La noticia judicial de ayer y hoy en la instrucción del caso de los ERE es que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado la razón a… los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado. En el acto de ratificación en el juzgado 6 de Sevilla de su informe de 8.000 folios sobre el sistema de concesión de ayudas sociolaborales, los auditores Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo y Ángel Turrión Macías han declarado estar totalmente de acuerdo con su propio informe de 8.000 folios y, consecuentemente, en completo desacuerdo con el informe contrario al suyo encargado por las defensas y presentado por los catedráticos de derecho tributario y financiero Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago. Los peritos han declarado, entre otras cosas, que el Consejo de Gobierno, el ‘consejillo’, la Intervención General de la Junta y los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación conocían el uso de las transferencias de financiación para pagar los ERE y otras ayudas a empresas. Una conclusión que ya estaba contenida en su informe. SABER O NO SABER QUE ERA ILEGAL Pero, de nuevo, la cuestión decisiva no es si los consejeros conocían el sistema, que seguramente no podían no conocerlo, sino si sabían que ese sistema era ilegal, lo cual es improbable puesto que quien tendría que haberles advertido de que lo era –no de que era inadecuado, inapropiado o deficiente, sino que era ilegal– es la Intervención de la Junta y ésta no lo hizo. ¿La Intervención no lo hizo porque ‘estaba en el ajo’, como piensa Alaya y por eso ha imputado a varios interventores, o no lo hizo porque no creyó que el procedimiento fuera ilegal ni que ocasionara menoscabo de fondos públicos? Las dos opciones son posibles, pero la segunda es mucho más verosímil que la primera porque ésta entrañaría la comisión del gravísimo delito de prevaricación y no se sabe cuál habría sido el tentador incentivo de unos funcionarios de carrera para delinquir. La instrucción de los ERE tiene tan extraordinario alcance ético, judicial y político que acaba siendo noticia lo que no es noticia y viceversa. Ha sido probablemente la propia defensa de Griñán y otros imputados quien ha cometido el error táctico de convertir el previsible acto judicial de unos peritos declarando estar de acuerdo consigo mismos en poco menos que una batalla épica de inescrutable desenlace entre Alaya la Mala y Griñán el Bueno. EL FALLO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS De hecho, ha tenido más alcance informativo y político esta tautología pericial que el dictamen del Tribunal de Cuentas circunscribiendo la responsabilidad contable de los ERE a los directores generales que ejecutaban el gasto. La exoneración de responsabilidades de los consejeros de Empleo y Hacienda, entre ellos José Antonio Griñán, aunque no determinante, sí es relevante porque rechaza la tesis central de la denuncia presentada en su día por el PP e inspirada en la propia tesis de la instructora y según la cual el Gobierno andaluz habría estando “soslayando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las subvenciones y los controles de fiscalización previos”. Por ello, la denuncia, que firmaba el actual delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, reclamaba al tribunal “la adopción  de medidas “encaminadas a la determinación de la existencia de posibles responsabilidades contables”. Pues bien, ya las ha adoptado, y no en la línea reclamada por el PP y defendida por Alaya. UN ENCUENTRO DE OCTAVOS No obstante, el fallo del Tribunal de Cuentas –que en el fondo ni es un tribunal ni sabe contar muy bien– es apenas un encuentro de octavos esta Champions judicial que son los ERE. El tribunal contable ha podido eliminar a alguno de los rivales más correosos, pero la gran final de la competición está por disputar y tendrá lugar en ese Maracaná de la justicia que es el Tribunal Supremo. Una vez concluida la investigación del juez instructor Barreiro sobre los aforados Chaves, Griñán y tres de sus consejeros, será la Sala de lo Penal quien decida si Alaya tenía o no tenía razón, es decir, si había motivos fundados para sentarlos en el banquillo de los acusados. Los interventores del Estado parecen, desde luego, pensar que los hay, pero su coincidencia con la 'sugestiva construcción' de Alaya en lo general pero también en los detalles es tan absoluta que, como el de Griñán, su informe bien podría igualmente calificarse como peritaje de parte. En todo caso, si hay juicio, la absolución o la condena de los imputados, preimputados y señalados en la causa será una anécdota a efectos políticos, aunque no, claro está, a efectos personales. Pero hasta entonces y con interventores o sin ellos, todo son octavos de final.