El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha destacado este jueves que el escrito de acusación de la Fiscalía, que le pide tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros por un delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, "desmonta radicalmente las tesis" de los peritos judiciales y de la juez Mercedes Alaya sobre que, durante su gestión al frente del Betis, "se hubiera apoderado de 25 millones de euros o le hubiera producido a la entidad unos 'perjuicios' por dicho importe". En un comunicado de prensa, Lopera pone de manifiesto que "quedan absolutamente sin sustento, por lo tanto, las reiteradas y públicas acusaciones sobre una supuesta 'descapitalización', 'saqueo' o 'desfalco' del Betis". En segundo lugar, el exmandatario del Betis asevera que el Ministerio Público "rebate expresamente cada una de las conclusiones de la primera parte del informe pericial, relativa a los años 1993 a 1999", que le atribuyó "hacer propios" recursos del Betis por importe de 12,5 millones de euros, "afirmando que ninguno de los hechos analizados durante dicha etapa reviste caracteres delictivos". "Debe recordarse que con el exclusivo apoyo de esta primera parte del informe, el Juzgado dictó las drásticas medidas cautelares de julio de 2010, entre ellas la intervención judicial del Real Betis Balompié", critica. "ACUSACIÓN RESIDUAL" Igualmente, valora que el Ministerio Fiscal "descarta de forma expresa la comisión de delito alguno en un amplio número de operaciones singulares --contratos de cuentas en participación, traspaso de Roberto Ríos, pago del Impuesto sobre Sociedades, contrato con Bitton Sport, etc.--, y en particular en la relativa a los pagos de las obras del estadio, partidas estas últimas" de las que el Juzgado le había imputado "apropiarse en cuantía superior a los siete millones de euros". No obstante, la Fiscalía "mantiene una acusación residual por importe de 3,5 millones de euros por la gestión realizada en los años 1999 a 2008, relativa a operaciones que quedarán aclaradas y justificadas en los próximos trámites procesales". Por último, y "como ha venido proclamando sin descanso desde el inicio de este largo" procedimiento judicial, Lopera ratifica "su plena confianza en la Administración de Justicia" y reitera "su decidida voluntad de exigir las responsabilidades que en Derecho procedan a quienes en su actuación se hubieran apartado de la ley y la consecuente reparación de los graves perjuicios personales y patrimoniales ocasionados por tales conductas".