones en cuanto a que ya se haya producido menoscabo de fondos públicos. Según los datos aportados por el exinterventor, los informes especiales, que han supuesto un trabajo "de amplio alcance", se han hecho en base a un muestreo de 527 expedientes, que representan el 12,5 por ciento de la población total, con más de 119 millones comprometidos, de los que se habían pagado 78 millones. IU Y PP VEN FUEGO Asimismo, el exinterventor ha advertido de las "las grandes limitaciones de trabajo" que han tenido las intervenciones y que era "difícil acceder a la información" que también, ha denunciado, estaba "desordenada", un extremo que ha achacado en varios momentos de su intervención a la traspaso de competencias de unos departamentos a otros, "en la mudanza se pueden traspapelar o desaparecer algunos expedientes". Según ha dicho, dentro de la misma administración, se reconoce coloquialmente que "un cambio de competencia con movilidad de expedientes conlleva un pequeño incendio", a lo que la representante de IU en la comisión, Elena Cortés, ha replicado que "esto era el coloso en llamas". Sobre el mismo asunto, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha afirmado que "con dos traspasos de competencias, a Educación y Empleo, se han causado graves incendios en la formación profesional", aprobados, uno por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y otro por la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, "en su afán de tapar las irregularidades y para provocar un incendio de pérdida de documentación". Así las cosas, preguntado por varios grupos sobre la coincidencia de que en todas las provincias se hayan detectado las mismas irregularidades, García Fernández ha dicho que le "cuesta pensar que funcionarios de todas las provincias de Andalucía se hayan puesto de acuerdo para firmar o proponer a la dirección provincial la firma de certificados ilegales, me parece impensable". ¿TIBIEZA O TEMERIDAD? El ex interventor general de la Junta ha dicho desconocer el origen de las irregularidades y también el responsable político de las mismas, a preguntas de la diputada del PP-A, que le ha acusado de ser "tibio" y de no "mojarse como otros interventores provinciales" en su comparecencia a la hora de identificar "al responsable de incumplir la Ley". "Los políticos dirán que las responsabilidades son de los funcionarios y no queremos que haya cabezas de turco", ha apostillado Ruiz-Sillero. A este respecto, García Fernández ha dicho que si tuviera que señalar al "hipotético" responsable sería "temerario" y no tibio, puesto que, como ha explicado, que no es de su competencia dar opiniones "sin evidencia suficiente" puesto que no puede "hablar sobre corazonadas". Asimismo, en otro momento de su comparecencia, ha defendido las exoneraciones como "una figura garantista propia de nuestra administración" y ha explicado que es el gestor el que determina "en qué casos esa barrera que se ha establecido se debe levantar". ¿CHAPUCILLAS O MALA PRAXIS? La parlamentaria del PSOE-A Marisa Bustinduy ha alabado el "rigor" con el que, a su juicio, García Fernández ha contestado a todas las preguntas y ha censurado que "algunos partidos hayan intentado distorsionar el papel de la Intervención General como si fuera una actuación contra la Junta y que la Junta no habría controlado nada". Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha insistido en los motivos por los que el exinterventor dimitió del cargo, mientras ha considerado que se hicieron algunas "chapucillas", a lo que García Fernández se ha referido como "mala praxis". Por parte de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha preguntado a García Fernández si "los andaluces deben hacer un acto de fe" sobre que los expedientes no van a prescribir, mientras le ha interpelado sobre la posibilidad de que existiera un registro de los expedientes prescritos, a lo que el exinterventor se ha limitado a decir que no existe. También se ha interesado por si ha conocido alguna situación "tan grave" como ésta, y García Fernández ha recordado un caso "más grave" que además "acabó en vía penal" a finales de los 90, cuando desapareció el modelo de FP. La representante de IU en la comisión, Elena Cortés, ha incidido en que el objetivo del órgano parlamentario es dirimir responsabilidades políticas "y no parece que los interventores lo sean" dado que "son el cuerpo de prevención ante pirómanos que nos han traído a la situación que describen en los informes". NO HUBO DILIGENCIA Por su parte, la interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, ha asegurado este martes que la administración autonómica no ha tenido "la diligencia debida" en la verificación de la justificación de las ayudas concedidas a los cursos de formación y que todos los expedientes que ha analizado su departamento tenían "excedido" el plazo de justificación. Durante su intervención, ha explicado que es el órgano gestor el que debe proceder a la comprobación de todas las justificaciones cuyos plazos estén excedidos y que esta es la recomendación "más importante" que incluyó en el informe especial que realizó para las ayudas concedidas entre 2009 y 2012. La interventora ha asegurado que este informe fue remitido a las consejerías de Empleo, Empleo y Comercio, a la de Educación y a la de Hacienda y que será la que tenga las competencias, --ahora la de Empleo--, la responsable de adoptar las medidas y cumplir las recomendaciones recogidas. Si bien, según ha señalado, las recomendaciones que su departamento realizó en el citado informe no fueron cumplidas en el plazo de seis meses establecido y, fruto de ello, se elevó un informe de actuación por parte de la Intervención General, a propuesta suya. Según ha relatado López Gutiérrez, "en fecha reciente" --el pasado mes de febrero-- el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dado conformidad a este informe y también las órdenes necesarias para que se dé cumplimiento a las medidas que se recogían en el mismo. Junto a ello, ha dicho que no ha podido obtener "las evidencias suficientes" para dar una opinión sobre si la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha cumplido con la legalidad. Así, ha explicado que en el citado informe especial sobre las ayudas a la formación denegó opinión, "dada la relevancia de las salvedades y limitaciones de alcance". La interventora ha afirmado que la muestra de expedientes les llegó "incompleta" con fotocopias "ilegibles y desordenadas". Dentro de los incumplimientos "más relevantes", ha destacado que dentro de la documentación había información "contradictoria", lo que hacía "imposible" determinar el dato correcto y que algunas carpetas venían vacías o incluían documentos relativos a otros expedientes. NO DESCARTA LA PRESCRIPCIÓN Preguntada por distintos miembros de la comisión sobre el posible menoscabo de fondos públicos, López Gutiérrez ha dicho que, "a día de hoy" no puede afirmar que haya habido. "Hasta que no haya un daño real, efectivo y cuantificable no se podrá decir", ha precisado la interventora, quien ha indicado que antes hay que llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para recuperar el dinero. Si bien, no ha descartado la posibilidad de que haya expedientes que prescriban. Durante su turno de preguntas, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha pedido a la interventora que diga quién sería el "responsable" ante los "incumplimientos" de preceptos normativos en relación al control de los fondos de formación, a lo que ha respondido que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. También le ha cuestionado sobre si en los años de carrera profesional en la Intervención ha visto "algo semejante" a lo sucedido con los cursos de formación, en relación al "descontrol" de los fondos, y ella ha respondido que el informe especial sobre este asunto es "el primero" que realiza de este tipo. EVIDENCIAS Y SUPOSICIONES Por parte del PSOE, el diputado Rodrigo Sánchez ha preguntado a la interventora si, "como han apuntado otros grupos", cree que había una "intencionalidad" por parte del órgano gestor al no mandar los expedientes completos o en las condiciones que se requerían. "Yo no juzgo la intencionalidad, pero sí el resultado", ha respondido. El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe se ha interesado, entre otras cuestiones, por la opinión de la interventora sobre si se debería haber hecho un informe también especial de los fondos concedidos entre 2002 y 2008 y no solo a partir de 2009 porque "nada nos hace suponer que no sucediera lo mismo". A este respecto, López Gutiérrez ha señalado que ella está acostumbrada a trabajar con "evidencias" y que no le gustan las "suposiciones". La portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha abordado durante su intervención distintos aspectos del contenido del informe especial elaborado por la interventora y le ha preguntado sobre las resoluciones de exoneración existentes en los expedientes que analizaron. Si bien, según ha indicado López Gutiérrez, en dichos expedientes no constaba tales resoluciones, "aunque no dudo de que existieran". Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha preguntado a la interventora qué le parecería que si cuando los responsables del SAE declaren ante esta comisión dicen que no ha habido la diligencia debida en el control de estos fondos por parte de los interventores. "No podrán decir eso. Cada uno tenemos nuestro campo de actuación y nuestras responsabilidades y los interventores hacemos lo que nos dice la ley", ha apostillado. FALTARON CONTROLES El interventor provincial de la Junta en Málaga, Juan José Delgado Utrera, ha asegurado este martes que, en los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación que ha revisado, no ve menoscabo de fondos públicos, si bien ha advertido de una falta de control en el seguimiento de los cursos, cuando en los expedientes faltaban las actas de asistencia de los alumnos, informes de inserción o visitas de control a los centros. Delgado Utrera ha abierto la sesión de comparecencias de este martes en la comisión de investigación sobre el presunto fraude a las ayudas de la formación en el Parlamento andaluz, a la que ya han acudido los interventores provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Durante su comparecencia, el interventor de Málaga ha considerado que el órgano gestor de estas subvenciones, merced de su informe especial en el que analizó un total de 67 expedientes, "no ha cumplido con la legalidad", así como ha advertido de su "falta de diligencia" a la hora de controlar que los cursos cumplían su objetivo, y ha afirmado que en el mismo informe no detectó "ninguna empresa cazasubvenciones". Ha explicado que dado que el órgano gestor no aplicó las recomendaciones que la intervención de Málaga dictó a tenor de las irregularidades detectadas, decidió elaborar el informe de actuación que se elevó a la Intervención General, no porque entienda que haya menoscabo de fondos porque para eso "habría que analizar caso por caso".