¿Se puede estar cometiendo un grave delito ante una docena de personas, algunas de ellas expertos juristas? La anterior juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pensaba que sí, rotundamente, porque en realidad el delito lo estaban cometiendo todas esas personas simultáneamente, entre ellas el mismísimo jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Lo que nunca quedó claro en la instrucción de Alaya, continuada ahora por el juez Álvaro Martín, es cuál habría sido el móvil de todas esas personas, la mayoría funcionarios de alta cuantificación o profesionales dedicados circunstancialmente a la política, para haber cometido prevaricación, es decir, para delinquir sabiendo que estaban delinquiendo. No obstante, en cualquier proceso judicial el hecho de que un móvil no sea evidente no significa que no pueda haber delito. Los cuatro miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA que comparecían este miércoles en calidad de investigados ante el juez de refuerzo Álvaro Martín dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico por el que la Junta concedió las ayudas investigadas en el caso ERE han coincidido en señalar que desconocían que se pudieran estar produciendo actuaciones ajenas a la legalidad. De este modo, el magistrado ha tomado declaración durante toda la mañana al exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta y actual presidente de Unicaja, Braulio Medel; al expresidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler; al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, y a Ana María Peña Solís, que fuera secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación. LA CUESTIÓN DE FONDO La cuestión de fondo que la justicia intenta dirimir desde hace casi un lustro es si el procedimiento presupuestario utilizado por la Administración andaluza –las denominadas transferencias de financiación– para decidir y pagar las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis era  ilegal y había sido urdido desde las altas instancias del Gobierno autonómico para eludir los controles de la Intervención y la fiscalización de esos fondos, más de 800 millones de euros a lo largo de la década pasada. Fuentes del caso han informado de que los cuatro investigados han indicado que "no tuvieron ni podían tener la más mínima sospecha de que se estuvieran produciendo actuaciones ajenas a la legalidad", ya que iban a las sesiones del Consejo Rector "con toda tranquilidad" al encontrarse allí presentes tanto el secretario de la agencia IDEA (antigua IFA) como el jefe de los servicios jurídicos de la Junta. De este modo, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, los cuatro comparecientes han precisado que lo que se hacía en el Consejo Rector de IDEA "era una simple dación de cuentas" de los convenios ya firmados previamente entre el antiguo IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, convenios cuyos expedientes no llegaban a dicho Consejo Rector. PERSONAS PISOTEADAS Uno de los abogados presentes en la declaración ha aseverado que "produce vergüenza ajena asistir a esto que está sucediendo", como es la toma de declaración como investigadas de personas que "tenían que estar reconocidas en este país por su trayectoria", y que sin embargo "están siendo pisoteadas en su honorabilidad y reputación a través de unas imputaciones absolutamente infundadas". De su lado, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación  popular en el caso ERE, ha señalado en una nota de prensa que, de la declaración de Medel, "parece deducirse con cierta nitidez que toda la responsabilidad es de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, y en concreto de sus consejeros de Empleo, que habían utilizado a IFA-IDEA con la complicidad de determinados funcionarios como instrumento para los fines ilícitos de los responsables de la Junta". Durante el mes de febrero, el juez ya ha tomado declaración dentro de esta pieza a cuatro testigos y a otros siete ex altos cargos investigados, como son el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; el exdirector de Industria Jesús Nieto, el exviceconsejero de Economía José Salgueiro, el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, y los exconsejeros Francisco Vallejo y Manuel Recio. DOS EXCONSEJEROS INVESTIGADOS Los dos exconsejeros fueron investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta que perdieron el aforamiento que mantenían por ser parlamentarios. De hecho, Vallejo ya prestó declaración como imputado ante el Alto Tribunal andaluz el día 15 de abril del pasado año 2015. En su comparecencia ante el juez Álvaro Martín, realizada el pasado 9 de febrero, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo volvió a solicitar el archivo de la causa respecto a su persona al entender que "cumplir la Ley no puede ser nunca un delito" y "por no tener ninguna relación con el asunto de los ERE". Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales. Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son, además de los expresidentes y de los dos exconsejeros citados, los también exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.