La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia por hechos que podrían constituir delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y prevaricación cometidos por la UDEF en el arresto de una abogada del Ejecutivo regional por el caso Aznalcóllar.

"Detenciones "innecesarias y desproporcionadas"
Los letrados han señalado hoy en un comunicado que presentaron esta denuncia el viernes después de las detenciones "innecesarias y desproporcionadas" que se produjeron "orillando el mandato judicial y al margen de los supuestos tasados legalmente". Ha explicado que, a pesar de las resoluciones judiciales y de que los funcionarios conocían con anticipación que serían llamados a declarar en sede policial "y acudieron a ésta libre y voluntariamente, colaborando activamente en el esclarecimiento de los hechos", se les detuvo en las dependencias policiales antes de comenzar a declarar y fueron puestos en libertad al término.

"Producen un daño moral gravísimo"
Estas prácticas, según los letrados, además de "poner en peligro para todos los ciudadanos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ocasionan en las víctimas un daño moral gravísimo, añadiendo su repercusión mediática un perjuicio reputacional de difícil reparación".

Una juez sevillana está investigando la supuestas irregularidades en la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México.

Creciente recurso a la jurisdicción penal
La asociación de letrados ha manifestado que apoya "sin fisuras" toda actuación judicial que tienda "a desterrar cualquier atisbo" de comportamiento en las administraciones públicas, "especialmente en el seno de la Junta", que sea "desconocedor del mínimo respeto a la Ley y al Derecho"- Sin embargo, ha mostrado su "honda preocupación" por el "creciente recurso a la jurisdicción penal como vía ordinaria para el enjuiciamiento de la legalidad administrativa" y por la "actual tendencia a obviar el principio de intervención mínima del Derecho Penal".

Criminalizan la labor de los letrados de la Junta
Ha mostrado "su más absoluto rechazo" a las conductas, actuaciones y opiniones que, "para sostener discrepancias surgidas de la interpretación del ordenamiento jurídico", menoscaben "gratuitamente" la labor de los letrados de la Junta "hasta el punto de criminalizarla", aún más cuando las discrepancias respecto al criterio de "especialistas acreditados" proceden de personas "que carecen de la más elemental cualificación técnica".

En ese sentido, ha subrayado la "firme determinación" de acudir en defensa de sus asociados "en todos aquellos casos en los que su honorabilidad, profesionalidad y dignidad se vean menoscabados gratuitamente por cualquier instancia o actuación".