La financiación (*) y la dependencia del poder político condicionan el derecho de información que deben ofrecer los medios de comunicación públicos. Ambos condicionantes, económico y político, generan problemas para que los periodistas garanticen el derecho a una información veraz, que recoge la Constitución. Cuando una televisión pública es sumisa o se convierte en portavoz del gobierno y del partido que lo sustenta pierde la credibilidad. En el caso de televisiones autonómicas dóciles y sin credibilidad, los espectadores, que son los que las pagan, pueden pensar: ¿para qué las queremos? A veces, en alianza perversa, mala gestión económica y poder político se confabulan para cerrar un medio de comunicación público, casos de Canal Nou y Telemadrid. Los recortes han dañado a los servicios públicos: sanidad, educación… y también medios de comunicación públicos. Si por un lado se recorta vía presupuestos o vía publicidad, y por otro a los gobiernos interesa más que los medios públicos les sirvan a ellos que a la ciudadanía, el resultado es la supresión de un derecho reconocido en la Constitución. PAGAR POR VER No estamos muy acostumbrados a pagar por ver la televisión. Aquí no hay canon, como ocurre con la BBC. Por tanto hay que recurrir a los presupuestos para financiar una televisión pública. Se dan cifras que llaman la atención. Si en Canal Sur hablamos de 180 millones de euros, parece mucho, sin embardo decir que cada andaluz aporta 19 euros al año, ya no es tan llamativo, y si además hablamos de 1.500 trabajadores, con sus respectivas familias; o de un enorme territorio para cubrir, desde Ayamonte a Níjar; y si añadimos que hacer buena televisión no es barato…ya no es tal el dispendio económico. Y nos referimos a una parrilla completa, no sólo a programas informativos, tan necesarios en una comunidad autónoma. Razonado el aspecto económico, entremos en el del poder político. Interesante y valiente ha sido la última afirmación del Consejo de Informativos de TVE de una “purga” o “caza de brujas” en año electoral. Denuncian que “los cambios realizados en los últimos meses en los servicios informativos de la televisión pública intentan crear una redacción sumisa y al servicio del poder político. Los asistentes a la reunión convocada por el Consejo han respaldado por unanimidad el rechazo a lo que consideran la instauración de un régimen de provocación y miedo en la redacción”. Los periodistas expresaron inquietud: “lo que está sucediendo en Informativos afecta al prestigio de TVE. Vamos hacia una televisión más gubernamental y menos crítica”. El Consejo de Informativos expone ejemplos de prácticas anti periodísticas. Por ejemplo, en un mismo telediario se dedicó sólo unos pocos segundos a informar de las denuncias del Consejo de Europa por las devoluciones en caliente de inmigrantes o a la comparecencia ante el juez por corrupción de Sonia Castedo, ex-alcadesa de Alicante, mientras se empleaban casi cuatro minutos en informar del Día de la Croqueta. CONTROLES EN CANAL SUR ¿Qué garantiza el derecho a una información veraz en Canal Sur? La Constitución, en el artículo 20, recoge el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz”. La Ley de Creación de RTVA establece como uno de sus principios fundamentales “la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”. Sobre los principios que recogen esta ley, se dice: “para su logro, así como para que los profesionales de la comunicación puedan garantizar el derecho de los ciudadanos a la información y cumplir con la obligación de que ésta sea auténtica, rigurosa y veraz, aquéllos (los profesionales) deben dotarse de independencia y libertad”. Además, el Estatuto Profesional de RTVA en su preámbulo dice: “La Carta de los Derechos Humanos declara la información como un derecho humano de cada individuo” y considera “a los periodistas depositarios del mandato social de su desarrollo”. El Estatuto recoge garantías de los derechos de los profesionales de la comunicación y en su artículo 2.3 establece: “El Consejo Profesional mediará entre los profesionales de las empresas que trabajen para RTVA y SS.FF y la propia empresa cuando alguno de esos profesionales reclame amparo”. Entre los principios deontológicos afirma el artículo 3.2.2: “Los/as profesionales de la información de RTVA rechazarán cualquier tipo de presión proveniente de personas, instituciones, partidos políticos, o grupos económicos o sindicales, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses”. LIBERTAD EDITORIAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN Además de las leyes, hay estudios que sustentan ese derecho a la información, y el de los periodistas a ejercerlo. Hay un interesante trabajo, 'El estatuto de redacción en la empresa periodística: criterio básico de Responsabilidad Social Corporativa para la recuperación de la credibilidad del periodismo', de Miguel Ángel Sánchez de la Nieta Hernández, Abel Monfort de Bedoya y Carmen Fuente Cobo, que recoge que “el público quiere que la información cumpla con unos requisitos mínimos de ética y honestidad. De lo contrario, percibe que el medio informativo está condicionado por el afán de aumentar el beneficio económico o el poder, lo que pone en tela de juicio la credibilidad de la empresa. Más que vender contenido a los clientes, los periodistas construyen una relación con sus lectores, oyentes o espectadores basada en sus valores, en sus juicios, autoridad, valor, profesionalidad y compromiso con la comunidad” (Kovach y Rosenstiel, 2003). Estos autores defienden con leyes y argumentos deontológicos que “debiera existir una subordinación del principio de libertad editorial al derecho a la información de los ciudadanos (veracidad en la información y honestidad en la opinión), como señala el Consejo de Europa en la resolución 1003 (art.13) sobre Ética del Periodismo”. EL PRECIO DE LA INDEPENDENCIA Las televisiones públicas tienen sentido si sus informaciones no responden a intereses políticos. Pero mientras dependan del poder político serán cuestionadas. Los partidos gobernantes desean televisiones públicas dóciles, mientras que los partidos de la oposición reclaman televisiones más independientes, hasta que alcanzan el poder y cambian de idea. La influencia de los gobiernos ha desvirtuado aquello del cuarto poder. Se definía así a los medios no por su sometimiento, sino por lo contrario, por su capacidad para criticar los abusos de poder, para denunciar los excesos. Eso en los medios públicos sumisos que dependen de un poder, no se hace. Los periodistas que osan rebelarse están condenados al ostracismo o lo que es peor, al paro. Pero… si los periodistas aceptamos la presión o manipulación, violentamos gravemente nuestra función social, además de perder credibilidad, de la que hay bastantes evidencias que estamos perdiendo. Decía Rosa María Calaf en una entrevista: “en Televisión Española, el gobierno de turno siempre ha tratado de apropiarse de los informativos, eso es cierto, pero esta última etapa ha sido, a mi juicio, la más independiente. Y me consta porque lo he vivido. El director de informativos, Fran Llorente, ha tenido broncas considerables y enfrentamientos importantes porque ha luchado por mantener su independencia. ¿Y ha servido para algo? Evidentemente, no”. Mal asunto. No quiero terminar tan pesimista. Los derechos humanos necesitan de una defensa diaria por parte de todos. Estoy convencido de que la reivindicación del derecho a la información seguirá en nuestros corazones, y mientras haya vida periodística habrá esperanza de libertad. (*) Este texto reproduce parcialmente la intervención del autor en la mesa redonda con motivo de un máster judicial para magistrados peruanos, organizado por la Universidad de Jaén.  Juan Armenteros es presidente del Consejo Profesional de Canal Sur Televisión.