No ha sido la primera prescripción en el caso de los ERE, pero sí la más numerosa. Esta semana la juez María Núñez Bolaños archivaba, a petición de la Fiscalía, la causa abierta el 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados –uno ya fallecido– por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. ¿Por qué ese archivo? Porque en todos los  supuestos solicitados por el Ministerio Público las ayudas “han sido abonadas con más de diez años de antelación a la fecha del auto de 6 de febrero de 2015″, cuando, siendo ya demasiado tarde, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a estos 12 empresarios. Ya hubo días atrás otra prescripción, decidida por la Audiencia de Sevilla, de los delitos atribuidos a otros dos empresarios. ¿La razón? La misma: había transcurrido el plazo legal. ¿Las circunstancias procesales? Las mismas: la instructora no atendió la sucesivas advertencias de la Fiscalía o de la Junta de Andalucía alertando de que si no abría diligencias el tiempo corría a favor de los presuntos culpables. Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla considera prescritos los delitos si la cuantía de la ayuda no excede los 450.000 euros y han transcurrido más de 10 años desde la fecha del último pago hasta la notificación de su imputación. PP Y PODEMOS CULPAN A LA JUNTA En el caso de las 12 prescripciones relativas a empresarios de la Sierra Norte, tanto desde Podemos como desde el Partido Popular se ha culpado de ello a la Junta de Andalucía. En el caso del partido morado argumentando que la prescripción se habría producido por una falta de medios humanos y materiales en la justicia de la cual sería responsable directo el Gobierno andaluz. En el caso del PP, con igual contundencia pero sin ofrecer tampoco ningún dato o hecho procesal específico que dé verosimilitud a su acusación. De ninguno de ambos partidos ha salido, en todo caso, reproche alguno para Mercedes Alaya, titular plenipotenciaria de la instrucción de la macrocausa hasta hace solo unos meses y gracias a cuya tenacidad la opinión pública ha podido conocer las graves irregularidades habidas en la Administración andaluz en la gestión y control de alderredor de 850 millones de euros. En todo caso, los servicios del Gabinete Jurídico de la Junta han desplegado en los últimos años una intensa actividad procesal concretada en 13 escritos dirigidos a Mercedes Alaya que esta –cuya sobrecarga de trabajo no le impidió rechazar los jueces de apoyo que le brindaba en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía– guardó en algún cajón de su saturado despacho. Esta es la relación de las 13 alertas desoídas por la juez en relación a los 12 casos prescritos: 1. Escrito de 28 de octubre de 2011. En este escrito se denuncia, por primera vez en las diligencias previas, la existencia de una gran cantidad de empresas pertenecientes a la Sierra Norte de Sevilla que han sido beneficiarias de ayudas indiciariamente ilícitas. Las diligencias cuya práctica se solicita por la Junta de Andalucía en dicho escrito no concluyen sino hasta la entrega del atestado 300-14 de la UCO de la Guardia Civil, que se produce con la notificación del auto de 6 de febrero de 2015 en el que se imputan a las personas respecto de las cuales ahora el Ministerio Fiscal solicita la declaración de prescripción . 2. Escrito de 14 de noviembre de 2011. En este escrito la Junta aportaba la identificación de las entidades de crédito a las que pertenecían las cuentas cuya investigación solicitaba en su escrito anterior de 28 de octubre de 2011 y reiteraba la petición de que se procediese a la práctica de las demás diligencias contenidas en dicho escrito. 3. Escrito de 23 de noviembre de 2011. En este escrito denunció la Junta la ayuda concedida a Antonio Diéguez Viera y solicitaba que se le recibiese declaración como imputado. El escrito no se incorporó a las actuaciones sino meses después de que se solicitase por la propia Junta de Andalucía, con fecha de 5 de diciembre de 2013, ante la evidencia de que no se había incorporado hasta el momento. 4. Escrito de 3 de enero de 2012. A través de este escrito el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía alerta al Juzgado de que algunas de las empresas de la Sierra Norte denunciadas por la propia Junta en su escrito de 28 de octubre de 2011 están depositando cuentas en el Registro Mercantil (tras varios ejercicios sin hacerlo) al objeto de deponer el denominado efecto de cierre registral y permitir así la inscripción de cambio de denominación, de domicilio y de administradores de algunas de las sociedades denunciadas el 28 de octubre. Asimismo, se solicita que las personas aludidas en dicho escrito sean citadas a declarar a fin de poder solicitar la adopción de medidas cautelares. 5. Escrito de 12 de enero de 2012. A través de este escrito, la Junta denunciaba la concesión de ayudas indiciariamente ilícitas a Isidoro Ruz Espigares y a las empresas de Juan Antonio Trujillo Blanco (conductor del ex director general de Empleo Javier Guerrero) y subrayaba que era necesario proceder a la práctica de las diligencias solicitadas en su escrito de 28 de octubre de 2011, referido a las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte. 6. Escrito de 20 de enero de 2012. En este escrito la Junta de Andalucía solicita nuevamente la práctica de diligencias ya contenidas en su anterior escrito de 12 de enero de 2012 aludiendo expresamente a la necesidad de tomar declaración como imputados a las personas denunciadas a fin de adoptar las oportunas medidas cautelares. 7. Escrito de 28 de enero de 2013. La Junta de Andalucía denunció, por medio de este escrito, la indiciaria concesión ilícita de ayudas a varias entidades, entre ellas a Olivar de los Infantes SL y a Andalucine SL (entidad esta administrada también por Beatriz Pérez Martín), respecto de cuyos administradores el Ministerio Fiscal ha pedido también ahora la prescripción finalmente aceptada por la jueza. También se reiteraba en este escrito la solicitud de práctica de las diligencias solicitadas en el anterior escrito de 28 de octubre de 2011. 8. Escrito de 27 de marzo de 2013. A través de este escrito la Junta de Andalucía denunciaba la indiciaria concesión ilicita de ayudas a Producciones Barataria SL, Below Marco SA, Enoworld SL, Corchos Higuera SL y Serviciso y Mantenimientos de Cazalla SL. La prescripción ha beneficiado en este caso a Beatriz Pérez Martín, admmistradora de Producciones Barataria, y se habría producido el 7 de julio de 2014. 9. Escrito de 7 de octubre de 2013. En dicho escrito se reiteraba la solicitud de que se acordase la práctica de las diligencias que la Junta de Andalucía había pedido ya en sus escritos de 28 de octubre de 2011, 14 de noviembre de 2011, 23 de noviembre de 2011, 3 de enero de 2012, 12 de enero de 2012, 20 de enero de 2012, 28 de enero de 2012, 28 de enero de 2013 y 27 de marzo de 2013. En este escrito, además, se justificaba explícitamente la necesidad de proceder a realizar las imputaciones solicitadas por la Junta a fin de "evitar posibles prescripciones y, sobre todo, de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que podrían incurrir mediante la adopción de las oportunas medidas cautelares, y todo ello en virtud del evidente interés de ser resarcida que a esta Administración incumbe y en el claro peligro de que ello no sea así de demorarse la adopción de las medidas cautelares pertinentes." 10. Escrito de 14 de noviembre de 2013. En este escrito los letrados de la Junta reiteraban la solicitud (formulada por primera vez en la comparecencia convocada al efecto el día 10 de octubre de 2013) de que se procediese a imponer medidas cautelares de orden patrimonial a Manuel Enrique Rodríguez Contreras por su participación en la concesión de ayudas indiciariamente ilícitas a, entre otros, Producciones Barataria y Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de Belén (también beneficiarios ahora de la prescripción). 11. Escrito de 5 de diciembre de 2013. En este escrito, dirigido como todos los anteriores a Mercedes Alaya, la Junta de Andalucía solicitaba, ante la inminente citación para que declarase como imputado (aunque finalmente se suspendió la declaración en la fecha prevista) de Antonio Diéguez Viera, la incorporación a las actuaciones de un escrito que la propia Junta de Andalucía había presentado en el Juzgado con fecha de 23 de noviembre de 2011 pidiendo que dicha persona fuera citada a declarar como imputado. 12. Escrito de 28 de marzo de 2014. La Junta de Andalucía solicita a través de este escrito la incorporación a las actuaciones de los escritos ya presentados y no incorporados aún desde 2011, así como la práctica de todas las diligencias solicitadas por la Junta desde el 28 de octubre de 2011. En este escrito los letrados autonómicos advertían de modo expreso que "la frustración del legítimo derecho de esta Administración a verse resarcida podría provenir por el mero transcurso del tiempo, toda vez que importantes hechos presuntamente delictivos objeto de averiguación en la presente causa –singularmente la concesión de subvenciones extraordinarias y/o excepcionales en el ámbito territorial de la Sierra Norte de Sevilla–, fueron consumados en abril del año 2004". 13. Escrito de 25 de julio de 2014. En este escrito se reitera nuevamente la incorporación a las actuaciones de los escritos presentados por la Junta de Andalucía y la práctica de las diligencias interesadas en tales escritos.