El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía ha querido aclarar determinadas informaciones sobre el futuro de su sede en Baeza y para ello ha celebrado una sesión extraordinaria: En dicha reunión ese han abordado as noticias difundidas en prensa que dan cuenta de la adopción de una declaración institucional aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Baeza del pasado día 29 de septiembre en el que el Consistorio manifestaba su "grave preocupación" por "el supuesto proyecto de una 'nueva y única UNIA' anunciado por el rector, Eugenio Domínguez. Antes estas informaciones el Consejo de Gobierno ha acordado lo siguiente:

1.- La UNIA no ha recibido comunicación oficial del contenido del citado acuerdo, aunque, no obstante, ante la alarma infundada que dichas informaciones pudieran provocar en la comunidad universitaria, en las instituciones y en la ciudadanía en general, ha considerado oportuno adoptar el presente acuerdo para su difusión pública.

2.- Manifiesta su respeto a cuantos acuerdos pueda adoptar el pleno del Ayuntamiento de Baeza en el ámbito de su competencia, aunque discrepa, dentro del respeto institucional que tiene que presidir la relación entre instituciones, de la declaración institucional adoptada por su pleno ya que supone una injerencia en los asuntos internos de la gestión que legalmente tiene reconocida la UNIA tanto en el Texto refundido de la Ley de creación de la UNIA (Decreto Legislativo 2/2013 de 8 de enero) como en sus Estatutos aprobados por Decreto 236/2011 de 12 de julio. En concreto, en el artículo 2 de la citada Ley de creación se afirma que “la universidad gozará de autonomía en el ejercicio de sus competencias”.

3.- Acerca de una pretendida autonomía de las sedes, el Consejo de Gobierno se remite a lo establecido en el artículo 4 de la citada ley, que recoge la existencia de cuatro sedes permanentes “a) la sede del Rectorado en la ciudad de Sevilla, b) la sede Antonio Machado, en la ciudad de Baeza, Jaén, c) la sede de Santa María de la Rábida, en la ciudad de Palos de la Frontera, Huelva, d) la sede del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga”. En ninguna norma se habla del carácter autónomo de las sedes. En el artículo 2.1 de la precitada norma se afirma que la UNIA, como ente único, goza de “personalidad jurídica y patrimonio propio, y de plena capacidad para la realización de todos aquellos actos de gestión y disposición necesario para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes”.

4.- Dentro de este ámbito competencial reconocido, el Consejo de Gobierno de la UNIA puede adoptar las medidas que considere oportunas para dar cumplimiento a lo preceptuado en dicha norma. Sin olvidar las competencias que se establecen para el Patronato de la Universidad recogidas en el Título I de la Ley de creación, al que se dará oportuna cuenta de cuantas medidas deban ser informadas o al que se someterá la adopción de todas aquellas que requieran ser aprobadas con anterioridad por dicho Patronato.

5.- En el artículo 16 de la Ley de creación, entre las competencias del Rector se establece la de “nombrar los cargos académicos y administrativos”, así como “contratar, adscribir y nombrar al personal de administración y servicios”. En dicho ámbito competencial el Rector de la UNIA ha ejercido la competencia en materia de ceses y nombramientos de acuerdo con la legitimación que tiene reconocida legalmente y que es práctica normal en todas las Universidades del sistema universitario andaluz y español. En cumplimiento de las competencias fijadas para el Patronato, dará cuenta al mismo de dichos ceses y nombramientos, tal y como se contempla en el Título I de la Ley ya citada en este documento.

6.- Los cargos de libre designación o disposición, establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la UNIA, lo son de confianza y su nombramiento y cese corresponde al Rector y en este sentido se ha procedido. En algún caso, puestos de libre designación estaban ocupados por la misma persona durante más de veinte años, hecho éste absolutamente inusual en todo el conjunto del sistema universitario español, al tratarse de cargos de libre disposición y sujetos por tanto a la confianza de la autoridad que los nombra.

7.- Este Consejo de Gobierno considera que el personal de toda la Universidad en sus diferentes sedes, ha hecho posible el desarrollo y progreso de la UNIA, siendo el mayor activo de esta institución y cumpliendo la obligación para la que en su día fueron nombrados. Afirmando además con ese compromiso, que ni los cargos son patrimonio de las personas ni la UNIA es patrimonio más que de los ciudadanos que contribuyen a su financiación.

8.- En ningún caso estas decisiones obedecen a una política de “centralización” o de “recentralización”, como se ha llegado a afirmar, sino a una política de coordinación interna del funcionamiento de las sedes, dirigida a cumplir con la mayor eficacia y eficiencia la Ley de Creación, los Estatutos y cuantas normas jurídicas son de aplicación a esta Universidad. De cualquier modo, la existencia de sus sedes y la mayor proyección y desarrollo de las mismas y de los entornos socio-económicos en los que se hallan insertas son objetivos prioritarios de este Consejo de Gobierno.

9.- El Consejo de Gobierno quiere trasladar a toda la comunidad universitaria, estudiantes, personal de administración y servicios, instituciones y ciudadanía en general, que trabajamos para hacer de la UNIA una Universidad comprometida con el tejido productivo, la sociedad y las instituciones de todas nuestras sedes, así como en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el resto del Estado y en su proyección internacional, base fundamental de la misma, que aspira a superar la realidad local para conectarla con un mundo global que es la razón de ser de una Universidad que lleva en su nombre el carácter de “internacional”.

10.- El Consejo de Gobierno se compromete igualmente a continuar desarrollando su política de transparencia en toda la actividad de la UNIA: concursos, procesos administrativos y contratos de servicios y suministros. Siempre con los criterios de eficiencia y competencia y en el marco de la normativa legal vigente, tanto de ámbito estatal como autonómica y europea.