No robaban joyas, ni coches, ni minerales nobles. Ni siquiera cobre. El botín era la arena de las dunas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz) instruye diligencias previas en relación a la posible venta de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros durante los años 2012 y 2013, lo que podría ser constitutivo de delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental. Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que, en el marco de este procedimiento, el juzgado ha hecho un requerimiento al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) para que facilite información sobre los contratos del Consistorio con empresas que habrían estado llevándose arena de la duna. Según las citadas fuentes, el Ayuntamiento tiene diez días para contestar, finalizando dicho plazo este mes de febrero. Cabe recordar que fue Verdemar-Ecologistas en Acción quien en julio de 2013 denunció "al Ayuntamiento de Tarifa y otros" ante la Fiscalía General del Estado por el posible hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón. La Fiscalía observó en su día indicios de un posible delito de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena. Según han indicado a Europa Press desde Verdemar-Ecologistas en Acción, el próximo día 12 de marzo celebran una asamblea general de socios en la que, entre otras cuestiones, votarán una propuesta sobre su personación en el procedimiento que se sigue por este asunto el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. REACCIONES INICIALES Como se recordará, cuando salieron a la luz pública estos hechos, el Gobierno de Gibraltar emitió un comunicado asegurando que había adoptado todas las medidas posibles para asegurarse de que la arena suministrada a la colonia "se extrajera legalmente", por lo que indicaba que cualquier sugerencia de ilegalidad debía dirigirse a las autoridades pertinentes en España, "en concreto Tarifa". Al respecto, detallaba que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, el Gobierno del Peñón firmó un contrato con una empresa gibraltareña para el suministro y colocación de 10.000 toneladas de arena en la playa. Dicha empresa debía suministrar la arena de la zona de Valdevaqueros, pero de la que volaba y cubría las carreteras adyacentes, no de la playa. En este sentido, aseveraba que la compañía gibraltareña "presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa a su proveedor local para la extracción de esta arena". 2.950 TONELADAS No obstante, debido a las "numerosas dificultades puestas por las autoridades españolas" a su proveedor local, el suministro se interrumpió a principios de junio de ese año, ascendiendo la cantidad entregada hasta entonces a 2.950 toneladas. En consecuencia, según afirmó el Peñón, la empresa gibraltareña habría contratado a un proveedor diferente, concretamente a una compañía española de construcción civil, para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena situada en la provincia gaditana. Por su parte, tras conocer de la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado en 2013, el Ayuntamiento de Tarifa --entonces gobernado por el PP-- aseguró que se había aportado "toda la documentación y todo el conocimiento de causa" del que disponían con "claro ánimo de transparencia y lealtad institucional". HISTORIA DE UNA DENUNCIA Verdemar-Ecologistas en Acción informaba a finales de junio de 2013 de que iba a interponer una denuncia, en primera instancia ante la Guardia Civil, dando cuenta de la posible "comercialización ilegal" de arena de la duna de Valdevaqueros con Gibraltar. Según los ecologistas, desde el día 26 estaban cruzando la verja del orden de 40 camiones de arena diarios cuyo destino final estaban investigando. En principio, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, conjeturaba que se trataba de arena que, a causa de un reciente temporal de levante, invadía la carretera que conecta con el núcleo de Paloma Baja, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Cuadrillas de emergencia trabajaban entonces para desbloquear la carretera y evitar que la población quede aislada, pero Verdemar indicaba que la única manera de que pudiera salir legalmente arena de ahí era cuando terminara el periodo de información pública del proyecto de retirada de 55.000 metros cúbicos de arena de la duna móvil. En su día, recordaba Muñoz, " solicitamos una revisión de la retirada de arena de la duna", en principio su destino eran las playas de Rinconcillo y Getares, ambas en Algeciras, para compensar la pérdida que sufren durante el invierno debido a los temporales de viento. A lo que parece, en realidad la arena se habría estado comercializando ilegalmente. INTERVIENE LA FISCALIA GENERAL En noviembre de 2013, la Fiscalía General del Estado trasladaba a la Fiscalía Provincial de Cádiz la información recabada a raíz de la denuncia presentada el 17 de julio por Verdemar-Ecologistas en Acción. El fiscal exponía en el escrito que, una vez analizada la denuncia, se ordenó a la Guardia Civil la elaboración de un informe al respecto, no desprendiéndose de las averiguaciones practicadas indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, ya que dicha extracción de arena, “atendiendo a su volumen y al lugar en el que se ha producido, no causa un riesgo grave al equilibrio de los sistemas naturales, tal como exige el delito del artículo 325 del Código Penal”. No obstante, daba traslado a la Fiscalía Provincial de Cádiz por cuanto “parece preciso profundizar en la investigación”. Verdemar-Ecologistas en Acción había argumentado al presentar la denuncia inicial que “vender arena de la duna de Valdevaqueros ilícitamente y pasarla por la frontera de Gibraltar con una posible documentación de trazabilidad falsa es para que el Gobierno abra una investigación” que abarque “desde el Ayuntamiento de Tarifa hasta la frontera de Gibraltar”.