¿Cómo saber con certeza si se gestionan bien los recursos públicos? ¿Cómo medir la ejecución eficiente del dinero de los ciudadanos? ¿Qué métodos deben aplicarse para cuantificar debidamente esa medición? Expertos de diferentes países intentan responder a estas preguntas hoy y mañana en Sevilla en un congreso internacional de evaluación de políticas públicas que ha inaugurado la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha apostado por "mejorar los mecanismos de rendición de cuentas" y "abrir cauces" a la participación ciudadana. Así se ha manifestado durante la inauguración del congreso internacional que, bajo el título 'Evaluación y rendición de cuentas para la transparencia democrática’ se desarrolla en la capital andaluza. El encuentro, organizado por la Sociedad Española de Evaluación (SEE) y la Cátedra 'Carlos Román' de Evaluación de Políticas Públicas, se celebra en paralelo a la IX Conferencia Bienal Internacional de la SEE. El congreso se plantea como objetivos la reflexión y el análisis para profundizar y favorecer el debate en torno al diseño de la evaluación, la participación de los agentes implicados en la políticas, y la transparencia en una "nueva gestión pública" más próxima al ciudadano. Con la participación de expertos y responsables públicos de países como Canadá, México, Argentina, Costa Rica o Cuba, el congreso se organiza en diferentes paneles y talleres de trabajo. En la jornada de este jueves, tras la inauguración oficial, se han programado los paneles "La evaluación de las políticas públicas para la mejora de la Administración pública" y "Rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas en América Latina". El viernes se desarrollará el panel "Evaluación, participación ciudadana y democracia" y se celebrará una conferencia plenaria a cargo de Francisco Mejía, Economista Principal de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. ASEGURAR EL BUEN GOBIERNO Durante su intervención, la consejera Montero ha recordado que en 2015 se celebra el Año Internacional de la Evaluación, un "movimiento global, que recoge demandas ciudadanas democráticas para implantar un nuevo modelo de gestión basado en la participación, el seguimiento y la evaluación, con el fin de asegurar el buen gobierno". Montero ha señalado que en la actualidad hay una práctica unanimidad en considerar la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas como una "obligación ineludible de todos los responsables políticos" y, si bien ha lamentado que no se haya avanzado todo lo necesario, sí ha destacado la iniciativa y el compromiso de Andalucía en este ámbito. Concretamente, se ha referido al Estatuto de Autonomía que incorpora la evaluación de la gestión pública en su articulado y ha subrayado el "importante esfuerzo" realizado por la Junta para "mejorar la calidad de sus servicios y para implantar herramientas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos y de los efectos o impactos en la ciudadanía". LA HORA DE LAS AUDITORÍAS A modo de ejemplo, ha señalado las auditorías de Presupuesto y género que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2013, de modo que en 2014 se evaluaron cinco programas presupuestarios y, en 2015, se están realizando 26 auditorías de programas, fundaciones, empresas públicas y agencias administrativas. En este sentido, ha defendido que ya no se trata "tan solo" de los controles de ejecución y legalidad del gasto público, sino de intervenir "antes, durante y después del proceso, para aumentar su racionalidad y mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas", así como fortalecer la cultura de la transparencia, proporcionando información y rindiendo cuentas de los que se hace con "los dineros públicos". Montero ha trasladado la voluntad del Gobierno andaluz de evolucionar hacia una administración "más moderna y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía", atendiendo al mandato del Estatuto de Autonomía y que se materializará en la ‘Estrategia para una gestión pública innovadora en Andalucía’. "Se trata --ha señalado-- de una apuesta por acrecentar el valor de lo público, desde el desarrollo de servicios públicos de excelencia, cuya legitimación provenga del aprecio de la ciudadanía por los mismos y de su carácter universal". INSTITUCIONALIZAR LA EVALUCACIÓN El objetivo es "institucionalizar la evaluación" e incorporar a la gestión pública factores de mejora con el fin de "asegurar la ejecución eficiente del gasto público". Según ha explicado, la regulación estará orientada a conformar un marco de intervención "eficaz y eficiente" de las políticas públicas; garantizar la transparencia mediante un "novedoso" proceso de gestión de los recursos públicos; adecuar la gestión a los requerimientos de la coyuntura económica; detectar y actuar de forma "preferente" sobre colectivos y territorios más afectados por la crisis; vertebrar políticas públicas orientadas a la recuperación económica y la generación de empleo; impulsar cambios estructurales en el modelo productivo; y favorecer un "marco amplio" de diálogo social. La iniciativa, según ha explicado, se desarrollará con la participación activa de la ciudadanía y la implicación de los empleados públicos, "de su talento, su experiencia y su capacidad de imaginar y proponer mejoras en la administración pública".