La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) el próximo día 2 de febrero al exconsejero de Empleo José Antonio Viera por un presunto "desvío" de fondos públicos de la Junta "mediante su entrega" a la empresa pública Egmasa "para la financiación de su plan de prejubilaciones" derivado del ERE aprobado en el año 2003.  El exconsejero de Empleo y ex secretario general del PSOE de Sevilla pudo cometer los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por ordenar el pago de 21,6 millones de euros para prejubiliar a 273 trabajadores en 2003. En un auto fechado el día 26 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda citar en calidad de investigados a otras 15 personas los próximos días 2, 10 y 11 de febrero, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o al ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. Asimismo, la instructora acuerda dar traslado de las actuaciones a la empresa pública Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como "sucesora universal" de la extinta Egmasa, en concepto de tercero civil responsable. Según jueza, no existió "solicitud formal de la ayuda por parte del beneficiario" ni tampoco se aplicaron los "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para conceder una subvención ni se ha acreditado el carácter excepcional de la misma". Las conclusiones de los peritos de la Intervención sobre este ERE dictaminan la Junta prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido para pagar lo que no era una ayuda excepcional sino una subvención a una empresa. LO QUE DIJO EL SUPREMO El corazón del caso de los ERE sigue estando en la legalidad o ilegalidad el procedimiento para pagar las ayudas, aunque no es ese asunto específicamente el que se verá ahora, cuando Viera comparezca. En la exposición motivada del instructor de los ERE en el Tribunal Supremo, donde recaló provisionalmente la causa por haber aforados implicado, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analizaba el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones. Alberto Jorge Barreiro concluía en su exposición que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se preguntaba si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido". El magistrado cuantificó además en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas.